Ministerio Público presenta 706 presuntas pruebas en caso Cobra 2.0-A; Camacho afirma que 13 imputados admitieron los hechos ante el tribunal

La Fiscalía mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra 18 acusados y pidió arresto domiciliario para otros nueve que colaboran con la investigación. El juez Rigoberto Sena dará a conocer su decisión este domingo a las 7:00 de la noche.
Santo Domingo, 26 de septiembre de 2026.– El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, informó que al menos 13 imputados en la Operación Cobra 2.0-A admitieron los hechos que se les atribuyen durante la audiencia de conocimiento de medidas de coerción, luego de que el órgano acusador presentara 706 medios de prueba relacionados con el presunto entramado de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Camacho sostuvo que las admisiones realizadas ante el tribunal constituyen, a juicio del Ministerio Público, una demostración de la fortaleza de la investigación y expresó su confianza en que el juez acoja las medidas de coerción solicitadas contra los involucrados.
“Hemos presentado la medida de coerción que ha traído el Ministerio Público; que terminada la presentación de la medida no solamente está sustentada en unos 706 medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público, sino que, además, esas pruebas han llevado al menos a 13 de los imputados a admitir los hechos ante el tribunal”, declaró.
El funcionario ofreció sus declaraciones a los periodistas a la salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para este domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
Camacho encabezó el equipo litigante del Ministerio Público, integrado también por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz; el procurador de corte Héctor García, y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.

Ministerio Público solicita prisión preventiva para 18 imputados

El órgano acusador mantiene su solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra 18 personas vinculadas al expediente.
Entre los imputados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova, así como la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La petición también comprende a los profesionales de la medicina Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
De acuerdo con el Ministerio Público, las pruebas presentadas establecen una vinculación suficiente entre los hechos investigados y las personas sometidas, por lo que considera necesaria la imposición de las medidas solicitadas.
Solicitan arresto domiciliario para nueve acusados que admitieron los hechos
Durante la audiencia, Camacho modificó la petición inicial de prisión preventiva respecto a nueve imputados que, según explicó, reconocieron los hechos atribuidos y han colaborado con las autoridades investigadoras.
Los beneficiarios de la solicitud de arresto domiciliario son Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El Ministerio Público solicitó que estas personas cumplan la medida en los domicilios que suministraron al tribunal.
Camacho explicó que la decisión responde a la política institucional de tomar en consideración la colaboración de los procesados, especialmente cuando admiten los hechos, manifiestan arrepentimiento y ofrecen disculpas ante el tribunal.
No obstante, aclaró que el reconocimiento de responsabilidad no supone la conclusión del procedimiento judicial ni elimina las consecuencias penales que pudieran derivarse de las investigaciones.
“Una parte de los implicados han colaborado con la investigación del Ministerio Público”, manifestó el procurador adjunto, quien reiteró que las admisiones constituyen una muestra de la contundencia de las evidencias recopiladas.
Fiscalía cuestiona documentos presentados por las defensas
Durante su intervención de réplica, Camacho también rechazó algunos argumentos de los abogados defensores, particularmente los relacionados con la presentación de documentos personales y académicos para intentar demostrar que sus representados no presentan peligro de fuga.
Afirmó que la entrega de certificados académicos y otros documentos no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para desvirtuar los riesgos procesales que, según la acusación, deben evaluarse en función del daño económico que habría que resarcir y de las posibles penas.
“Las defensas confunden documentos con presupuestos”, sostuvo Camacho, al insistir en que el Ministerio Público presentó evidencias suficientes para justificar las medidas de coerción requeridas.

Mirna Ortiz: el derecho a la salud es el bien jurídico afectado

Por su parte, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, sostuvo que el proceso judicial no debe analizarse exclusivamente desde la perspectiva de las cantidades económicas presuntamente recibidas por cada imputado, debido a que los hechos investigados comprometen un derecho fundamental de la población.
Ortiz explicó que el bien jurídico protegido en este expediente es el derecho a la salud y cuestionó los argumentos de algunas defensas que, según indicó, intentaron reducir la discusión a los montos de dinero atribuidos a sus representados.
“Esto no se trata de los montos percibidos, porque el bien jurídico en este proceso no radica en cuánto recibió o dejó de recibir la persona, el bien jurídico protegido aquí es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud”, expresó.
La procuradora de corte precisó que la investigación continúa abierta y que las cantidades consignadas en la solicitud de medidas de coerción no necesariamente representan la totalidad de los recursos que pudieron recibir las personas investigadas.
Explicó que, en esta fase procesal, corresponde al Ministerio Público presentar los elementos necesarios para establecer la vinculación de los imputados con los hechos y justificar ante el tribunal la necesidad de imponer medidas cautelares.
Asimismo, reveló que una parte de los recursos presuntamente entregados a los involucrados no podrá rastrearse mediante transacciones bancarias, debido a que, según declaraciones ofrecidas por algunos de los propios imputados, los pagos se realizaban en efectivo.
Ortiz señaló que esas operaciones pueden acreditarse mediante otros medios probatorios incorporados a la investigación.
El Ministerio Público también solicitó la declaratoria de complejidad del expediente, conforme a la legislación procesal vigente, alegando la pluralidad de hechos investigados, víctimas y posibles implicados, así como las características de delincuencia organizada que atribuye a la estructura.
Operación Cobra: investigación comenzó con el arresto del exdirector de SeNaSa
La Operación Cobra 2.0-A constituye una continuación de las investigaciones iniciadas el pasado año contra una presunta estructura de corrupción administrativa que habría operado dentro del Seguro Nacional de Salud.
En la primera etapa, denominada Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó al exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el órgano persecutor como supuesto cabecilla del entramado.
También fueron arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
La acusación atribuye a los involucrados delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, las investigaciones han permitido recopilar evidencias sobre un presunto esquema de sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico, mediante los cuales se habrían desviado recursos públicos.
El órgano acusador sostiene que la estructura operaba mediante la participación de funcionarios de la administradora estatal de riesgos de salud y prestadores privados de servicios médicos, quienes presuntamente actuaban de manera coordinada para obtener beneficios económicos irregulares.
Con la judicialización del expediente, las autoridades procuran la imposición de sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según sus investigaciones, fueron sustraídos al Estado dominicano.
Operación Onco14: otra línea de investigación vinculada al SeNaSa
Como parte de las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en el sistema de salud, el Ministerio Público puso en marcha en junio pasado la Operación Onco14, que condujo al arresto de tres personas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Las autoridades sostienen que esta estructura habría desarrollado maniobras fraudulentas para obtener beneficios económicos en perjuicio del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes afectados por cáncer y el Seguro Nacional de Salud.
Por este expediente fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
De acuerdo con el Ministerio Público, Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones de auditora interna y externa de la entidad que administra el instituto oncológico durante la gestión del principal imputado.
Lora Cruceta y su esposa cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
Las investigaciones de Cobra, Cobra 2.0-A y Onco14 forman parte de las actuaciones judiciales mediante las cuales el Ministerio Público procura establecer responsabilidades por las presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del sistema público de salud y recuperar los recursos económicos que habrían sido desviados.
En el caso Cobra 2.0-A, corresponderá ahora al juez Rigoberto Sena decidir sobre las medidas de coerción solicitadas, durante la audiencia fijada para este domingo a las 7:00 de la noche.