Ministerio Público afirma estar listo para presentar acusación contra red de sobornos de la Operación Lobo
Santo Domingo, 8 sept..- El Ministerio Público aseguró este lunes que está preparado para presentar la acusación y las pruebas durante la audiencia preliminar seguida contra Quilvio Rodríguez González y otros integrantes de una supuesta red que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y conservar contratos de seguridad privada en varias instituciones públicas.
El proceso contra Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, S.R.L. (Senase), y los demás encartados se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La procuradora de corte Rosa María Pichardo, adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que el órgano acusador estaba listo para iniciar la audiencia.
“En el día de hoy el Ministerio Público está listo para conocer la presente audiencia preliminar; sin embargo, a pedimento de las defensas, por estar abierto el plazo, el juez decidió acoger los pedimentos de las defensas”, declaró Pichardo al responder preguntas de los periodistas.
La representante del Ministerio Público, quien participó en la audiencia junto al fiscal Yoneivy González, también integrante de la Pepca, reiteró que la decisión fue adoptada pese a que la institución estaba preparada para comenzar la presentación formal del expediente.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia para el próximo 5 de octubre, a las 10:00 de la mañana, luego de acoger la petición de las defensas.
Uno de los abogados presentó un certificado médico que acredita que uno de los acusados se encuentra bajo licencia durante un mes debido a un proceso postoperatorio. Otros dos encartados tampoco se habían presentado al inicio de la audiencia.
Catorce personas físicas y jurídicas procesadas
En julio pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas como integrantes de la presunta estructura de sobornos desmantelada mediante la Operación Lobo.
Entre los acusados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de Senase; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste.
También fueron acusados Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de seguridad de Edenorte Dominicana; Andrés Pacheco Varela, quien ocupó la misma posición en esa distribuidora; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de Edeeste.
El expediente incluye, además, a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Como personas jurídicas fueron acusadas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez.
Asimismo, figuran Magestym Waste & Recycling Company, S.A., y Magesty Recycling, S.R.L., empresas atribuidas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92. Ese dinero habría sido exigido y recibido por encargados de seguridad institucional de distintas entidades públicas y por otros funcionarios incluidos en el proceso.
Contratos manipulados y pagos en efectivo
La investigación fue iniciada por la Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el expediente, las pesquisas permitieron identificar una presunta red dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos, a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las autoridades establecieron que Senase habría pagado sobornos a funcionarios de las entidades señaladas durante los períodos comprendidos entre 2012 y 2020, y entre 2020 y 2025.
Esos pagos presuntamente fueron realizados mediante diferentes maniobras, entre ellas transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de garantizar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.