Ministerio Público acusa a 13 personas y cinco empresas por estafa electrónica y lavado de activos en caso Discovery 3.0

Santo Domingo, 5 oct.— El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales señaladas como integrantes de la estructura desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, que, según la investigación, perjudicó a 141 víctimas en Estados Unidos y provocó pérdidas estimadas en cinco millones de dólares.
De acuerdo con el órgano persecutor, la red cometía estafas electrónicas y utilizaba empresas y mecanismos financieros para recibir, movilizar y lavar los recursos sustraídos a sus víctimas. La investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).
Los acusados son Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez, alias William el Técnico; Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
La acusación también comprende a las sociedades comerciales Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA); JLNG Terracell, S.R.L.; Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L.; INVERMEG, E.I.R.L., y Qemert Pro Technology, S.R.L.
El expediente fue presentado ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscalía de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Camacho destacó la solidez de la acusación y afirmó que contiene una descripción de los hechos, las responsabilidades individuales de los imputados y el recorrido de los recursos obtenidos mediante las estafas.
“Esta acusación se basta por sí misma: contiene los hechos, identifica las responsabilidades individuales, establece la ruta del dinero y presenta los elementos de prueba que permitirán al tribunal conocer cómo operaba esta estructura criminal y emitir una condena apropiada”, expresó.
El director de Persecución agregó que el Ministerio Público documentó una estructura que combinaba estafa electrónica, crimen organizado y lavado de activos, mediante el uso de tecnología, empresas, cuentas bancarias, bienes y terceros para ocultar los beneficios obtenidos de las víctimas.
Según la acusación, la organización operaba desde República Dominicana, principalmente en la zona norte, y mantenía conexiones con distintas ciudades de Estados Unidos. Para ejecutar los fraudes recurría a centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares de las víctimas, especialmente personas de edad avanzada.
Además de la cooperación del FBI, las pesquisas contaron con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
El expediente establece que, una vez obtenido el dinero mediante las estafas, los recursos eran trasladados y transferidos hacia República Dominicana a través de transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros.
Posteriormente, según el Ministerio Público, esos fondos eran introducidos al sistema económico mediante empresas, bienes inmuebles, vehículos y otras operaciones destinadas a ocultar su origen. La acusación describe cuatro etapas del esquema: captación de víctimas, fraude y suplantación, movilización del dinero y lavado de activos.
A las personas físicas acusadas se les atribuyen infracciones a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano, así como a diversas disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En los casos de Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Miguel José Rodríguez Grullón y Juan Luis Naranjo Gómez, el Ministerio Público también imputa violaciones a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
A las cinco sociedades comerciales se les atribuyen infracciones a disposiciones de la Ley 155-17, de la Ley 11-92 sobre Régimen Tributario y de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera.
El órgano acusador recordó que, como parte de este proceso, fueron extraditados a Estados Unidos Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, identificados por las autoridades como los principales líderes de la estructura. Los cuatro enfrentan actualmente un proceso judicial ante un tribunal de Boston, Massachusetts.
La investigación financiera identificó movimientos económicos y operaciones por montos millonarios entre los integrantes de la presunta red, tanto personas físicas como jurídicas, que, de acuerdo con el expediente, evidenciaron un incremento patrimonial significativo durante el período investigado, correspondiente a 2022 y 2023.
Durante las pesquisas fueron detectadas transacciones que oscilaban entre 12 millones de pesos y más de 120 millones de pesos, además de registros financieros superiores a 134.8 millones de pesos y acreditaciones bancarias que excedieron los 20 millones de pesos en menos de un año.
Según el Ministerio Público, estos montos no guardan correspondencia con las actividades económicas ni con las fuentes lícitas de ingresos declaradas por los acusados y revelan una capacidad financiera que, razonablemente, no pueden justificar.
La institución indicó que la Operación Discovery 3.0 formó parte de su estrategia de combate contra las estructuras que utilizan a República Dominicana como plataforma para ejecutar estafas transnacionales y lavar posteriormente los recursos obtenidos.