Más auditoría social
Acudimos al conocimiento de imputaciones por estafas al erario como nunca antes se habían hecho, aparentemente bien sustentadas por el ministerio Público.
Tienen los presupuestos acusatorios de los representantes de la sociedad la agravante de que en las asociaciones para hurtar los bienes públicos, además del robo se incurre en el delito de nepotismo, cruzándose influencias políticas y de poder en acciones para beneficiar a familiares, en detrimento de terceros y de la sociedad.
Son graves los ilícitos en que se involucra a destacadas personalidades, a funcionarios. Tanto, que lesionan, dañan, estructuras del estado que deben ser sometidas a profilaxis y rehabilitación.
La dimensión de los cuantiosos recursos robados no es poca cosa. Tantos son que la distinguida comunicadora Inés Aizpún, directora de Diario Libre, se preguntaba ayer si en un país donde se presume se desfalca tal cantidad de dinero se puede andar gestionando financiamiento en los mercados internacionales.
Para promover el trabajo, impulsar servicios de calidad o simplemente fortalecer instituciones.
No pocos nos preguntábamos hace algún tiempo por qué se puso tan de moda tomarse a chercha, vaya, banalizar todo tipo de tópicos delictivos, incluso muchos de relevante interés nacional.
Como parte de ese estilo de minimizarlo todo, no era raro escuchar la frase na’ e’ n a’, dando a entender que todo asunto -por más relevante que resultara parecer- terminaría escurriéndose por las cunetas de la ciudad, diluyéndose en el tiempo como otras tantas leyendas urbanas.
Era como si estuvieran urdiéndose, montándose, eventos de muy grueso calibre que al ser puestos a la luz pública reaccionáramos sin darle su verdadera importancia, su peso específico, obviando las implicaciones económicas, sociales e institucionales que tuvieran.
Hoy se requiere que la sociedad muestre el carácter necesario para ejercer una efectiva auditoría ciudadana, impulsando así la vigencia del estado de derecho que necesitamos para la democracia plena.
La envergadura e implicaciones de lo envuelto, requiere la atención y el seguimiento ciudadanos, pues aquí nos jugamos también la indispensable independencia judicial y su piedra angular, que es el debido proceso.
Tal es la espesura de la indiferencia ciudadana de muchos que el partido patrocinador de tanto entuerto osa alegar retaliación política frente a tanto dolo exhibido, en vez de hacer la diligencia de encuerar expedientes, desmontar imputaciones, evidenciar la insostenibilidad de fardos huérfanos de contundencia.
