Ministerio Público pide enviar a juicio a exfiscal acusado de exigir soborno a investigado

Santo Domingo, 6 oct.– El Ministerio Público solicitó al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de exigir dinero a una persona bajo investigación y de recibir US$10,000 durante una entrega controlada realizada por las autoridades.
El juez Raymundo Mejía aplazó para el miércoles 7 de octubre, a las 11:30 de la mañana, la decisión sobre la solicitud presentada durante la audiencia de este lunes. También conoció una petición de cese de la prisión preventiva impuesta al procesado.
El procurador de corte Eduardo Velázquez, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, expresó confianza en que el tribunal admitirá íntegramente la acusación, las pruebas y la calificación jurídica propuesta.
“El juez difirió el fallo para pasado mañana, miércoles, 7 de octubre, a las 11:30 de la mañana, para su resolución; el Ministerio Público entiende que va a dictar auto de apertura a juicio, admitiendo de manera total la acusación y los elementos de prueba y la calificación jurídica”, declaró.
Velázquez integró el equipo litigante junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución. Sostuvo que la acusación está respaldada por elementos de prueba útiles, vinculantes, pertinentes y legales, que fueron presentados al tribunal durante la audiencia.
El representante del órgano persecutor afirmó, además, que el expediente cumple con los requisitos establecidos en el artículo 298 del Código Procesal Penal dominicano.
La acusación fue presentada en agosto por el Ministerio Público, representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Camacho, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, quien desempeña funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales.
El órgano acusador pidió la admisión total del expediente y de sus elementos de prueba, al considerar que son útiles, relevantes y pertinentes, y que fueron aportados conforme a los requerimientos legales.
Cuando ocurrieron los hechos atribuidos a Valdez Alcántara, este formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Entre las investigaciones en las que participó figura la iniciada a mediados de 2024 sobre el presunto entramado de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, desfalcó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por miles de millones de pesos.
De acuerdo con la acusación, la persona que posteriormente colaboró con la entrega controlada fue interrogada por Valdez Alcántara en diciembre del año pasado. Al finalizar el interrogatorio, el entonces fiscal le solicitó su número telefónico y después le escribió a través de WhatsApp.
El Ministerio Público sostiene que, tras una serie de acciones intimidatorias relacionadas con el proceso judicial, el acusado manifestó al investigado que podía ayudarlo y le pidió explícitamente US$200,000.
Según el expediente, durante las negociaciones redujo la exigencia a US$150,000, mostró interés en un reloj de la marca Rolex y exigió un vehículo Mercedes-Benz.
Posteriormente, ambos acordaron una entrega de US$10,000 en marzo de este año. La operación se realizó de manera controlada y, después de recibir el dinero, al exfiscal se le ejecutó una orden de arresto, conforme al relato del Ministerio Público.
Tras su sometimiento a la justicia, en mayo le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
La medida fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó la revisión obligatoria para el 3 de septiembre.
En su acusación, el Ministerio Público atribuye a Valdez Alcántara conductas que considera violatorias de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal dominicano.
También señala presuntas infracciones a los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9, numerales 1, 15 y 16, de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La decisión pendiente del tribunal determinará si la acusación reúne las condiciones para que el exfiscal sea enviado a juicio, donde deberán debatirse los hechos y las pruebas presentadas en su contra.