Ministerio Público pide ratificar condenas de 10 años contra implicados en Operación Gavilán
Santo Domingo, 1 sept.– El Ministerio Público solicitó este martes a la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazar los recursos interpuestos por cuatro de los condenados a 10 años de prisión por integrar una red dedicada a borrar y alterar antecedentes penales a cambio de sobornos, desarticulada mediante la Operación Gavilán.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentaron ante el tribunal las pruebas que sustentaron las condenas impuestas en agosto de 2025 por el Cuarto Tribunal Colegiado contra Luis Peña Cedeño, Víctor Gilberto Mercedes, José Ramón Quezada y Pilar Irene Trinidad.
Velázquez afirmó que el órgano acusador demostró los hechos más allá de toda duda razonable mediante pruebas contundentes y sostuvo que los recursos presentados por los procesados carecen de fundamentos jurídicos y elementos probatorios que permitan revocar la sentencia.
“Lo que hemos conocido son cuatro recursos que, realmente, para los jueces y para nosotros como Ministerio Público, están acéfalos, en el sentido de que no tienen sustento ni elementos de prueba que puedan aportarles a los jueces de esta alzada para, al momento de la deliberación, revocar la decisión”, manifestó.
El fiscal agregó que la acusación y la sentencia fueron emitidas en favor de la sociedad y del Ministerio Público, sobre la base de hechos y disposiciones legales debidamente justificadas y motivadas.
Velázquez expresó su confianza en que la corte ratificará la decisión del tribunal de primera instancia.
“Entendemos que los cuatro recursos van a ser desestimados y confirmada la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado, el cual condenó a cada imputado a 10 años de prisión”, respondió al ser cuestionado por la prensa.
En cuanto a los alegatos formulados por los procesados durante el ejercicio de su defensa material, señaló que se trata de un derecho reconocido a cada imputado por la Constitución y el Código Procesal Penal para expresar lo que considere pertinente.
La corte, integrada por los jueces Pedro Sánchez Rivera, presidente; Nancy Joaquín y Mariana Daneyda García, se reservó el fallo para el 2 de octubre de 2026.
En agosto de 2025, a solicitud del Ministerio Público, fueron impuestas 13 condenas contra miembros de la estructura criminal, procesados por borrar o modificar, a cambio de sobornos, los registros de antecedentes penales de cientos de personas contenidos en la base de datos institucional.
El tribunal de primera instancia acogió las pruebas presentadas durante el juicio al considerarlas suficientes y contundentes para destruir la presunción de inocencia de los procesados.
Según el órgano acusador, durante el proceso se demostró de manera objetiva y coherente la existencia de una estructura de criminalidad organizada que operaba bajo la modalidad de cibercrimen.
La organización ejecutaba deliberadamente maniobras informáticas fraudulentas y accesos ilícitos para alterar, borrar, modificar, eliminar o dañar los datos y registros delictivos de personas que habían infringido las leyes penales dominicanas.
Esas informaciones se encontraban almacenadas en la base de datos de la infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público.
Las actividades ilícitas tenían como propósito obtener beneficios económicos mediante el pago y la recepción de sobornos, así como otros actos de corrupción.
El Ministerio Público estableció que la estructura sancionada representó una grave amenaza para la seguridad jurídica y el sistema de justicia penal de la República Dominicana, debido a que facilitó la evasión de personas sometidas a procesos judiciales o vinculadas con infracciones de distinta naturaleza.
Los condenados también hicieron posible que algunas personas obtuvieran documentos oficiales o pasaportes después de eliminar sus antecedentes de las bases de datos, lo que les permitió evadir los controles migratorios y fronterizos del país.
Entre los elementos probatorios recolectados por el Ministerio Público figuran testimonios, evidencias materiales, peritajes informáticos y financieros, grabaciones audiovisuales, documentos oficiales y pruebas digitales.
Esas evidencias fueron incorporadas legalmente al juicio y valoradas de manera coherente y conjunta por el tribunal de primera instancia, configurando, conforme al expediente, un cuadro probatorio sólido sobre la participación activa y consciente de los acusados.
Los procesados fueron condenados tomando en cuenta su grado de participación dentro de la estructura y la gravedad de los hechos atribuidos.