Ministerio Público pide tres meses de prisión preventiva contra dos acusados de proxenetismo agravado y lavado de activos
Santo Domingo, 15 sept.– El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva contra dos hombres imputados de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, a quienes acusa de integrar un esquema dedicado a la explotación sexual de personas adultas y presuntos menores de edad en el Distrito Nacional.
Los imputados son Henry Tomás Castillo Peña, conocido como “Juan” y/o “el Patrón”, de 57 años, y Brailyn López del Rosario, alias “Brayan”, de 20, quienes fueron arrestados mediante órdenes judiciales como parte de una investigación desarrollada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, las autoridades recopilaron diferentes evidencias que presuntamente vinculan a los dos hombres con actividades de explotación sexual, para las cuales utilizaban redes sociales con el propósito de compartir material pornográfico y ofrecer servicios sexuales de las víctimas a cambio de pagos recibidos mediante cuentas bancarias y en efectivo.
Según la PETT, las actividades ilícitas eran realizadas en un edificio localizado en la calle Emilio Prud’Homme, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional.
La investigación está encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional. El equipo está integrado, además, por las fiscales Aleika Almonte y Noelia Tavera, el fiscalizador Roberto Reyes y los fiscales del Distrito Nacional Kelvyn Colón Rodríguez y Yonoris Suero.
En las pesquisas también participan el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional (DETT), la División Especializada de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional (DEIDET), la Unidad de Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Conexos (UITIMC) y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
Las autoridades dominicanas cuentan igualmente con el respaldo de otros organismos que forman parte de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado, así como con la cooperación internacional de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.
Investigación se originó tras intervención en aeropuerto JFK
El expediente se inició después de que HSI y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo notificaran a las autoridades dominicanas y entregaran documentos y otros elementos relacionados con el caso mediante el mecanismo de cooperación internacional establecido en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el Ministerio Público, un hecho determinante ocurrió el 13 de noviembre de 2025, cuando Henry Tomás Castillo Peña fue intervenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), vinculados a HSI, luego de arribar a Nueva York a través del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).
Castillo Peña fue sometido a una segunda inspección ante sospechas de que pudiera estar relacionado con delitos vinculados al abuso sexual infantil y la posesión de contenido sexual explícito de niños, niñas y adolescentes.
Durante esa intervención, según relata el expediente, Castillo Peña entregó a los agentes su teléfono celular, un Samsung Galaxy S25 Ultra, y autorizó verbalmente al oficial actuante a inspeccionar el dispositivo. Las autoridades estadounidenses procedieron entonces a revisar el teléfono y las diferentes redes sociales utilizadas por el ahora imputado.
El Ministerio Público sostiene que durante la inspección los agentes de CBP encontraron en la aplicación WhatsApp videos que corresponderían a material de abuso sexual infantil, además de una conversación entre Castillo Peña y otro hombre que presuntamente solicitaba servicios sexuales de un menor de edad.
Según la acusación preliminar, ante el interés manifestado por esa persona, Castillo Peña habría proporcionado como dirección para recibir el servicio un inmueble ubicado en la calle Emilio Prud’Homme, en San Carlos, la misma edificación que posteriormente fue allanada por las autoridades dominicanas.
A partir de esos hallazgos y de las investigaciones posteriores, el Ministerio Público sostiene que Castillo Peña presuntamente se dedicaba a actividades de explotación sexual y que además poseía material de abuso sexual infantil.
Allanamiento en San Carlos
Como parte de las pesquisas, miembros del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional ejecutaron la orden de allanamiento número 0025-septiembre-2026, de fecha 9 de septiembre de 2026, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Cuando las autoridades ingresaron al inmueble señalado en la investigación fueron recibidas, según el expediente, por Brailyn López del Rosario, alias “Brayan”, el segundo imputado en el proceso.
El Ministerio Público indicó que en el establecimiento se encontraban varias personas que, conforme a la investigación, eran víctimas de explotación sexual atribuida a Castillo Peña.
Durante la requisa, los investigadores ocuparon numerosos objetos y documentos que consideran relacionados con los delitos investigados. Entre las evidencias figuran cientos de preservativos y lubricantes, cuadernos con anotaciones sobre los servicios presuntamente prestados por el imputado y las víctimas, facturas de pagos, teléfonos celulares y equipos de cámaras de seguridad.
Las autoridades también ocuparon títulos de propiedad, pasaportes pertenecientes al imputado, dinero en efectivo y diversos documentos personales, entre otros elementos que serán incorporados al proceso investigativo y sometidos a los análisis correspondientes.
El órgano acusador sostiene que las evidencias obtenidas durante la investigación y el allanamiento permiten vincular a los imputados con los delitos de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de las actividades y establecer si existen otras personas involucradas.
Audiencia de coerción aplazada para este lunes
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el domingo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción y fijó la audiencia para este lunes 15 de septiembre de 2026.
En esa audiencia, el Ministerio Público solicitará formalmente que Castillo Peña y López del Rosario sean enviados a prisión preventiva durante tres meses mientras avanzan las investigaciones.