Ministerio Público pide rechazar incidente de Jean Alain Rodríguez y afirma que su defensa busca retrasar el proceso
Santo Domingo, 30 julio.– El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar el incidente de extinción de la acción penal presentado por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, al considerar que carece de fundamento jurídico y que forma parte de una estrategia para evitar que el exfuncionario responda en juicio por los presuntos actos de corrupción que se le atribuyen.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que el órgano acusador desmontó "una a una" todas las argumentaciones presentadas por la defensa, demostrando mediante una cronología del proceso la conducta reiterada de los imputados para retardar el conocimiento del caso.
"En el día de hoy hemos continuado con el conocimiento del incidente de extinción presentado por la defensa de Jean Alain Rodríguez, al que otras defensas se adhirieron", expresó Ortiz a los periodistas al concluir la audiencia celebrada este miércoles, la cual fue aplazada hasta el próximo lunes.
La procuradora explicó que el Ministerio Público presentó un recuento cronológico del desarrollo del proceso judicial, el cual, según indicó, evidencia las maniobras dilatorias empleadas por las defensas desde la etapa de instrucción.
"El Ministerio Público desmontó, una a una, todas las argumentaciones planteadas por esta defensa, estableciendo un cronológico real del transcurrir del proceso, cronológico que no tenemos que contarles a ustedes, porque ustedes lo vivieron, estuvieron ahí, día con día, desde el Juzgado de la Instrucción, recogiendo todas las incidencias del proceso", manifestó.
Ortiz recordó que las actas de audiencia entregadas al tribunal reflejan el comportamiento procesal de los imputados desde el inicio del expediente.
"Demuestran cuál fue la conducta de los imputados desde el primer día, intentando retardar el conocimiento del proceso para, precisamente, ahora, pretender beneficiarse del vencimiento del plazo máximo", afirmó.
Como ejemplo de esa conducta, señaló que durante la audiencia preliminar la propia defensa de Jean Alain Rodríguez solicitó más de cien días hábiles para preparar y depositar su escrito de defensa.
"Una de las tantas cosas que ocurrieron en esa audiencia preliminar fue que la defensa del propio imputado, que hoy pretende ser favorecido, solicitó más de cien días de plazo hábil para producir su escrito de defensa", indicó.
Agregó que una defensa que actuó de esa manera no puede alegar posteriormente violación al plazo razonable del proceso.
"Entonces, una defensa que se comporta de esa manera, no puede alegar hoy y pretender que se le reconozca plazo razonable", sostuvo Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.
Asimismo, destacó que la posición del Ministerio Público está respaldada por la jurisprudencia de distintos tribunales del país.
"Otro aspecto importante a resaltar es que este criterio no es un criterio del Ministerio Público. Demostramos con jurisprudencia de los tribunales de primer grado, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional que los casos complejos se miden bajo criterios y estándares distintos, tal y como ahora lo ha establecido el legislador en los artículos del 146 al 150 del Código Procesal Penal", señaló.
En ese sentido, afirmó que no existen elementos para declarar extinguida la acción penal y confió en que el tribunal rechazará el pedimento.
"Por tanto, no podemos hablar de extinción, y este tribunal, tal cual lo ha hecho en otras ocasiones, va a rechazar la solicitud planteada por el imputado", expresó.
Durante la audiencia de este miércoles, Ortiz inició la réplica formal a la solicitud de extinción presentada por la defensa de Jean Alain Rodríguez.
En su exposición recordó que el Tribunal Constitucional amplió el alcance del análisis sobre las dilaciones procesales mediante la sentencia TC1106-2024, emitida el 30 de diciembre de 2024.
"Se hace necesario puntualizar o recalcar lo plasmado en la sentencia TC1106-2024, del 30 de diciembre de 2024, relativo a que si bien es cierto que la superación del plazo previsto en la norma procesal penal se inscribe en un plazo razonable atendiendo a las particularidades del caso y la capacidad de respuesta del sistema, no es menos cierto que en la especie y conforme a lo ya comprobado del estudio de la sentencia recurrida, no revela de manera detallada y pormenorizada cuáles fueron las particularidades del caso que generaron la dilación", expuso durante su intervención.
Añadió que el criterio del Tribunal Constitucional establece que, cuando los jueces se aparten del plazo legal previsto en la normativa procesal, deben justificar debidamente esa decisión, permitiendo valorar cada caso con criterios de razonabilidad y no únicamente con base en plazos estrictamente establecidos por la ley.
Por su parte, el fiscal Enmanuel Ramírez presentó una cronología completa del proceso judicial con el propósito de demostrar las tácticas dilatorias utilizadas por las defensas para retrasar el avance del expediente.
Al concluir la jornada, las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto aplazaron la audiencia para el próximo 3 de agosto, a las 10:00 de la mañana.
Acusación por presunta red de corrupción
De acuerdo con el expediente acusatorio, Jean Alain Rodríguez Sánchez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos ejecutados entre 2016 y 2020, período en el que ocupó el cargo de procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, el expediente incluye a Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
El Ministerio Público imputa a Jean Alain Rodríguez Sánchez y a los demás acusados cargos por corrupción administrativa, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.