Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados en Operación Cobra 2.0-A
SANTO DOMINGO, 20 sept.– El Ministerio Público solicitó este sábado la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas arrestadas durante la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de las investigaciones sobre el presunto entramado de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo de fiscales encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El Ministerio Público atribuye a los imputados haber participado en distintas maniobras para defraudar al SeNaSa, presuntamente en complicidad con empleados de la administradora de riesgos de salud estatal. Además de la prisión preventiva, el órgano persecutor pidió al tribunal que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
De acuerdo con las autoridades, esta línea específica de investigación ha permitido cuantificar hasta el momento la presunta sustracción de más de RD$40 millones.
Ortiz acudió a depositar el expediente acompañada del procurador de corte Héctor García y de los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.
La instancia de solicitud de medida de coerción consta de unas 525 páginas y señala como imputados a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
Asimismo, figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La petición de prisión preventiva también incluye a los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Fiscalía pide declarar complejo el proceso
Los fiscales fundamentaron su petición para que el expediente sea declarado complejo en la existencia de una pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de considerar que las actuaciones investigadas se enmarcan, según la tesis del Ministerio Público, dentro de estructuras de delincuencia organizada.
Tras depositar la solicitud en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Mirna Ortiz recordó que el Ministerio Público había informado previamente sobre la existencia de varias líneas de investigación dentro de la Operación Cobra, relacionadas con diferentes mecanismos que habrían sido utilizados para extraer recursos del Seguro Nacional de Salud.
Ortiz explicó que el expediente presentado constituye otra evidencia de esas investigaciones y representa la tercera operación relacionada con fondos presuntamente sustraídos al SeNaSa dentro de esta fase del proceso.
La titular de la Pepca señaló que entre las 25 personas sometidas a la justicia figuran médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados del SeNaSa y otros individuos que, según la acusación preliminar, se habrían asociado para ejecutar la presunta estafa contra la institución.
Ortiz enfatizó que los recursos administrados por el Seguro Nacional de Salud son fondos públicos y, por tanto, pertenecen al patrimonio del Estado y de la sociedad dominicana.
La magistrada indicó que corresponde ahora esperar que el tribunal establezca la fecha para conocer la solicitud de medida de coerción. Precisó que, hasta esta etapa, las acciones judiciales están dirigidas contra personas físicas, aunque advirtió que las investigaciones continúan abiertas y podrían ampliarse.
37 allanamientos en cinco demarcaciones
La Operación Cobra 2.0-A fue desplegada por equipos de fiscales encabezados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, que realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez —específicamente Cotuí— y La Vega.
En el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales. También intervino la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Primera etapa de la Operación Cobra
La nueva fase forma parte de una investigación más amplia iniciada con la denominada Operación Cobra. En su primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, a quien el órgano acusador señala como supuesto cabecilla del entramado investigado.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Según el Ministerio Público, la Operación Cobra permitió desmantelar el presunto entramado y avanzar hacia su judicialización con el propósito de obtener sanciones penales y procurar el decomiso y recuperación de los recursos supuestamente sustraídos del patrimonio público.
La acusación sostiene que las actuaciones investigadas perjudicaron a los afiliados del SeNaSa al provocar una defraudación contra la ARS estatal que alcanzaría miles de millones de pesos dentro del conjunto de operaciones bajo investigación.
A los procesados de esa primera etapa se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante las investigaciones, el Ministerio Público asegura haber reunido evidencias relacionadas con sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico, mecanismos que presuntamente habrían servido para desviar fondos mediante operaciones fraudulentas.
La tesis del órgano acusador describe un supuesto esquema sistemático de corrupción instalado desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa y ejecutado, según los investigadores, mediante la participación coordinada de funcionarios de la ARS estatal y prestadores privados de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Operación Onco14, otra línea de investigación
Dentro de las distintas líneas vinculadas a las investigaciones sobre el SeNaSa, el Ministerio Público puso en marcha en junio pasado la Operación Onco14, que condujo al arresto de tres personas acusadas de integrar una estructura que presuntamente utilizó al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para obtener beneficios económicos mediante operaciones fraudulentas.
De acuerdo con la investigación, esas actuaciones habrían afectado al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al propio Seguro Nacional de Salud.
Por ese expediente fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También fue arrestada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, de quien se divorció en 2014. Según el Ministerio Público, Vargas Sánchez ocupó la Vicepresidencia y, al mismo tiempo, desempeñó funciones como auditora interna y externa del patronato encargado de administrar el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante el período en que Lora Cruceta presidía esa asociación sin fines de lucro.
Con la presentación de la solicitud contra los 25 nuevos imputados, el Ministerio Público mantiene abiertas las diferentes líneas investigativas derivadas de la Operación Cobra, mientras corresponde ahora al tribunal fijar la audiencia en la que serán debatidas la petición de prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de complejidad del proceso.