Luis Henry Molina revela destitución de unos diez jueces por faltas graves durante su gestión
Santo Domingo, 10 sept.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, informó que cerca de diez jueces fueron destituidos y separados del sistema judicial durante su gestión, luego de comprobarse que incurrieron en faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Al abordar el régimen disciplinario de la carrera judicial, Molina sostuvo que los procesos sancionadores deben desarrollarse con estricto respeto a los derechos fundamentales de los magistrados investigados, sin que las indagatorias se conviertan en instrumentos de persecución política o “linchamiento público”.
El magistrado explicó que durante su administración se eliminó la práctica de suspender sin disfrute de sueldo a los jueces sometidos a investigaciones disciplinarias.
Calificó esa decisión como parte de las reformas implementadas para garantizar el debido proceso dentro del Poder Judicial y evitar que una medida provisional se convierta en una sanción anticipada antes de concluir las investigaciones.
Asimismo, Molina señaló que se prohibió la interceptación de las llamadas telefónicas de los magistrados cuando las investigaciones abiertas en su contra sean exclusivamente de naturaleza disciplinaria.
Consideró que emplear ese mecanismo en un procedimiento administrativo constituye una vulneración injustificada del derecho a la privacidad.
El presidente de la SCJ precisó que, cuando una investigación disciplinaria revela indicios de responsabilidad penal, el expediente correspondiente es remitido al Ministerio Público, en cumplimiento del principio de separación de funciones entre los diferentes órganos del sistema de justicia.
Durante un encuentro con periodistas que cubren la fuente judicial, Molina recordó que corresponde exclusivamente al órgano persecutor determinar si las evidencias reunidas son suficientes para formular una acusación formal y presentarla ante los tribunales.
Pese a las destituciones registradas, aseguró que los comportamientos inadecuados o susceptibles de sanciones representan menos del 1 % del total de integrantes de la judicatura dominicana.
En ese sentido, destacó la entrega, responsabilidad y mística de trabajo que, según afirmó, caracterizan a la mayoría de los jueces y servidores judiciales del país.
Como evidencia de los avances alcanzados fuera de la capital, Molina mencionó los progresos experimentados en los departamentos judiciales de Barahona, La Vega, Montecristi y San Juan.
Plantea aumentar las soluciones alternativas
El presidente de la Suprema Corte identificó la consolidación de las salidas alternativas y los acuerdos entre las partes como uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia dominicano.
Advirtió que la cultura de llevar prácticamente todos los conflictos hasta un juicio de fondo mantiene congestionados los tribunales y contribuye al uso excesivo de la prisión preventiva.
Explicó que la falta de utilización efectiva de los mecanismos alternativos crea un círculo vicioso que incrementa la carga de trabajo de los tribunales y prolonga innecesariamente los procesos judiciales.
Molina planteó que el sistema penal dominicano debe aspirar a resolver entre el 90 % y el 95 % de los casos mediante acuerdos y otros mecanismos alternativos, reservando el juicio oral para aquellos procesos que realmente requieran agotar esa etapa.
Consideró indispensable que los jueces, el Ministerio Público y la Defensa Pública asuman los acuerdos como una de las vías principales para solucionar los conflictos sometidos al sistema.
A su juicio, la aplicación efectiva de esos mecanismos permitiría reducir de manera significativa el hacinamiento cautelar en los centros penitenciarios y contribuiría a que la prisión preventiva se utilice como una medida verdaderamente excepcional.
Cuestiona trámites judiciales innecesarios
Molina también cuestionó la celebración de audiencias iniciales destinadas únicamente a solicitar la comunicación de documentos que podrían ser depositados desde el comienzo del proceso.
Indicó que ese tipo de prácticas consume tiempo y recursos que podrían utilizarse para agilizar el conocimiento de los expedientes y reducir la congestión de los tribunales.
El magistrado mencionó como ejemplo la jurisdicción contencioso-administrativa, donde algunos litigios de naturaleza esencialmente documental pueden resolverse mediante el análisis de expedientes escritos.
En esos casos, consideró innecesario reproducir un esquema completo de juicio oral cuando la naturaleza de la controversia permite adoptar una decisión sustentada en los documentos aportados por las partes.