Ministerio Público busca mayores condenas contra Alexis Medina y demás procesados por corrupción
SANTO DOMINGO, 8 sept.- El Ministerio Público informó que procura la revocación de las sentencias absolutorias y el aumento de las penas impuestas en primera instancia contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros procesados por sustraer más de RD$5,000 millones del erario mediante una estructura de corrupción administrativa.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que los fiscales buscan, en representación de la sociedad, sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos atribuidos a los acusados.
“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados, porque entendemos que las penas que impuso el tribunal no son suficientes en relación con la magnitud del daño social que generaron los hechos imputados a cada uno de ellos”, manifestó Ortiz.
La titular de la Pepca representó al órgano acusador junto a Wilson Camacho, director general de Persecución, y los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
Ortiz explicó que el equipo del Ministerio Público estaba preparado para conocer los recursos, pero la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional suspendió la audiencia después de recibir una licencia médica correspondiente a uno de los imputados.
La magistrada señaló que el tribunal ordenó a todas las partes estar preparadas para la próxima audiencia, cuando comenzarán a presentarse y responderse los recursos interpuestos contra la sentencia.
“Entendemos que será un proceso rápido. Los hechos están delimitados, las pruebas fueron desahogadas en un primer juicio, por lo que esperamos que esto se resuelva rápidamente aquí en la corte”, expresó.
Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dispusieron que las audiencias sean celebradas los martes, desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
El tribunal comenzará escuchando los recursos presentados por los acusados. La audiencia fue aplazada para el martes 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana.
Sentencia recurrida
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo, condenó en agosto de 2025 a Juan Alexis Medina Sánchez a siete años de prisión y absolvió a varios de los procesados.
Medina Sánchez, señalado como responsable de dirigir el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, utilización de documentos falsos y asociación de malhechores.
El tribunal también impuso seis años de prisión a José Dolores Santana Carmona.
Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación fueron condenados a cinco años de prisión.
Medina Sánchez, Santana Carmona, Méndez Pineda, Paola Mercedes, Alcántara Batista y varias empresas fueron sentenciados, además, al pago de una indemnización de RD$500 millones en favor del Estado dominicano.
Entre las empresas condenadas se encuentran Domedical Supply SRL, Fuel American Inc., General Supply Corporations SRL, General Medical Solution AM SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL, WMI International SRL y Wonder Island Park SRL.
La decisión también comprendió a Acorpor SRL, Ichor Oil SRL, Globus Electrical SRL, Contratas Solution Services CSS SRL, Constructora Alcántara Bobea (Conalbo) SRL, Proyectos Engineering & Construction PIC SRL, Reivasapt Investment SRL y Suhold Transporte y Logística SRL.
Alexis Medina y los demás condenados deberán cumplir sus respectivas penas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal. También deberán asumir las costas penales del proceso.
Acuerdo con uno de los procesados
Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a cinco años de prisión como resultado de un acuerdo alcanzado con el Ministerio Público.
El tribunal suspendió la ejecución de su pena bajo determinadas reglas, entre ellas permanecer en el domicilio informado a la jurisdicción.
Encarnación Montero también fue condenado al pago de las costas penales y de una multa ascendente a RD$500,000.
Personas y empresas absueltas
El tribunal absolvió a Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón y Libni Arodi Valenzuela Matos.
También fueron descargados José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez.
Las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas de la imputación de lavado de activos y liberadas del pago de las costas penales.
El Ministerio Público procura ahora que la corte revoque esos descargos, al considerar que las pruebas presentadas durante el juicio sustentan la responsabilidad penal de los acusados.
Contratos y operaciones cuestionadas
El órgano acusador estableció que Alexis Medina utilizó diferentes empresas para obtener numerosos contratos públicos en violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Las operaciones señaladas tuvieron impacto en el Ministerio de Salud Pública, particularmente en programas relacionados con medicamentos de alto costo y equipamiento de hospitales.
También abarcaron contratos en el Ministerio de Obras Públicas para el suministro de material asfáltico, así como procesos de compras desarrollados en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
En el caso de la Policía Nacional, las acusaciones incluyeron contratos de combustible por más de RD$220 millones, de los cuales aproximadamente RD$32 millones no habrían sido entregados.
Durante el juicio, el tribunal comprobó que la empresa Fuel American no cumplía requisitos básicos para participar en el proceso de contratación destinado a suplir combustible a la Policía Nacional.
Las juezas también verificaron las afectaciones registradas en distintas estaciones de suministro de la institución policial, las cuales completaban los más de RD$32 millones señalados por el Ministerio Público.
Al referirse a esos hallazgos, el tribunal manifestó en su decisión que “las anomalías identificadas son asombrosas”.
La sentencia también confirmó la entrega de sobornos dentro de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Las magistradas rechazaron las solicitudes de exclusión de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, al establecer que su obtención y recolección se realizaron respetando las garantías del debido proceso.