Ministerio Público pide rechazar extinción de acción penal solicitada por Donald Guerrero y otros acusados
Santo Domingo, 2 sept. – El Ministerio Público solicitó este miércoles al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal presentada por el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz y otros procesados en el expediente de la Operación Calamar.
El órgano acusador sostuvo que la solicitud busca evitar que los imputados respondan en un juicio de fondo por los hechos de presunta corrupción administrativa cometidos en perjuicio del Estado dominicano y de los contribuyentes.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó que las defensas continúen recurriendo a la extinción de la acción penal como una herramienta procesal para impedir que las pruebas sean debatidas ante el tribunal.
“Una vez más las defensas intentan rehuir al conocimiento del fondo de las acusaciones, al fondo de las pruebas, usando la extinción como una herramienta procesal; herramienta procesal que ha fallado en casos anteriores, tales como Juan Alexis Medina y Adán Cáceres, y que tendrá, inequívocamente, la misma consecuencia en este tribunal”, declaró Ortiz a periodistas de la fuente judicial.
La titular de la Pepca expresó su confianza en que el tribunal rechazará la petición y ordenará continuar con la presentación de la acusación.
“El tribunal rechazará la extinción, ordenará la presentación de la acusación y ahí nos veremos frente a las pruebas, donde la solución será única: la condena de los imputados”, manifestó.
Ortiz representó al Ministerio Público junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución; el procurador de corte Héctor García y los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos y Melbin Romero.
Al ser consultada sobre un recurso interpuesto por la defensa de Guerrero ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ortiz aseguró que esa acción tendrá el mismo resultado que otras presentadas anteriormente.
“El recurso de apelación va a cursar la misma suerte ante la corte y tendrá la decisión que sabemos: ese recurso será declarado inadmisible, rechazado por la corte y nos veremos aquí”, afirmó.
La representante del Ministerio Público consideró que las defensas de los diferentes expedientes por corrupción siguen estrategias similares para evitar los juicios de fondo.
“Ellos parecen haber estudiado todos con el mismo libro, porque todos acuden a las mismas instancias y todos reciben las mismas respuestas del sistema de justicia: los casos se resuelven en el tribunal, los casos van a juicio de fondo, nos enfrentaremos a las pruebas y tendrán que afrontar las consecuencias de sus actuaciones”, sostuvo.
Las defensas presentaron durante la audiencia de este 2 de septiembre la solicitud de extinción de la acción penal. En su intervención, Ortiz explicó al tribunal las razones que, según el Ministerio Público, provocaron las dilaciones registradas durante el conocimiento del proceso.
La procuradora de corte destacó que el expediente nunca estuvo paralizado y aseguró que durante todo el período se realizaron actuaciones procesales.
En relación con la cantidad de acusados, indicó que en el expediente figuran todas las personas investigadas por el órgano acusador por presuntamente infringir las disposiciones legales que sustentan la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fijó para el lunes 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la lectura de su decisión sobre la solicitud.
El proceso de la Operación Calamar
En mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados en el expediente de la Operación Calamar.
Entre los enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz; el abogado Ángel Lockward; el excontralor general de la República Daniel Omar de Jesús Camacho Santana; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirillo McCabe; el director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos y Juegos de Azar Julián Omar Fernández Figueroa.
El Ministerio Público apeló el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como de otros tres acusados. El órgano persecutor sostiene que el tribunal realizó una apreciación errónea de varias de las pruebas presentadas.
La acusación atribuye al grupo haber defraudado al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones mediante una supuesta estructura de corrupción administrativa investigada a través de la Operación Calamar.
También fueron enviados a juicio Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirillo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila.
La lista incluye, además, a César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
Durante la fase preliminar, el Ministerio Público solicitó que todos los procesados fueran enviados a juicio para responder por la alegada defraudación contra el Estado.
Los acusados fueron arrestados a partir del 18 de marzo de 2023, cuando el Ministerio Público puso en marcha la Operación Calamar. De acuerdo con la acusación, los procesados formaban parte de una estructura que habría desviado recursos públicos mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
El expediente también sostiene que parte del dinero obtenido mediante esas operaciones fue utilizada para el pago de sobornos y el financiamiento de la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público atribuye igualmente a la estructura la sustracción de recursos correspondientes al pago de deudas a distintos ministerios y la instalación de un presunto esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar, cuya regulación corresponde al Ministerio de Hacienda conforme al marco jurídico vigente.
El grupo es procesado por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.