
Ministerio Público rechaza retrasos en proceso por sobornos de más de RD$108 millones
Santo Domingo, 17 Nov.— El Ministerio Público sostuvo este lunes que no existen razones jurídicas válidas para suspender o retrasar el proceso contra los acusados de integrar una presunta red que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
El fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto fijó la posición del órgano acusador al salir del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el imputado Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), recusó al juez Deiby Timoteo Peguero.
“No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias”, expresó Guzmán Alberto ante los periodistas.
El representante del Ministerio Público manifestó que espera que la Corte de Apelación rechace la recusación y disponga la continuidad del procedimiento.
“Esperamos que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del presente proceso”, afirmó.
En octubre pasado, el juez Peguero ordenó separar el proceso seguido contra Caamaño Pérez del expediente principal presentado por el Ministerio Público contra los presuntos integrantes de la red.
Acusación contra personas físicas y empresas
El órgano persecutor recordó que en julio presentó acusación y solicitó la apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas como integrantes de la presunta estructura de sobornos.
Entre los acusados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
También están incluidos Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
La acusación comprende, además, a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, que el comunicado identifica como propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como a Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, señaladas como propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Sobornos para asegurar contratos
De acuerdo con el expediente, los pagos identificados ascienden a RD$108,080,359.92. El Ministerio Público atribuye su exigencia y recepción a responsables de la seguridad institucional de diversas entidades estatales y a los demás funcionarios procesados.
La investigación fue iniciada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el órgano acusador, la denuncia permitió identificar una presunta organización dedicada a estafar al Estado mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos para favorecer a contratistas de servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
El Ministerio Público sostiene que Senase realizó pagos a funcionarios durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante diferentes mecanismos, entre ellos transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo.
Conforme a la acusación, esas operaciones tenían como finalidad garantizar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa.
