Ministerio Público acusa a hombre por falsa amenaza de bomba que paralizó operaciones en el AILA
Santo Domingo, 9 sept.- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra un hombre señalado por comunicar una falsa amenaza de bomba al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), situación que obligó a activar los protocolos de emergencia, retornar una aeronave en pleno vuelo y suspender temporalmente las operaciones aéreas.
La acusación contra Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo.
El expediente fue presentado por el procurador fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto con las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, adscritas a la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Según la investigación, el 6 de enero de 2026 el acusado realizó una llamada telefónica en la que informó falsamente sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines.
Como consecuencia de la advertencia, las autoridades aeroportuarias activaron los planes de contingencia y emergencia correspondientes a este tipo de amenazas.
La alerta provocó el retorno de la aeronave y la aplicación de exhaustivas medidas de seguridad. También ocasionó la interrupción temporal de las operaciones aeronáuticas y el desvío de vuelos hacia otras terminales.
Del Pino Cuya cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
Investigación técnica y científica
El Ministerio Público informó que la acusación se encuentra sustentada en una amplia estructura probatoria, integrada por evidencias testimoniales, documentales, periciales, materiales y procesales obtenidas durante las investigaciones.
Entre las pruebas principales se encuentra el registro de la llamada efectuada al centro de atención de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), a través de la plataforma tecnológica Amazon Connect.
La grabación fue preservada y posteriormente transcrita para incorporarla al expediente.
Las certificaciones emitidas por las compañías telefónicas permitieron establecer el origen de la comunicación y relacionar el número utilizado con el dispositivo móvil atribuido al acusado.
La investigación también incluye informes técnicos elaborados por especialistas de Aerodom y de la División de Investigación de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Asimismo, fueron incorporados documentos oficiales del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, que acreditan la activación de los protocolos de emergencia y las consecuencias operativas generadas por la falsa amenaza de bomba.
Evidencias digitales y análisis de voz
Uno de los elementos considerados más importantes por los investigadores fue el análisis forense digital realizado al teléfono móvil ocupado a Del Pino Cuya durante su arresto.
Los especialistas recuperaron registros, metadatos y otras evidencias digitales que permitieron corroborar la realización de la llamada al número de atención al cliente del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
El Ministerio Público también integró al proceso varios informes forenses que vinculan el aparato telefónico incautado al acusado con la comunicación realizada el día de los hechos.
A estas pruebas se suma un peritaje de acústica forense efectuado por especialistas de la Policía Científica.
Los resultados del estudio concluyeron que la voz registrada en los audios de la llamada corresponde a Ángel del Pino Cuya, estableciendo una relación científica entre la grabación y la identidad del acusado.
Calificación jurídica
El órgano persecutor sostiene que los hechos constituyen violaciones a la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y a la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
Según el Ministerio Público, la conducta atribuida al procesado generó una situación de alarma que comprometió la seguridad de las operaciones aeroportuarias del país.
La falsa información también provocó la interrupción de las actividades aeronáuticas, el desvío de vuelos hacia otras terminales y la puesta en marcha de mecanismos extraordinarios de respuesta institucional.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la protección de la seguridad pública y aeroportuaria, así como con la persecución de las conductas que representen una amenaza para las infraestructuras críticas y los servicios esenciales de la República Dominicana.