Ministerio Público presenta acusación formal contra red de sobornos desmantelada en la Operación Lobo
Santo Domingo, 15 julio.– El Ministerio Público presentó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una presunta red criminal que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones públicas del Estado.
La acusación fue instrumentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, como parte del proceso derivado de la Operación Lobo, ejecutada en julio de 2025 para desmantelar la estructura de corrupción.
De acuerdo con el expediente, el entramado operó mediante el pago sistemático de sobornos a funcionarios responsables de la seguridad institucional en distintas entidades públicas, con el propósito de garantizar la adjudicación, permanencia y renovación de contratos de vigilancia privada.
Entre los acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, también exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de EdeEste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Asimismo, el Ministerio Público incluyó como imputadas a las personas jurídicas Servicios Senase, S.R.L. y El Niño Prodigio, EIRL, ambas vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, así como Magestym Waste & Recycling Company, S.A. y Magesty Recycling, S.R.L., empresas atribuidas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Sobornos por más de RD$108 millones
Según la acusación, la estructura criminal distribuyó RD$108,080,359.92 en pagos ilícitos, dinero que habría sido exigido y recibido por responsables de los departamentos de seguridad de varias instituciones públicas para favorecer a determinadas compañías de vigilancia privada.
El expediente sostiene que los sobornos se pagaban mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el objetivo de asegurar la continuidad de los contratos, agilizar procesos administrativos y evitar cualquier tipo de fiscalización sobre la ejecución de los servicios contratados.
El Ministerio Público afirma que los funcionarios implicados, llamados a supervisar el cumplimiento de los contratos y proteger los recursos públicos, actuaban en beneficio de las empresas favorecidas a cambio de compensaciones económicas, permitiendo la permanencia de un esquema de corrupción que operó durante varios años.
Investigación se originó por denuncia de Ética Gubernamental
Las investigaciones comenzaron tras una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que alertó sobre la existencia de una red dedicada a defraudar al Estado mediante la manipulación de procesos de contratación y la exigencia sistemática de sobornos para favorecer a empresas de seguridad privada.
De acuerdo con la investigación, la empresa Senase habría realizado pagos irregulares durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, beneficiándose de contratos con distintas instituciones públicas gracias a la complicidad de funcionarios responsables de la seguridad institucional.
El órgano acusador sostiene que este mecanismo convirtió el sistema de supervisión de los contratos en una estructura subordinada a intereses particulares, anulando los controles internos y facilitando que determinadas empresas continuaran operando con recursos públicos mediante prácticas fraudulentas.
La acusación agrega que el esquema de corrupción permitió a los implicados mantener un control efectivo sobre la recepción y supervisión de los servicios contratados, favoreciendo deliberadamente a determinadas compañías en perjuicio del patrimonio del Estado y de los principios de transparencia en la administración pública.
Solicitan apertura a juicio
El Ministerio Público solicitó al tribunal que admita de manera íntegra la acusación junto con todos los elementos de prueba recopilados durante la investigación y que dicte auto de apertura a juicio contra todos los imputados, tanto personas físicas como jurídicas.
Además, requirió que sea fijada la audiencia preliminar en la que el tribunal conocerá la acusación y decidirá si existen méritos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que, según el Ministerio Público, fueron cometidos mediante una estructura organizada que afectó a varias instituciones públicas y ocasionó importantes pérdidas al patrimonio estatal.