
Ministerio Público defenderá en apelación envío a juicio de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta
SANTO DOMINGO, 17 Nov.— El Ministerio Público afirmó que está preparado para sustentar ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional los recursos con los que procura que Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros tres acusados sean enviados a juicio de fondo por presunta corrupción administrativa en el caso Calamar.
Según informó el órgano persecutor, las apelaciones buscan revocar los autos de no ha lugar dictados por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a favor de Castillo, Peralta, Daniel Guerrero Mena, Rosa Arias y Marcial Reyes.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que los representantes del Ministerio Público acudieron preparados para conocer los recursos. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó la audiencia para el 11 de enero de 2027, a las 9:00 de la mañana.
“En el día de hoy, el Ministerio Público vino, como siempre comparece a todas las audiencias, listo para el conocimiento de los recursos de apelación que presentamos en relación a los autos de no ha lugar que fueron dados en la audiencia preliminar”, expresó Ortiz a periodistas al salir del tribunal.
La magistrada sostuvo que, para la próxima audiencia, todas las partes deberán estar preparadas y que el órgano acusador mantendrá su posición de que existen elementos para enviar a juicio a quienes fueron favorecidos con esas decisiones.
“El tribunal, conforme a los recursos que ha presentado el Ministerio Público, deberá enviar a juicio de fondo a todos aquellos que fueron favorecidos con auto de no ha lugar; estamos listos para presentarlos y para demostrarlos en la corte cuando sea necesario”, manifestó.
Ortiz cuestionó que se dispusiera la apertura a juicio para unos acusados y el no ha lugar para otros, al sostener que la imputación está respaldada por testigos y documentos comunes.
“Las pruebas son pruebas del proceso y es ilógico establecer que, siendo todos acusados de lo mismo, con los mismos testigos y los mismos elementos documentales, había para algunos y no había para otros. Por tanto, todos irán a juicio”, enfatizó la titular de la Pepca.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación está integrada por los jueces Ysis Muñiz, quien la preside, Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar.
En representación del Ministerio Público participaron, junto a Ortiz, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución; el procurador de corte José Manuel Aguiló y los fiscales litigantes Melbin Romero, Rosa Ysabel, Arolin Lemos, Jhensy Víctor y Elvira Rodríguez.
Antecedentes del proceso
De acuerdo con el Ministerio Público, en mayo pasado el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados del proceso, mientras emitió autos de no ha lugar para los otros cinco, decisiones que ahora son objeto de apelación.
Entre los enviados a juicio figuran el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz; el abogado Ángel Lockward; el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo Mccabe; el exdirector de Catastro, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos, Julián Omar Fernández Figueroa.
El órgano acusador también identificó entre los procesados a Princesa Alexandra García Medina, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes.
Según la información suministrada por el Ministerio Público, el tribunal consideró que la acusación contenía suficientes elementos de prueba para que los 35 procesados respondieran en un juicio de fondo por los hechos atribuidos.
La acusación sostiene que la presunta estructura defraudó al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones mediante distintas modalidades de corrupción administrativa.
El Ministerio Público atribuye al grupo el desvío de recursos a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como el cobro de sobornos que, según su investigación, fueron utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El expediente también describe la presunta sustracción de dinero relacionado con pagos de deudas a ministerios y un esquema de sobornos vinculado con los juegos de azar, cuya regulación corresponde al Ministerio de Hacienda.
La acusación comprende a personas físicas y varias empresas por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. El Ministerio Público indicó que sustentó el expediente con más de 1,278 medios de prueba.
Como parte de esta investigación, el 18 de marzo de 2023 fueron ejecutados 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. En los operativos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de distintas unidades de investigación, 300 integrantes de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
