Ministerio Público pide juicio contra implicados en robo de municiones de la Policía
Santo Domingo, 30 junio.– El Ministerio Público solicitó este martes al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que envíe a juicio a todos los imputados que no llegaron a acuerdos con el órgano acusador en el proceso penal por el robo de miles de proyectiles, armas y pertrechos de la Policía Nacional, caso que salió a la luz tras la puesta en marcha de la Operación Pandora.
La petición fue formulada durante la audiencia preliminar por el fiscal litigante Enmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien manifestó su confianza en que el tribunal acogerá en su totalidad la acusación presentada y dictará auto de apertura a juicio contra los procesados.
El representante del Ministerio Público explicó que las pruebas recopiladas durante la investigación son suficientes para demostrar la responsabilidad penal de los imputados y permitir que el caso sea conocido en un juicio de fondo.
"Confiamos en que el tribunal acogerá íntegramente la acusación y enviará a juicio a todos los imputados que no alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público para que las pruebas sean debatidas en esa etapa del proceso", expresó Ramírez al concluir la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El fiscal indicó que la solidez del expediente llevó a que dos de los acusados decidieran suscribir acuerdos mediante el procedimiento penal abreviado, mientras que otros dos optaron por renunciar a la etapa preliminar y solicitar directamente la apertura a juicio, asumiendo una defensa positiva.
Como resultado de esos acuerdos, Marino Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión, a ser cumplidos bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que Miguelina Bello Segura recibió una pena de tres años, de los cuales deberá cumplir un año y seis meses en arresto domiciliario y el tiempo restante quedó suspendido bajo las condiciones establecidas por el tribunal.
Asimismo, el Ministerio Público informó que fue ordenado el cierre definitivo de la empresa Táctical Accesories RH, S.R.L., además del decomiso de múltiples armas de fuego y municiones ocupadas durante los allanamientos practicados como parte de la investigación.
Ramírez recordó que el caso fue descubierto en noviembre de 2024, cuando las autoridades detectaron la desaparición de miles de proyectiles y accesorios de armas almacenados en la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
Explicó que la investigación permitió establecer la existencia de una estructura integrada por agentes policiales y civiles dedicada a sustraer municiones y otros pertrechos militares para luego comercializarlos ilegalmente con particulares y miembros de organismos de seguridad.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado además por los fiscales Rosa Ysabel Mejía y Melbin Romero, quienes sostuvieron la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Patricia Padilla se reservó el fallo y fijó para el próximo 29 de julio la lectura de la decisión sobre la solicitud de apertura a juicio.
Presunto desfalco millonario
Según la acusación, la red criminal desmantelada mediante la Operación Pandora provocó un perjuicio económico al Estado dominicano ascendente a RD$92,191,732.92, mediante la sustracción sistemática de miles de proyectiles, armas, explosivos y otros pertrechos que permanecían bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
El expediente identifica como uno de los principales responsables al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, entonces intendente de Armas de la Policía Nacional, quien permanece en prisión preventiva por su presunta participación en los hechos.
También figura entre los principales imputados el capitán Nelson Valdez, encargado del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución al momento en que operaba la estructura criminal, quien igualmente guarda prisión preventiva.
Además, son procesados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez, quienes enfrentan distintas medidas de coerción mientras continúa el proceso judicial.
La acusación presentada por la Pepca involucra a 11 personas físicas, señaladas de participar en la sustracción y comercialización ilegal de proyectiles, armas de fuego, explosivos y otros materiales pertenecientes a la Policía Nacional.
De acuerdo con las investigaciones, los acusados actuaban de manera coordinada para extraer los bienes bajo custodia oficial y venderlos posteriormente de forma ilícita, obteniendo beneficios económicos en perjuicio del patrimonio público.
El Ministerio Público les atribuye la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, violación a la Ley 631-16 sobre Armas, legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, así como alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas, infracciones contempladas en el Código Penal Dominicano y en la legislación especial vigente.