Ministerio Público acusa formalmente a hermanos Espaillat de homicidio involuntario por tragedia del Jet Set
Santo Domingo, 28 agosto.– El Ministerio Público presentó formalmente este viernes su acusación contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, a quienes atribuye homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias por una alegada negligencia sistemática que habría provocado el colapso del techo de la discoteca Jet Set.
La tragedia, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó 236 personas fallecidas, más de 180 heridas y una considerable cantidad de niños y adolescentes huérfanos, conforme recordó el órgano acusador durante el juicio.
La presentación de la acusación comenzó ante el juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
“El peso de la negligencia pudo más que el techo de Jet Set”, afirmó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al iniciar la exposición del expediente contra los propietarios del establecimiento.
¿De qué acusa el Ministerio Público a los hermanos Espaillat?
La acusación formal sostiene que Antonio y Maribel Espaillat, como responsables y administradores del establecimiento, habrían permitido que el Jet Set operara bajo condiciones estructurales peligrosas.
El Ministerio Público les atribuye haber ordenado cambios estructurales para aumentar la rentabilidad del negocio, pese a que esas intervenciones incrementaban conscientemente los riesgos para las personas que acudían al lugar.
También los acusa de haber sobrecargado el techo de la discoteca con equipos de climatización de gran volumen y depósitos de agua, sin disponer previamente de estudios técnicos que demostraran que la estructura podía soportar ese peso.
El expediente establece, además, que los hermanos Espaillat conocían advertencias internas sobre el progresivo deterioro del techo, pero alegadamente las ignoraron y priorizaron el ahorro de recursos por encima de la seguridad de empleados, artistas y clientes.
Según el órgano persecutor, el establecimiento fue sometido a reparaciones superficiales, inadecuadas e insuficientes, pese a que necesitaba intervenciones de mayor alcance para evitar que se convirtiera en una fuente de peligro.
Camacho expuso ante el tribunal que la discoteca, destinada a recibir grandes cantidades de personas, presentaba condiciones que requerían soluciones estructurales y no reparaciones menores.
“Esa discoteca sufrió cambios estructurales, que fueron ordenados por los acusados, con el objetivo de maximizar ganancias a costa de aumentar los niveles de riesgos de manera consciente”, afirmó.
El procurador adjunto agregó que, desde 2011, el techo comenzó a utilizarse para fines operativos, con una ocupación constante y progresiva que será detallada mediante las pruebas reunidas por la institución.
Fiscalía rechaza que fuera un accidente imprevisible
Los fiscales anunciaron que demostrarán durante el juicio que el desplome ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 no puede ser considerado un simple accidente ni un acontecimiento completamente imprevisible.
La acusación plantea que antes del derrumbe existían condiciones estructurales deficientes, modificaciones, sobrecargas y señales de daños progresivos conocidas por quienes tenían responsabilidad directa y control sobre las operaciones de la discoteca.
“Existió un conjunto de condiciones estructurales, modificaciones, sobrecargas y señales del daño progresivo, que fueron conocidas por quienes tenían responsabilidad y control sobre la operación del establecimiento”, señalaron los fiscales durante la lectura de la acusación.
El techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, en el sector El Portal del Distrito Nacional, se desplomó mientras en el interior se desarrollaba una actividad artística.
El Ministerio Público sostiene que las decisiones tomadas por los acusados agravaron su responsabilidad, especialmente por la instalación de equipos pesados y tinacos sin realizar evaluaciones técnicas que garantizaran la resistencia de la estructura.
Ministerio Público pide condena máxima
Al conversar con periodistas después de la audiencia, Wilson Camacho valoró que el proceso judicial avanzara sin aplazamientos innecesarios.
“Lo primero a resaltar en este caso es que, a nosotros, desde el Ministerio Público, nos alegra enormemente que este proceso avance sin dilaciones”, expresó.
