Migración retira 56,140 impedimentos de salida y alertas tras depuración solicitada por la Procuraduría
Santo Domingo, 21 oct.— La Dirección General de Migración (DGM) retiró 56,140 impedimentos de salida y alertas migratorias como resultado de una depuración realizada junto a la Procuraduría General de la República (PGR), que requirió mantener activas únicamente las restricciones que cuenten con sustento judicial.
La revisión, desarrollada durante más de seis meses por una mesa técnica de ambas instituciones, busca corregir registros que limitaban el derecho al libre tránsito de miles de ciudadanos sin una justificación legal vigente.
Según informó la Procuraduría, el equipo examinó caso por caso los archivos acumulados desde 1990, en una auditoría de datos que permanecieron durante décadas sin una actualización de oficio.
El análisis identificó restricciones vinculadas a procesos judiciales concluidos, errores administrativos y registros que carecían de órdenes emitidas por una autoridad judicial competente. Estas situaciones provocaban que personas que ya no debían estar sujetas a impedimentos continuaran enfrentando dificultades para viajar al exterior.
Ante esos hallazgos, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, priorizar el levantamiento de las restricciones sin base legal, independientemente de quién hubiera dispuesto su colocación.
La petición abarcó tres categorías: registros individualizados que carecían de fundamento legal; registros históricos no individualizados, acumulados entre 1990 y 2026; y registros individualizados que ya habían cumplido sus fines.
En su informe más reciente sobre el proceso, Migración indicó que la eliminación de estas restricciones permitió que 56,140 ciudadanos recuperaran la posibilidad de salir del país sin los obstáculos derivados de esos registros.
La Procuraduría sostuvo que la iniciativa forma parte de los esfuerzos de modernización del Estado y de fortalecimiento de las garantías de los derechos fundamentales. En ese sentido, explicó que el requerimiento incluye levantar cualquier alerta o impedimento de salida que incumpla la condición de contar con sustento judicial.
A través de un comunicado, la institución destacó que el alcance de la medida va más allá de actualizar una base de datos, al considerar que representa una reivindicación de los derechos ciudadanos y del cumplimiento de la Constitución.
Señaló que la auditoría, la depuración y el análisis técnico permitieron corregir una distorsión histórica, reflejada en la cantidad de registros y alertas que debieron evaluarse para determinar si afectaban injustificadamente un derecho fundamental.
La PGR enmarcó estas actuaciones en su función de protección de los derechos ciudadanos, conforme al artículo 169 de la Constitución, así como en las garantías de libertad personal y libre tránsito recogidas en los artículos 40 y 46.
Asimismo, indicó que el proceso se desarrolla en apego a la Ley número 200 sobre Impedimentos de Salida y a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará sus labores hasta completar la depuración de los archivos. Paralelamente, ambas entidades trabajan en la implementación de un sistema de interoperabilidad para gestionar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en funcionamiento está prevista para diciembre de 2026.