Ministerio Público apela sentencia que descargó a imputados en el caso Los Tres Brazos; Corte decidirá el 10 de septiembre
Santo Domingo, 23 julio.- El Ministerio Público presentó ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el recurso de apelación contra la sentencia que descargó a varios procesados por la presunta venta ilegal de terrenos estatales en el sector Los Tres Brazos, en un caso que, según la acusación, provocó un millonario perjuicio al Estado dominicano.
La acción fue interpuesta contra la sentencia emitida en 2024 que favoreció con un descargo a Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como a Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
El recurso también incluye a las empresas Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L., representada por Juana Ynés Gómez Williams; Inversiones Fernández Parache (Infepa), representada por Carlos Aris Gómez Williams; Tekknowlogic Dominicana, S.R.L., representada por Julio César Gómez Williams, además de la propia Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
La apelación fue sustentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Rosa Pichardo, y los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete.
De acuerdo con el expediente, los acusados, junto a otras personas sometidas a la justicia, fueron procesados por presuntamente desfalcar al Estado mediante la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terrenos, una operación con la que, según el Ministerio Público, esperaban obtener beneficios por alrededor de 5,000 millones de pesos.
La audiencia fue conocida por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los jueces Ysis Muñiz, presidenta; Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera, quienes aplazaron el conocimiento del recurso y fijaron para el 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, la lectura de su decisión.
Al concluir la audiencia, la procuradora de corte Rosa Pichardo afirmó que el Ministerio Público cumplió con presentar el recurso contra la decisión que declaró extinguida la acción penal.
"En el día de hoy el Ministerio Público cumplió con presentar el recurso de apelación contra la extinción del proceso penal", expresó la representante del órgano acusador.
El recurso fue interpuesto contra la sentencia penal número 941-2024-SSEN-00082, emitida el 22 de abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, integrado por las juezas Keila S. Pérez Santana, presidenta; Elías Santini Perera, en funciones de sustituto de la presidenta, y Arisleida Méndez Batista.
En esa decisión, el tribunal declaró extinguida la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso en favor de los imputados.
El Ministerio Público sostiene que el fallo incurrió en una errónea aplicación de la ley y que la decisión no guarda correspondencia con la acusación presentada ni con las pruebas incorporadas durante el juicio. Por esa razón, solicitó a la Corte revocar la sentencia y ordenar la continuación del proceso judicial contra los acusados.
El caso
Según la acusación, los implicados integraban una estructura que enajenó de manera irregular terrenos pertenecientes al Estado dominicano y presionaba a los residentes del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, para que compraran los solares donde habían vivido durante décadas.
El expediente establece que varios de los funcionarios involucrados presuntamente actuaron de forma concertada para violar el ordenamiento constitucional y legal con el propósito de defraudar al Estado.
El Ministerio Público atribuye a los acusados la presunta violación de los artículos 59, 60, 166, 171, 175, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como de la Ley 346-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.