Ministerio Público acusa a médicos de cobrar al SeNaSa por procedimientos nunca realizados
Santo Domingo, 22 sept.– El Ministerio Público afirmó que logró documentar autorizaciones médicas facturadas y cobradas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) correspondientes a procedimientos que nunca fueron realizados a los afiliados, como parte de las investigaciones desarrolladas mediante la Operación Cobra 2.0-A.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que las evidencias fueron obtenidas durante la investigación del presunto entramado de corrupción por el cual están siendo procesadas 26 personas.
“El Ministerio Público ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa, procedimientos que no fueron realizados”, declaró Ortiz después del aplazamiento de la audiencia para conocer las medidas de coerción.
La representante del órgano acusador explicó que en esta fase se judicializa a una estructura que, según la investigación, fue organizada desde el SeNaSa mediante la participación de antiguos empleados de la institución y médicos que disponían de códigos asignados para ofrecer servicios.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público está preparado para presentar este miércoles 23 de septiembre la solicitud de medidas de coerción contra las 26 personas arrestadas, a quienes atribuye haber sustraído fondos públicos aprovechándose de los mecanismos administrativos y de cobertura del Seguro Nacional de Salud.
El órgano acusador solicitará que el expediente sea declarado complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva a los imputados.
Audiencia aplazada a petición de las defensas
Mirna Ortiz representó al Ministerio Público junto con el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución; el procurador de corte Héctor García, y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
La titular de la Pepca aseguró que los fiscales acudieron preparados para conocer la medida de coerción, pero los abogados defensores solicitaron tiempo adicional para estudiar las numerosas pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“En el día de hoy el Ministerio Público vino listo para el conocimiento de la audiencia de la medida de coerción; sin embargo, los abogados de las defensas solicitaron plazos al tribunal para poder conocer las pruebas, las muchas pruebas que ha presentado el Ministerio Público para sostener esta medida”, explicó Ortiz.
La magistrada informó que al proceso también se incorporó una nueva persona, aumentando la lista de médicos sometidos en esta etapa de la operación.
“Adicionalmente a ello, se ha fusionado el proceso con una nueva persona que se integra a la lista de los 22 médicos que están siendo sometidos por este proceso y eso motivó a que el tribunal acogiera el pedimento de las defensas y aplazara la audiencia para el próximo miércoles 23”, declaró.
Ortiz reiteró que para la próxima audiencia las partes deberán encontrarse preparadas para continuar con el conocimiento del proceso.
Durante la audiencia, la titular de la Pepca notificó al tribunal el depósito de la solicitud de medida de coerción contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades durante la mañana del lunes.
El juez Rigoberto Sena aplazó la audiencia para el miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.
Debido a la cantidad de imputados, abogados, fiscales y demás participantes, la audiencia fue celebrada en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Solicitan prisión preventiva contra 26 imputados
El Ministerio Público solicitó la declaratoria de complejidad del proceso y la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
La solicitud también incluye a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, el órgano acusador pidió prisión preventiva contra los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales fundamentaron la petición para que el expediente sea declarado complejo en la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados identificados durante la investigación.
El Ministerio Público sostiene que se trata de una estructura de delincuencia organizada, conforme a los términos establecidos en la legislación procesal vigente.
Primera fase de la Operación Cobra
En la primera etapa de la investigación, desarrollada el pasado año mediante la Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del SeNaSa, a quien identifica como el supuesto cabecilla del entramado de corrupción.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados, el Ministerio Público procura obtener sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según la acusación, fueron sustraídos al Estado dominicano mediante diferentes operaciones fraudulentas.
Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, utilización de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público informó que durante la investigación ha recopilado evidencias sobre presuntos sobornos a gran escala, adulteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer recursos públicos mediante maniobras fraudulentas.
Según el órgano acusador, el caso involucra un esquema de corrupción sistemático presuntamente instalado desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa, en coalición con funcionarios de la Administradora de Riesgos de Salud y con la participación de prestadores de servicios médicos.
Los investigadores sostienen que las operaciones fueron ejecutadas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y, por consiguiente, del Estado dominicano y sus afiliados.
Operación Onco14 vinculada a las investigaciones
Como parte de las líneas de investigación asociadas al proceso, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14, que produjo el arresto de tres personas señaladas como integrantes de una estructura que presuntamente utilizó al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante operaciones fraudulentas.
De acuerdo con el expediente, las maniobras afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes diagnosticados con cáncer y al propio Seguro Nacional de Salud.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También fue arrestada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, de quien se divorció en 2014. Según el Ministerio Público, Vargas Sánchez ocupó la Vicepresidencia del patronato y, al mismo tiempo, se desempeñó como auditora interna y externa de la institución que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando Lora Cruceta presidía la organización.
Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Dilcia Isabel Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
El Ministerio Público sostiene que las operaciones Cobra, Cobra 2.0-A y Onco14 forman parte de las investigaciones dirigidas a establecer el alcance de las presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del SeNaSa y determinar las responsabilidades penales de funcionarios, exempleados, médicos y prestadores de servicios que habrían participado en el esquema.