Más de 70 juristas proponen incorporar las tres causales del aborto en las modificaciones al Código Penal
Santo Domingo, 15 julio.– Más de 70 juristas, profesores universitarios, investigadores, litigantes y especialistas en derecho constitucional y penal solicitaron este miércoles a la comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia las modificaciones al Código Penal incorporar las denominadas tres causales del aborto en la legislación, al considerar que la redacción actual de los artículos 110 y 111 de la Ley 74-25 presenta deficiencias constitucionales y de técnica legislativa.
La petición fue presentada mediante una comunicación dirigida al diputado Wandy Batista, presidente de la Comisión Bicameral encargada de analizar las observaciones al Código Penal, en la que los firmantes sostienen que el texto vigente requiere modificaciones para garantizar la protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana y los tratados internacionales suscritos por el país.
Los especialistas afirman que el artículo 111 del Código Penal no contempla situaciones excepcionales en las que la continuación obligatoria de un embarazo compromete gravemente derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, como el derecho a la vida, la salud, la integridad física y psicológica, la dignidad, la igualdad y la autonomía personal.
En ese sentido, proponen sustituir la redacción vigente para establecer expresamente que la interrupción del embarazo no genere responsabilidad penal cuando concurran tres circunstancias específicas: cuando la vida o la salud de la mujer, adolescente o niña esté en peligro; cuando el feto presente una condición incompatible con la vida fuera del útero; o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual, agresión sexual o incesto.
Los juristas sostienen que estas excepciones permitirían armonizar la legislación penal con los principios constitucionales y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Objeciones al artículo 110
La propuesta también plantea modificar el artículo 110 del Código Penal, al considerar que su redacción contiene una contradicción normativa al remitir a una eximente cuya formulación, según los firmantes, resulta insuficiente desde la perspectiva constitucional.
A juicio de los especialistas, esa disposición genera incertidumbre jurídica y afecta principios esenciales del derecho penal, entre ellos la legalidad, la taxatividad y la seguridad jurídica.
Por esa razón, sugieren eliminar la expresión "fuera de la eximente del artículo 111", con el objetivo de que el delito de aborto forzado no admita excepciones y quede claramente tipificado en la legislación.
Invocan la Constitución y el derecho comparado
En el documento, los firmantes argumentan que el artículo 37 de la Constitución, que protege el derecho a la vida desde la concepción, debe interpretarse de manera sistemática junto con el resto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.
Sostienen que ninguna disposición constitucional establece una protección absoluta de la vida prenatal que impida al legislador reconocer excepciones en circunstancias extremas, cuando entren en conflicto otros derechos fundamentales igualmente protegidos por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, destacan que de los 21 países cuyas constituciones reconocen algún nivel de protección de la vida prenatal, la mayoría contempla excepciones legales cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, existe inviabilidad fetal o el embarazo es consecuencia de una violación o de un caso de incesto.
Según los juristas, este análisis comparado demuestra que el reconocimiento de estas excepciones es compatible con la protección constitucional de la vida y responde a criterios ampliamente aceptados en otros sistemas jurídicos.
Buscan armonizar derechos fundamentales
Los firmantes sostienen que las modificaciones propuestas no constituyen una excepción al orden constitucional ni una desprotección de la vida prenatal, sino un mecanismo para armonizar ese bien jurídico con los demás derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República Dominicana.
La iniciativa fue presentada por la jurista Patricia Santana Nina y cuenta, entre otras firmas, con las de la exjueza del Tribunal Constitucional Ana Isabel Bonilla Hernández; los especialistas Cristóbal Rodríguez Gómez, Angélica Noboa Payán, Thiago Marrero Peralta, Carlos Morel, Dilia Leticia Jorge Mera, Paola Pelletier Quiñones, Michelle Pérez Fuentes Hiciano, Emilio Zucco, Katia Ríos Goico, Alberto Fiallo-Billini Scalon y Laura Hernández Fondeur, además de decenas de académicos y profesionales del derecho.
La propuesta fue remitida a la Comisión Bicameral en momentos en que el Congreso Nacional analiza las observaciones formuladas al nuevo Código Penal, una discusión que ha reavivado el debate sobre la inclusión o exclusión de las tres causales del aborto dentro de la legislación penal dominicana.