Ministerio Público afirma que diez imputados en Cobra 2.0-A admitieron los hechos; audiencia sigue este jueves
SANTO DOMINGO, 24 sept.– El Ministerio Público informó que diez de los 26 imputados en la Operación Cobra 2.0-A admitieron los hechos que les atribuye el órgano acusador, mientras el proceso para conocer la solicitud de medida de coerción continuará este jueves 24 de septiembre ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reveló la admisión de los hechos luego de que fuera aplazada la audiencia en la que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 26 arrestados y que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
“Diez de los imputados han admitido los hechos, han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones”, declaró Ortiz a periodistas a su salida del tribunal.
La funcionaria no identificó públicamente, en las declaraciones suministradas, cuáles son los diez imputados que habrían reconocido los hechos ni precisó el alcance individual de esas admisiones.
Ortiz sostuvo que las declaraciones de esos procesados fortalecen la investigación desarrollada por el Ministerio Público sobre el presunto entramado que habría utilizado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para ejecutar operaciones fraudulentas con recursos públicos.
La titular de la Pepca encabeza el equipo litigante del Ministerio Público junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, quien presentó ante el tribunal las pruebas y argumentos con los cuales el órgano acusador procura justificar las medidas solicitadas contra los 26 encartados.
El equipo está integrado, además, por el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Audiencia continuará este jueves a las 2:00 de la tarde
Pasadas las 3:00 de la tarde del miércoles, el juez Rigoberto Sena ordenó al Ministerio Público presentar su solicitud de imposición de medida de coerción contra los arrestados durante la Operación Cobra 2.0-A.
Luego de varias horas de audiencia, alrededor de las 10:00 de la noche el magistrado dispuso el aplazamiento del proceso para este jueves 24 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, cuando continuará el conocimiento de la medida de coerción.
El Ministerio Público ya presentó sus conclusiones y solicitó que el expediente sea declarado de tramitación compleja, además de reclamar 18 meses de prisión preventiva para cada uno de los 26 imputados.
La acusación sostiene que existen las condiciones previstas en la legislación procesal para declarar la complejidad debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, así como por tratarse, conforme a la tesis del Ministerio Público, de una estructura de delincuencia organizada.
Ortiz expresó su confianza en que las pruebas depositadas permitirán sustentar las medidas reclamadas por los fiscales. La decisión, sin embargo, corresponde al juez luego de escuchar también los argumentos de las defensas.
Los 26 imputados
El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
La petición incluye a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
También figuran Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La responsabilidad individual de cada uno deberá ser establecida en el proceso judicial y todos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
Ministerio Público presenta 483 pruebas
Durante la audiencia, Ortiz informó que el Ministerio Público presentó 483 elementos probatorios para fundamentar las imputaciones y las medidas de coerción solicitadas.
El expediente contiene, según el desglose ofrecido por la funcionaria, 234 pruebas documentales, 91 pruebas materiales, 82 documentos procesales y 76 pruebas periciales.
El órgano acusador sostiene que esos elementos permiten reconstruir las operaciones que atribuye al grupo y vincular individualmente a los procesados con diferentes actuaciones dentro del supuesto entramado.
El Ministerio Público argumentó que la prisión preventiva durante 18 meses resulta necesaria, a su juicio, debido a la gravedad de los hechos investigados, para garantizar la continuidad de las pesquisas y preservar tanto la seguridad de las víctimas como los elementos probatorios que todavía puedan ser obtenidos.
La solicitud fue sustentada en el artículo 230, numeral 7, combinado con el artículo 377, numeral 2, de la normativa procesal, bajo el planteamiento de que el tribunal declare previamente la complejidad del proceso.
MP sostiene que fueron afectados servicios de salud
Uno de los argumentos centrales presentados por la Pepca es que las presuntas irregularidades no solamente habrían provocado pérdidas económicas al Estado, sino que habrían afectado directamente los derechos de afiliados de SeNaSa.
“El bien jurídico protegido aquí no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud”, manifestó Ortiz durante la presentación de la medida de coerción.
De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, a pacientes beneficiarios del Seguro Nacional de Salud les fueron generados cargos ficticios que redujeron los montos disponibles para los servicios médicos a los cuales tenían derecho.
“Cuando analicemos el punto nodal de esta situación, no se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental de la salud”, agregó la procuradora de corte.
Estas afirmaciones forman parte de la teoría acusatoria del Ministerio Público y tendrán que ser sometidas al debate contradictorio frente a las defensas y posteriormente valoradas por los tribunales.
Cobra comenzó con arrestos de antiguos funcionarios de SeNaSa
Cobra 2.0-A representa una nueva fase de la investigación desarrollada por el Ministerio Público sobre presuntas operaciones fraudulentas relacionadas con SeNaSa.
En la primera etapa de la denominada Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó el pasado año a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, identificado por el órgano persecutor como supuesto cabecilla de la estructura investigada.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público persigue mediante el proceso sanciones penales contra quienes eventualmente resulten responsables y el decomiso de los recursos que asegura fueron sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le atribuyen infracciones de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el órgano acusador, durante las investigaciones fueron obtenidas evidencias sobre presuntos sobornos a gran escala, adulteraciones de estados financieros y programas especiales carentes de sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer fondos mediante operaciones fraudulentas.
La tesis del Ministerio Público sostiene que se instaló un esquema sistemático de corrupción mediante una presunta coalición entre funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios de salud.
Onco14, otra ramificación de las investigaciones
Dentro de las distintas líneas de investigación relacionadas con las presuntas irregularidades que afectaron a SeNaSa, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14.
Ese expediente condujo al arresto de tres personas acusadas de integrar una estructura que, según el Ministerio Público, utilizó al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para ejecutar maniobras fraudulentas que perjudicaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por cáncer y al Seguro Nacional de Salud.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Según el expediente, Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la Vicepresidencia y también desempeñó funciones como auditora interna y externa del patronato encargado de administrar el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante el período investigado.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
La atención del proceso Cobra 2.0-A se concentra ahora en la audiencia convocada para este jueves a las 2:00 de la tarde, cuando continuará el conocimiento de las medidas de coerción contra los 26 imputados.
Además de decidir posteriormente sobre los 18 meses de prisión preventiva solicitados, el juez Rigoberto Sena deberá pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público para declarar el expediente de tramitación compleja, mientras las defensas tendrán la oportunidad de responder a las imputaciones y a los cientos de elementos probatorios presentados por la acusación.