Maduro y Cilia Flores piden anular cargos en Nueva York alegando inmunidad soberana
NUEVA YORK, 3 sept.– Los abogados del depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, solicitaron a un juez federal de Nueva York que desestime los cargos de narcotráfico presentados en su contra, bajo el argumento de que ambos se encuentran protegidos por la inmunidad soberana.
Contrario a versiones que describieron el procedimiento como una nueva comparecencia presencial, Maduro y Flores no fueron trasladados esta semana ante el tribunal. Las solicitudes fueron depositadas electrónicamente el miércoles 2 de septiembre ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, según los registros judiciales consultados por las agencias EFE y The Associated Press.
El juez Alvin K. Hellerstein todavía no ha decidido si acepta o rechaza las peticiones. El magistrado fijó para el próximo 17 de noviembre la audiencia de argumentos orales y concedió a la Fiscalía federal hasta el 2 de octubre para responder a los planteamientos de la defensa.
Defensa presenta dos mociones
Barry Pollack, abogado de Maduro, presentó dos solicitudes diferentes. La primera procura la desestimación completa de la acusación con el argumento de que el tribunal estadounidense carece de jurisdicción para procesarlo.
Pollack sostiene que Maduro era el jefe de Estado de facto de Venezuela cuando fue capturado y que el derecho internacional concede inmunidad absoluta a los mandatarios en ejercicio frente a procesos penales promovidos por tribunales extranjeros.
La defensa también invoca la denominada inmunidad por conducta oficial. De acuerdo con sus argumentos, los hechos atribuidos a Maduro por la Fiscalía estarían relacionados con decisiones y facultades ejercidas desde la Presidencia venezolana y, por tanto, no podrían ser juzgados por una corte de Estados Unidos.
Los abogados solicitaron que el expediente sea desestimado “con perjuicio”, una decisión que impediría volver a presentar la misma acusación penal.
La segunda moción plantea una salida alternativa: si el juez rechaza la inmunidad soberana, la defensa pide eliminar específicamente el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo.
Pollack sostiene que ese cargo no está formulado adecuadamente bajo la legislación estadounidense porque pretende procesar a un ciudadano extranjero por supuestas acciones realizadas fuera de Estados Unidos.
También argumenta que la acusación no demuestra suficientemente que Maduro tuviera la intención de perjudicar a Estados Unidos, a sus ciudadanos o a sus intereses, elemento que considera necesario para establecer la jurisdicción del tribunal.
Cilia Flores también reclama inmunidad
Los abogados de Cilia Flores presentaron una petición separada para que los cargos en su contra sean anulados. Alegaron que procesarla constituye una violación de la soberanía venezolana y que su condición institucional también le concede protección frente a los tribunales estadounidenses.
Maduro y Flores rechazaron las acusaciones desde su primera comparecencia, celebrada el 5 de enero. Ambos se declararon no culpables y sostienen que podrían demostrar su inocencia si el proceso llega a juicio.
La Fiscalía acusa a Maduro de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a Estados Unidos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos relacionados con el supuesto plan.
El caso deriva de una investigación iniciada varios años antes de su captura. Los fiscales sostienen que Maduro y otros funcionarios venezolanos utilizaron instituciones gubernamentales y conexiones con organismos de seguridad para facilitar el transporte de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
De ser declarados culpables de los cargos más graves, Maduro y Flores podrían enfrentar condenas de cadena perpetua.
Estados Unidos no reconocía a Maduro desde 2019
La reclamación de inmunidad enfrenta un obstáculo importante: Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, después de cuestionar las elecciones celebradas en 2018. Estados Unidos también calificó de fraudulento el proceso electoral de 2024.
La defensa responde que la falta de reconocimiento diplomático no modifica el hecho de que Maduro ejercía efectivamente como jefe del Estado venezolano cuando fue capturado.
Pollack considera además contradictorio que Washington no reconozca la legitimidad de Maduro, pero mantenga relaciones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien llegó a la Vicepresidencia por designación del propio dirigente detenido.
El abogado citó declaraciones realizadas inicialmente por Rodríguez y otros funcionarios venezolanos en las que continuaban reconociendo a Maduro como presidente. Sin embargo, el gobierno interino ha evitado pronunciarse recientemente sobre esa condición mientras profundiza la cooperación con la administración de Donald Trump.
Los tribunales estadounidenses suelen tomar en consideración la posición del Poder Ejecutivo al decidir quién es reconocido como gobernante legítimo de otro país, lo que podría debilitar los argumentos de Maduro.
El antecedente de Manuel Noriega
El caso guarda similitudes con el del exgobernante panameño Manuel Antonio Noriega, capturado durante la invasión estadounidense de Panamá en 1989 y posteriormente procesado por narcotráfico.
En 1990, un tribunal federal rechazó el argumento de inmunidad presentado por Noriega, en parte porque nunca fue reconocido oficialmente con el título de presidente de Panamá.
La defensa de Maduro intenta establecer una diferencia: aunque Estados Unidos cuestionaba su legitimidad electoral, no niega que ejerciera en la práctica como jefe del Estado venezolano.
Maduro y Flores permanecen detenidos sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que fueron capturados el 3 de enero durante una operación militar estadounidense realizada en Caracas.
Maduro ha calificado el procedimiento como un secuestro, se ha definido como prisionero de guerra y ha cuestionado la legalidad de su traslado a Estados Unidos. La administración Trump, por el contrario, sostiene que se trató de una operación legítima para ejecutar una orden de arresto.
El juicio está programado provisionalmente para comenzar el 1 de junio de 2027. Esa fecha se mantendrá si Hellerstein rechaza las mociones de la defensa. Por el momento, el juez solamente estableció el calendario para recibir la respuesta de la Fiscalía y escuchar los argumentos; no ha reconocido la inmunidad de Maduro ni ha desestimado ninguno de los cargos.