Manuel María Mercedes valora cambio de postura del presidente y ofrece más de 50 abogados para facilitar entrega de ciudadanos requeridos por la justicia
Santo Domingo, 29 sept.— El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, valoró lo que consideró un cambio de postura del presidente de la República frente a la persecución de la delincuencia y anunció que la entidad dispone de un equipo de más de 50 abogados para asistir a ciudadanos en conflicto con la ley que deseen presentarse ante las autoridades.
Al responder a las declaraciones del mandatario, Mercedes expresó su respaldo a las acciones dirigidas a perseguir a quienes infringen la ley, pero insistió en que esas actuaciones deben desarrollarse con respeto a la Constitución, al debido proceso y a las garantías que corresponden a toda persona.
“Estamos de acuerdo y felicitamos por el cambio de conducta del presidente”, manifestó el dirigente, quien sostuvo que el pronunciamiento más reciente del gobernante difiere del mensaje que, según afirmó, había expresado mientras se encontraba fuera del país, en las Naciones Unidas.
Mercedes atribuyó esa variación a las reacciones de los defensores de derechos humanos. A su juicio, los cuestionamientos formulados por ese sector contribuyeron a que el presidente modificara el tono de sus declaraciones sobre la respuesta del Estado frente a la delincuencia.
En ese sentido, señaló que comparte el llamado a que las personas requeridas por la justicia se presenten ante las autoridades y aseguró que la comisión está dispuesta a participar en ese proceso mediante el acompañamiento legal.
“La comisión se oferta para que todos los ciudadanos que estén en conflicto con la ley y quieran presentarse a las autoridades; tenemos un equipo de más de 50 abogados”, expresó Mercedes al poner a disposición los servicios de la organización.
El representante de derechos humanos explicó que su respaldo a la persecución de la delincuencia está vinculado al cumplimiento de los procedimientos legales. Reiteró que las autoridades tienen la responsabilidad de actuar frente a las infracciones, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.
“Nosotros, como derechos humanos, lo que estamos demandando es que nadie está por encima de la Constitución, que hay que cumplir con el debido proceso de ley”, subrayó.
Mercedes recordó que los códigos, así como los pactos y convenios internacionales, establecen las normas y garantías que deben observarse en las actuaciones de las autoridades. En sus declaraciones, insistió en que esos instrumentos deben orientar la respuesta institucional frente a las personas señaladas por la comisión de delitos.
También reafirmó que la organización mantendrá su defensa de las garantías constitucionales, independientemente de las dificultades que esa posición pueda generar.
“Cueste lo que nos cueste, vamos a defender el debido proceso de ley, vamos a defender la Constitución”, afirmó el dirigente, al reiterar el compromiso de la comisión con la vigilancia del respeto a los derechos fundamentales.
Mercedes concluyó que corresponde al Estado dominicano garantizar esos derechos y cumplir las obligaciones que le impone la Constitución, incluso cuando sus organismos intervienen para perseguir la delincuencia y poner a disposición de la justicia a quienes se encuentren en conflicto con la ley.