Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para implicados en Operación Cobra por desfalco millonario a SeNaSa
Santo Domingo, 9 Diciembre. — El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra diez personas arrestadas en el marco de la Operación Cobra, una investigación de alto perfil que destapó un millonario entramado de corrupción en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la Administradora de Riesgos de Salud pública destinada a garantizar servicios de salud a la población más vulnerable del país.
De acuerdo con los fiscales a cargo del caso, los implicados habrían defraudado al Estado dominicano con al menos 15 mil millones de pesos, mediante mecanismos fraudulentos que involucraban pagos indebidos, contratos simulados, y falsificación de documentos.
Entre los principales imputados figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del SeNaSa, quien encabeza el grupo acusado junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo de fiscales compuesto por Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán. Además de la prisión preventiva, el Ministerio Público pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja, dada la magnitud y sofisticación del esquema delictivo.
El fiscal Héctor García confirmó que la estafa al SeNaSa asciende preliminarmente a más de 15 mil millones de pesos, aunque las investigaciones podrían revelar una cifra aún mayor.
Las pesquisas están bajo la responsabilidad de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), lideradas por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz. Ambos han reiterado el compromiso del Ministerio Público con el combate firme contra la corrupción en la administración pública.
A los acusados se les imputan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos, entre otros delitos previstos en el Código Penal Dominicano y leyes especiales sobre corrupción y lavado.