Camacho afirmó que la institución siempre acude preparada a las audiencias y consideró que la jornada demostró que los procesos pueden avanzar correctamente cuando las defensas no recurren a mecanismos dilatorios.
“El Ministerio Público presentó ante el tribunal su acusación; presentó las pruebas con que cuenta el Ministerio Público para demostrar su acusación y esperamos que al final del proceso se produzca una sentencia condenatoria”, manifestó.
El titular de Persecución aseguró que, sobre la base de las evidencias depositadas, el juicio no debería concluir de otra manera que con una condena contra los procesados.
El representante del órgano acusador recordó que el caso será juzgado conforme al anterior Código Penal, vigente cuando se produjo la tragedia.
Explicó que, aun si el tribunal impone la sanción máxima permitida para los delitos imputados, la pena no reflejará en su verdadera dimensión el daño causado por la muerte de 236 personas, las lesiones de más de 180 y las consecuencias sufridas por centenares de familias.
Camacho sostuvo que lo mínimo que puede hacer el sistema judicial por las víctimas, frente a unos hechos que destrozaron a numerosas familias y conmocionaron a la sociedad dominicana, es dictar una sentencia condenatoria y aplicar el máximo de la pena prevista para el tipo penal.
Camacho asegura que el caso tiene fundamento
El procurador adjunto afirmó que el expediente ya ha demostrado contar con suficientes fundamentos durante las diferentes etapas procesales.
Recordó que en la audiencia de medida de coerción se impusieron restricciones contra los acusados y que, posteriormente, un juez de la etapa intermedia dictó auto de apertura a juicio.
“El juicio se va a definir con pruebas y las pruebas van a permitir al Ministerio Público que este tribunal dicte una sentencia condenatoria conforme a los hechos que hemos acusado”, declaró al responder los argumentos presentados por abogados vinculados al caso.
Camacho representó al Ministerio Público junto con los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel y Emmanuel Ramírez, integrantes del equipo que litiga el proceso judicial iniciado en junio de 2025.
Tribunal rechaza consultor técnico externo
Antes de ordenar el inicio de la presentación formal de la acusación, el juez Franny González rechazó una petición de la defensa para que se autorizara la participación de un consultor técnico externo.
El Ministerio Público había solicitado que se desestimara el recurso de oposición presentado por los abogados de los acusados, argumentando que no demostraron que la decisión anterior fuera contraria al derecho.
Los fiscales también señalaron que la defensa no aportó razones nuevas ni suficientes que justificaran una modificación de la resolución adoptada previamente por el tribunal.
Camacho indicó que ambas partes disponen de peritajes y especialistas para sustentar sus posiciones, por lo cual consideró innecesaria la intervención de consultores técnicos adicionales.
“El Ministerio Público tiene un peritaje y tiene peritos; ellos tienen un peritaje y tienen peritos también”, explicó el procurador adjunto.
Advirtió que la incorporación de esas figuras podría prolongar de manera innecesaria el conocimiento del juicio.
Expediente incluye 84 testigos y peritajes técnicos
El expediente presentado contra Antonio y Maribel Espaillat consta de 156 páginas e incluye 84 testigos, además de estudios especializados de ingeniería sismorresistente y patología estructural.
Estas evidencias serán utilizadas por el Ministerio Público para tratar de demostrar las condiciones de la edificación, las modificaciones realizadas, las sobrecargas incorporadas y el conocimiento que alegadamente tenían los acusados sobre el deterioro del inmueble.
Debido a la cantidad de víctimas, familiares y querellantes que participan en el proceso, la audiencia fue trasladada a la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que dispone de mayor espacio.
El juez González estableció que las audiencias serán celebradas todos los viernes para facilitar el avance continuo del proceso.
Después de completarse la agenda correspondiente a esta jornada, el magistrado aplazó el juicio hasta el próximo 4 de septiembre.
Durante la siguiente audiencia, los fiscales continuarán presentando las pruebas testimoniales con las que buscan sustentar la acusación formal y obtener una sentencia condenatoria contra los hermanos Espaillat.