Ministerio Público pedirá 18 meses de prisión preventiva contra gastroenteróloga vinculada a Operación Cobra 2.0-A
SANTO DOMINGO, 21 sept.– El Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, investigada por su presunta participación en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Cobra 2.0-A, acusado de sustraer fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Heredia Vallejo fue arrestada luego de entregarse voluntariamente ante las autoridades. La imputada será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de la medida de coerción.
Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitarán que el proceso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de hechos investigados, la cantidad de víctimas y el elevado número de personas presuntamente involucradas.
El órgano acusador sostiene que se encuentra frente a una estructura de delincuencia organizada dedicada a cometer diferentes operaciones fraudulentas para desviar recursos pertenecientes al Estado dominicano.
El pasado sábado, el Ministerio Público sometió a la justicia a otras 25 personas arrestadas durante los operativos realizados como parte de la Operación Cobra 2.0-A.
Entre los imputados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También fueron sometidos los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud de prisión preventiva también alcanza a los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La Operación Cobra 2.0-A constituye una ampliación de las investigaciones iniciadas el pasado año, cuando fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del SeNaSa, señalado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla de la red de corrupción.
En esa primera fase también fueron imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización del expediente, el Ministerio Público procura obtener sanciones penales contra los involucrados y el decomiso de los bienes y recursos económicos derivados de la alegada sustracción de miles de millones de pesos al Estado.
Al grupo se le atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, utilización de documentos falsos y lavado de activos.
Según el órgano persecutor, durante la investigación se han obtenido evidencias relacionadas con sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y creación de programas especiales sin sustento jurídico, presuntamente utilizados para distraer fondos públicos mediante maniobras fraudulentas.
La acusación establece que el esquema de corrupción habría sido instalado desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa, en coordinación con funcionarios de esa Administradora de Riesgos de Salud y con la participación de prestadores privados de servicios médicos.
El Ministerio Público sostiene que los implicados se asociaron para perjudicar al Estado dominicano y aprovecharse de los recursos destinados a garantizar servicios sanitarios a millones de afiliados.
Las investigaciones relacionadas con el SeNaSa también dieron origen, en junio pasado, a la Operación Onco 14. En esa intervención fueron arrestadas tres personas acusadas de integrar una estructura que habría utilizado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante operaciones fraudulentas.
Las autoridades aseguran que esas actuaciones perjudicaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por cáncer y al propio Seguro Nacional de Salud.
Por ese caso fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También fue arrestada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, de quien se divorció en 2014. Vargas Sánchez ocupó la Vicepresidencia del patronato y, simultáneamente, se desempeñó como auditora interna y externa de la organización que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao, durante el período en que Lora Cruceta presidía esa asociación sin fines de lucro.
Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.