La urgencia de regular la mano de obra extranjera
Por Manuel Jiménez V
En los últimos años, la República Dominicana ha sido testigo de un aumento considerable de la migración haitiana, generando preocupación en amplios sectores nacionales.
La falta de regulación clara en el uso de mano de obra extranjera ha afectado sectores clave de la economía como la construcción, la industria azucarera y la agricultura, lo que exige una intervención inmediata y decidida por parte del gobierno para evitar que el país siga siendo impactado por una migración desbordada.
La situación es más que evidente. La Asociación Dominicana de Productores de Banano ha puesto nuevamente sobre la mesa una realidad que lleva años afectando el uso de mano de obra haitiana en labores agrícolas, azucarera y de construcción.
Esta asociación, que agrupa a productores y exportadores de banano en la línea noroeste, una región fronteriza con Haití, ha señalado la necesidad urgente de legalizar a unos 14 mil trabajadores haitianos que laboran en sus fincas.
Esta realidad no es aislada, sino que refleja un problema nacional que, si bien en el pasado estaba limitado a sectores como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, hoy permea áreas que históricamente eran ocupadas por dominicanos, como el comercio, el turismo y el transporte.
El hecho es que nos enfrentamos a una crisis migratoria sin precedentes, impulsada por la vulnerabilidad de nuestras fronteras y la ausencia de una regulación efectiva. Si bien es cierto que el país requiere mano de obra extranjera para sostener sectores vitales de la economía, es imperativo que esa fuerza laboral sea debidamente documentada y controlada.
La construcción, la agricultura y la industria azucarera dependen en gran medida de los trabajadores haitianos, es un hecho real que no podemos ocultar, pero permitir que estas industrias operen sin supervisión ni control solo agrava la situación.
Una solución viable debe partir del reconocimiento de que necesitamos determinar cuántos trabajadores extranjeros son necesarios para cubrir las demandas de estos sectores, y luego implementar un proceso adecuado de documentación que garantice que no se esté contratando mano de obra indocumentada.
Esto requiere la coordinación estrecha entre el gobierno y los representantes de los sectores involucrados, evitando que los empresarios actúen por su cuenta y continúen contratando trabajadores sin ningún tipo de supervisión migratoria.
Es aquí donde debemos aprender de la experiencia de otros países de la región que han implementado mecanismos exitosos de regulación de la mano de obra extranjera.
Chile, por ejemplo, ha desarrollado un sistema eficaz para la regularización de trabajadores extranjeros en sectores agrícolas y de construcción. Argentina, con su Programa Patria Grande, ha logrado documentar a miles de migrantes, integrándolos en su economía de manera formal. Costa Rica y México también han implementado programas para regularizar la situación de trabajadores migrantes en sectores clave, garantizando un equilibrio entre la oferta laboral y la seguridad migratoria.
Sin embargo, en nuestro país, el proceso de documentación de trabajadores extranjeros no debe ser una excusa para diluir otras medidas esenciales, como el operativo de repatriación anunciado por el gobierno, que proyecta deportar a unos 10 mil indocumentados semanalmente.
Aunque existen dudas sobre si la Dirección General de Migración cuenta con los recursos y la logística necesarios para llevar a cabo un operativo de tal magnitud, lo cierto es que es saludable que el gobierno haya empezado a escuchar los reclamos de distintos sectores nacionales preocupados por el desborde migratorio.
Además, la implementación efectiva de la Ley 80-20, que establece un porcentaje máximo de extranjeros en la fuerza laboral, debe ser una prioridad en áreas donde el trabajo debería ser ocupado por dominicanos, especialmente en zonas turísticas como Punta Cana, donde el flujo migratorio haitiano ha crecido de manera alarmante.
No se trata solo de deportar indocumentados, sino de establecer un control migratorio eficaz que determine cuántos trabajadores extranjeros necesitamos, y bajo qué condiciones.
Este proceso de regulación debe ir acompañado de un refuerzo en la vigilancia fronteriza para evitar que los migrantes deportados reingresen al territorio nacional sin control. Es un equilibrio delicado, pero necesario, que debe ser gestionado con seriedad para garantizar la estabilidad económica y social de nuestro país.
