Ministerio Público presenta acusación contra Donald Guerrero y otros implicados en Operación Calamar
Santo Domingo, 16 sept.– El Ministerio Público presentó este miércoles ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su acusación contra el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz y otros procesados por presuntos actos de corrupción administrativa que habrían provocado al Estado dominicano pérdidas superiores a RD$19,000 millones.
La acusación fue expuesta mediante el alegato de apertura del procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), y los fiscales litigantes Rosa Ysabel, Miguel Collado, Miguel Crucey, Jhensy Víctor, Melbin Romero, Rosa Alba García, Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método, el lucro y la permanencia en el poder como finalidad”, manifestó Camacho al comenzar la presentación del caso.
Las conclusiones de la acusación fueron presentadas por Ortiz, quien explicó al tribunal la manera en que las pruebas recopiladas por el órgano acusador demostrarían los métodos presuntamente utilizados por los imputados para cometer los delitos atribuidos.
“El Ministerio Público en el día de hoy ha presentado su acusación al tribunal, demostrando que esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, declaró Ortiz al responder preguntas de los periodistas que cubrían el juicio.
La titular de la Pepca afirmó que cada línea de investigación expuesta en la acusación estuvo acompañada de referencias directas a las pruebas testimoniales y periciales que serán presentadas durante el proceso judicial.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que, en su momento, vamos a solicitar”, sostuvo.
Ortiz indicó, además, que las investigaciones relacionadas con el caso continúan abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso, y más adelante veremos”, expresó.
Mecanismos atribuidos a la estructura
Al presentar las conclusiones de la acusación, Ortiz manifestó que el método presuntamente utilizado para lavar el dinero era sencillo y contaba con la participación de personas ubicadas en diferentes posiciones y con distintos niveles de intervención.
“Desde diferentes posiciones, con distintos niveles de intervención y garantías, participaron en una estructura que obtuvo recursos públicos mediante diferentes mecanismos fraudulentos descritos en cada una de las intervenciones”, señaló.
Según la representante del Ministerio Público, entre esos mecanismos se encontraban irregularidades en los pagos por expropiaciones, reconocimientos de deudas sin causa lícita, cesiones de créditos fraudulentas y otras operaciones.
Explicó que posteriormente se ejecutaban acciones de ocultamiento, simulación y encubrimiento del origen y la naturaleza de los fondos obtenidos.
“Para lograrlo se utilizaron personas físicas como prestanombres y sociedades comerciales que se desvanecieron inmediatamente lograron su fin”, agregó Ortiz.
La funcionaria afirmó que el Ministerio Público demostrará que determinadas cesiones de créditos fueron empleadas para transferir fondos públicos a personas y empresas que no eran sus verdaderos destinatarios.
De acuerdo con la acusación, luego de obtener el dinero, el propósito era integrarlo al sistema y utilizarlo como si se tratara de recursos adquiridos de manera lícita.
Ortiz aseguró que el último paso consistía en incorporar los recursos al patrimonio de los beneficiarios y destinarlos a actividades políticas, sin declarar ante la Junta Central Electoral el origen de esos bienes.
La estructura, según expuso la titular de la Pepca, también habría utilizado los fondos para adquirir bienes muebles e inmuebles.
“El Ministerio Público está seguro y convencido de que, una vez producidas estas pruebas ante este tribunal, escuchados los testigos —que no solo percibieron el hecho a través de sus sentidos, sino que en muchos casos formaron parte de la organización criminal misma—, producidas las experticias y los testimonios de los peritos, se llegará a una única e inequívoca decisión”, sostuvo Ortiz.
Indicó que esa decisión deberá establecer y mantener la responsabilidad penal atribuida a cada uno de los acusados conforme al expediente presentado por el Ministerio Público.
Las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta del tribunal; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez aplazaron la audiencia para el próximo 24 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Enviados a juicio en mayo
En mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo la apertura a juicio contra 35 de las 40 personas acusadas de corrupción en el expediente derivado de la Operación Calamar.
Entre los enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz; el abogado Ángel Lockward; el excontralor general de la República Daniel Omar de Jesús Camacho Santana; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirillo Mccabe; el director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos y Juegos de Azar Julián Omar Fernández Figueroa.
El órgano acusador apeló el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como de otros tres acusados. El Ministerio Público sostiene que el tribunal realizó una apreciación errónea de varias de las pruebas aportadas.
También fueron enviados a juicio Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirillo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila.
La lista incluye, además, a César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.