Ministerio Público califica de histórica sentencia contra excomandantes militares en casos Coral y Coral 5G
Santo Domingo, 16 junio.– El Ministerio Público calificó como una sentencia “histórica” y “ejemplar” la decisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a 29 acusados vinculados a las operaciones Coral y Coral 5G, entre ellos los excomandantes militares Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, quienes recibieron penas de 20 años de reclusión mayor por corrupción administrativa.
La decisión judicial acogió la acusación presentada por el órgano persecutor y estableció, además, el pago de multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los generales Cáceres Silvestre y Torres Robiou, así como para el coronel Núñez de Aza.
Asimismo, el tribunal condenó a 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”, quienes también deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos, respectivamente, a favor del Estado dominicano.
Tras la lectura del dispositivo de la sentencia, ocurrida alrededor de las 2:00 de la madrugada de este martes, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la trascendencia de la decisión judicial.
“En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas. Evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público”, expresó Camacho.
El magistrado sostuvo que la decisión constituye un precedente importante en la lucha contra la corrupción administrativa en el país.
“La que ha dado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal”, afirmó.
Camacho agregó que el fallo representa un reconocimiento al trabajo investigativo desarrollado por el Ministerio Público durante varios años.
“Esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación”, señaló.
Además, manifestó su expectativa de que los tribunales continúen emitiendo decisiones similares para fortalecer el combate a la impunidad.
“Nosotros esperamos que, en la medida en que sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales continúen enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad”, enfatizó.
Durante el proceso, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por los fiscales Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
La sentencia fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Giselle Méndez, quien lo preside, Tania Yunes y Jissel Naranjo. El juicio inició el 27 de junio de 2024 y en él fueron procesados 36 imputados, entre 26 personas físicas y 10 jurídicas.
Entre las demás condenas figuran las impuestas a Esmeralda Ortega Polanco y al mayor policial José Manuel Rosario Pirón, quienes recibieron 10 años de prisión y multas de 400 y 200 salarios mínimos, respectivamente. También fue condenado a 10 años de prisión el teniente coronel Kelman Santana Martínez, además del pago de una multa de 300 salarios mínimos.
De igual manera, fueron sentenciados a 10 años de prisión el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklín Antonio Mata Flores, la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez, quienes deberán pagar multas de 200 salarios mínimos.
El tribunal impuso además penas de cinco años de prisión al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y a Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara. También condenó a cinco años de cárcel a Alejandro José Montero Cruz, junto al pago de una multa de 50 salarios mínimos.
Pedro Roberto Castillo Nolasco fue condenado a tres años de prisión, mientras que Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos y Epifanio Peña Lebrón recibieron condenas de cinco años de prisión y multas de 100 salarios mínimos.
Igualmente, Manuel de Jesús Alba Solano y Élida María Trinidad Santiago fueron sentenciados a cinco años de prisión y al pago de multas equivalentes a 50 salarios mínimos.
Por mayoría de votos, Carlos Augusto Lantigua Cruz fue condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de RD$500,000. En tanto, Raymel Pastor del Rosario Viola recibió una condena de tres años de prisión y una multa de 100 salarios mínimos.
En el ámbito corporativo, el tribunal ordenó la disolución y el pago de multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; Randa Internacional Company, E.I.R.L.; Aldom Glass Aluminium, S.R.L.; Rawel Importadores, S.R.L.; R & F Agroindustrial, S.R.L.; y Hacienda Kelman, S.R.L.
La sentencia incluyó fallos absolutorios, aunque con votos disidentes, para Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán, Erick Daniel Pereira Núñez y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Asimismo, las juezas rechazaron la solicitud presentada por las defensas de 26 imputados que buscaban la extinción de la acción penal por alegada duración excesiva del proceso. La magistrada Giselle Méndez sostuvo que el juicio se desarrolló sin dilaciones indebidas.
En la motivación oral del fallo, el tribunal concluyó que los recursos sustraídos de las nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) fueron utilizados para adquirir bienes y financiar operaciones del entramado.
También estableció que existían pruebas suficientes para comprometer la responsabilidad penal de varios de los principales acusados.
La corte indicó además que parte de la estructura utilizada en Cusep y Cestur fue trasladada al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), aspecto que, según afirmó, quedó demostrado mediante las pruebas aportadas durante el juicio.
El Ministerio Público acusó a los procesados de integrar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos de distintas instituciones estatales, principalmente del Cusep y el Cestur, así como del Conani.
La audiencia final comenzó poco después de las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó pocos minutos antes de las 3:00 de la madrugada de este martes 16 de junio de 2026. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 14 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde.