Miguel Surún, Presidente del Colegio de Abogados, declarado en rebeldía por la Cámara de Cuentas
Santo Domingo, 3 Dic – Por la “negativa, resistencia y renuencia” de Surún Hernández con los auditores de la entidad fiscalizadora, esta solicitó el auxilio de la fuerza pública y de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) para incautar las documentaciones que sean necesarias para la auditoría del gremio de los togados.
A lo largo de su resistencia a ser auditado, Surún Hernández ha manifestado que la CCRD no tiene facultad de auditar el Colegio de Abogados bajo el alegato de que ese organismo no recibe fondos públicos.
“La Cámara de Cuentas no tiene facultad legal para auditar los recursos del Colegio de Abogados debido a que el artículo 248 de la Constitución, así como los artículos 1 y 3 de la Ley 10-07 que la crea, especifican claramente que dicha entidad solo puede ejercer control y auditoría a instituciones que manejan recursos públicos, que no es el caso del gremio, cuyos fondos provienen de tasas por concepto del servicio de fiscalización de abogados”, ha sido su posición en su batalla legal.
Por eso, el pasado 18 de noviembre cuando un equipo de auditores de la Cámara de Cuentas fue al organismo y el gremialista le impidió la entrada.
Contrario a su posición, la Cámara de Cuentas establece en su resolución administrativa No. 2020-010 que sí puede auditar y precisamente la ley que crea el Colegio de Abogados lo establece.
Para eso citó que el artículo 74 de la ley 3-19 que crea el gremio instruye a la Cámara de Cuentas realizar la fiscalización y control de los fondos que percibe la entidad.
De hecho, el propio Surún Hernández había solicitado al organismo una auditoría de la gestión 2016-2018, en esta ocasión se niega a la investigación solicitada por el Foro Nacional de Abogados (FONA) al organismo auditor para los periodos comprendidos entre 2016 y 2020.
A pesar de la declaratoria de desacato, en el Tribunal Constitucional (TC) reposa una acción en Conflicto de Competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) interpuesta por la Junta directiva del Colegio de Abogados el pasado 15 de noviembre, con esto Surún Hernández busca que el máximo tribunal determine qué organismo tiene competencia para auditar el gremio
Fuente: Diario Libre.
