Ministerio Público apelará fallo que ordena pagar RD$7.5 millones a imputado del caso Intrant
Santo Domingo, 24 julio.– El Ministerio Público anunció que apelará la decisión judicial que ordena el pago de más de RD$7.5 millones a favor del imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, al considerar que el fallo está "plagado de graves vicios procesales" y fue emitido por una jueza que, según afirma la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ya no tenía competencia sobre el caso.
La Pepca explicó que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó la decisión a favor de Álvarez Carbuccia pese a haber quedado desapoderada del proceso desde el 24 de octubre de 2025, fecha en que el expediente fue remitido al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Ese tribunal conoció la audiencia preliminar y posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, representantes de la Pepca, informaron que el recurso de apelación será presentado dentro del plazo legal de 20 días, luego de recibir la notificación de la sentencia el pasado jueves.
Pérez sostuvo que la decisión judicial desnaturaliza la figura jurídica de la astreinte al convertirla, en la práctica, en una indemnización a favor de un procesado por corrupción administrativa, fijando una suma que calificó de desproporcionada.
Asimismo, indicó que el caso de corrupción en el que figura como imputado Álvarez Carbuccia será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuya audiencia de juicio está programada para el próximo 11 de agosto.
El representante del Ministerio Público agregó que el tribunal actualmente apoderado del proceso tampoco tendría competencia para conocer la reclamación relacionada con el aparato telefónico solicitado por el imputado, debido a que no se trata de una jurisdicción administrativa.
La decisión de la jueza Padilla Rosario ordena el pago de RD$7,560,000 por concepto de liquidación de una astreinte vinculada a la devolución de varios bienes que, según el Ministerio Público, ya fueron entregados al acusado. No obstante, Álvarez Carbuccia mantiene la reclamación de un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor en el mercado ronda los RD$3,000.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia forma parte del grupo de imputados en el expediente de presunta corrupción relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). De acuerdo con la acusación, durante la gestión de Hugo Beras al frente de esa institución se habrían realizado adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y se habría manipulado la red semafórica y el sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
En el mismo expediente, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) es señalado como beneficiario de contratos presuntamente fraudulentos a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange. La acusación también le atribuye el control de los sistemas de semaforización y videovigilancia, actividades de espionaje tecnológico y el sabotaje de la red semafórica de la capital.
El Ministerio Público sostiene, además, que Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant para favorecer las operaciones investigadas.
Los demás imputados enfrentan cargos por lavado de activos, testaferrato, sabotaje de la red semafórica, manipulación de procesos de licitación, alteración de decisiones del Comité de Compras para beneficiar a empresas vinculadas al presunto esquema de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red semafórica y falsificar certificaciones oficiales.
Respecto a las personas jurídicas involucradas, la acusación establece que fueron utilizadas para ejecutar contratos fraudulentos y participar en el control de la red semafórica, entre otros hechos considerados ilícitos.
El pasado 5 de junio, a solicitud del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio para responder por presuntos delitos de lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado dominicano, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos de alta tecnología, uso de documentos privados falsos, además de contrabando y violación a la Ley de Armas.