Mi hijo murió a manos de ICE. Exijo que haya rendición de cuentas
Por Rachel Reyes
Rachel Reyes es la madre de Ruben Ray Martínez, quien murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en marzo de 2025.
Esta primavera vi la audiencia de confirmación de Markwayne Mullin para convertirse en secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Probablemente fue la primera audiencia de confirmación que vi en mi vida. Nunca he sido una persona política.
La vi porque las palabras de Mullin eran de interés personal para mí. En 2025, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a mi hijo, Ruben Ray Martinez, en Texas. Tenía 23 años, era un joven tranquilo, divertido y de trato amable, y era un ciudadano estadounidense desarmado.
Le dispararon casi un año antes de que agentes federales mataran a otros dos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, en Minnesota, y obviamente mucho antes de los recientes tiroteos contra Lorenzo Salgado Araujo en Houston y Johan Guerrero en Maine. Sin embargo, muchas menos personas conocen el nombre de Ruben.
El Departamento de Seguridad Nacional, entonces bajo el mando de la secretaria Kristi Noem, nos ocultó a mí y al público los detalles completos del tiroteo.
No se hizo público que fue un agente del ICE quien le disparó a mi hijo hasta que los funcionarios federales se vieron obligados a revelar esa información debido a una demanda judicial no relacionada con el caso.
Quería ver pruebas en su audiencia de que el mandato de Mullin traería un enfoque más respetuoso, serio y transparente a la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos, después de que el periodo anterior dañara tanto la confianza pública en esos esfuerzos.
Me sentí decepcionada entonces, y sigo estando decepcionada. A más de tres meses del inicio del mandato de Mullin, no existe señal alguna de que la muerte de Ruben haya repercutido de manera significativa en el Departamento de Seguridad Nacional o de que se la haya abordado como un caso clave para evaluar la responsabilidad del organismo. Mullin no ha reconocido públicamente la muerte de mi hijo, y mucho menos ha explicado qué, si acaso, aprendió el departamento de esta tragedia.
Imagen de Una foto muestra a una mujer con una blusa color crema sentada en una cama, tocando la colcha.
Rachel Reyes hizo un edredón con las camisas y camisetas deportivas favoritas de Ruben.Credit...Harmon Li para The New York Times
Deberíamos esperar transparencia y rendición de cuentas de cualquier gobierno, especialmente de uno que ha afirmado que la transparencia es su principio rector.
Como la mayoría de los estadounidenses, creo que las leyes de inmigración deben cumplirse. Pero no se nos debería pedir que elijamos entre hacer cumplir la ley y la transparencia cuando agentes federales matan a alguien. El público merece hechos confiables. Las familias merecen respuestas honestas. Y el gobierno no debería tener que ser presionado para darlas.
Esto es lo que sé sobre lo que le pasó a mi hijo: Ruben y su mejor amigo, Joshua Orta, condujeron hasta South Padre Island para celebrar el cumpleaños de Ruben. Era el primer viaje de Ruben fuera de San Antonio. Todavía vivía en casa mientras ahorraba dinero de su trabajo en un almacén de distribución de Amazon. Éramos una familia muy unida.
Ese fin de semana, Ruben y Josh no me dijeron adónde iban, probablemente porque Ruben conocía la reputación fiestera de la isla y no quería que yo me preocupara. Eso era propio de él: era considerado, evitaba los conflictos y le incomodaba ser el centro de atención.
En la que sería su última noche, Ruben conducía su auto, con Josh en el asiento del copiloto, cuando se acercó al lugar de un accidente de tránsito en una intersección concurrida. Por razones que aún no están claras, agentes del ICE estaban presentes y actuaban junto con oficiales locales.
Las pruebas en video, que se hicieron públicas casi un año después de la muerte de Ruben, coinciden con lo que Josh me contó a mí y a otros: intentaba cumplir con instrucciones contradictorias que le daban los agentes del orden. Conducía despacio y frenaba repetidamente, y no representaba una amenaza para los oficiales. Cuando lo sacaron del vehículo, el automóvil seguía con el freno de mano. Un agente de ICE, Jack Stevens, le disparó a quemarropa varias veces por la ventana abierta del lado del conductor. Un informe toxicológico señaló la presencia de alcohol en el organismo de Ruben, lo cual, obviamente, no justifica su muerte.
Josh dijo que las últimas palabras de Ruben fueron “Lo siento”.
Los Rangers de Texas investigaron el tiroteo, y en febrero un gran jurado decidió no acusar a Stevens. No sabemos qué pruebas vio o no vio el jurado, cuyas deliberaciones estuvieron cerradas al público. Un portavoz del ICE declaró al Times que Ruben golpeó a un agente con su auto y que Stevens “disparó en defensa propia” para protegerse a él y a sus compañeros. El portavoz dijo que el tiroteo ha sido “investigado desde todos los ángulos posibles por un organismo independiente, que exoneró a nuestro oficial”.
Lo que le pasó a Ruben merece una respuesta más transparente. El Departamento de Seguridad Nacional debería abordar las pruebas en video que ponen en duda su versión pública de los hechos, e implementar salvaguardias para reducir el riesgo de otra muerte evitable.
Estas son expectativas básicas para cualquier agencia que envíe oficiales armados a espacios públicos. El ICE debería tener reglas más estrictas sobre el uso de cámaras corporales y límites estrictos sobre cuándo sus agentes pueden involucrarse en asuntos de aplicación de la ley a nivel local. Debería hacer cumplir de manera más rigurosa sus normas sobre el uso de la fuerza. Cuando un agente federal dispara y mata a alguien, debería haber un informe público de lo ocurrido y el retiro temporal del servicio de campo del agente involucrado mientras se examinan los hechos. Esas salvaguardias no son contrarias a la aplicación de la ley. Protegen al público, a los oficiales responsables y la credibilidad de la propia agencia.
Ningún estadounidense que haya vivido una tragedia como la mía debería tener que luchar para obtener respuestas de su propio gobierno. El desdén del gobierno y la falta de rendición de cuentas deberían preocupar a todos, sin importar el partido político.
Tal vez el Departamento de Seguridad Nacional cree que la falta de transparencia es institucionalmente más segura que la franqueza. Pero el secretismo no fortalece a las fuerzas del orden; el secretismo las debilita. Una agencia gubernamental que no explique cabalmente un tiroteo mortal no debería sorprenderse de que los ciudadanos cuestionen su criterio.
Es posible que Mullin prefiera tratar la muerte de Ruben como parte del pasado del departamento. Pero cuando el gobierno mata a un ciudadano desarmado y luego se niega a dar cuenta pública y cabal de lo ocurrido, el asunto no queda en el pasado. Sigue sin resolverse para mi familia y para cualquier estadounidense que crea que el gobierno debe rendir cuentas cuando le quita una vida a alguien.
Fuente: The New York Times