Ministerio Público se declara listo para enjuiciar red acusada de estafar más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones
Santo Domingo, 25 agosto.- El Ministerio Público informó este martes que está preparado para presentar la acusación y las pruebas contra los integrantes de una presunta red desmantelada mediante la Operación Gaviota, señalada de movilizar más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través de un esquema piramidal que perjudicó a más de 300 personas.
El juicio está programado para comenzar el próximo 15 de septiembre ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez.
Durante la audiencia, el órgano acusador estuvo representado por los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña, quienes comunicaron al tribunal que están listos para conocer el proceso penal y presentar los elementos probatorios reunidos durante la investigación.
Por el caso están acusados como presuntos cabecillas Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez. También figuran Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
Asimismo, fueron enviados a juicio O’neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.
De acuerdo con la acusación, para desarrollar sus operaciones la estructura utilizó las empresas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
También habría operado mediante Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
El pasado año, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dictó auto de apertura a juicio al considerar suficientes las más de 650 pruebas aportadas por el Ministerio Público para sustentar el expediente.
El conjunto probatorio incluye 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 evidencias documentales y 29 materiales.
Más de 300 víctimas en distintas provincias
Según el expediente, los acusados captaron fondos pertenecientes a 332 víctimas residentes en diferentes provincias del país. Muchas de estas personas habrían hipotecado sus propiedades o comprometido sus ahorros personales con la expectativa de obtener beneficios económicos.
La acusación establece que los miembros de la estructura reclutaban inversionistas y los convencían de que participarían en operaciones financieras legítimas. Para ello, presuntamente crearon empresas destinadas a captar valores del público sin contar con los permisos y registros exigidos por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las investigaciones realizadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público determinaron que no existían inversiones legítimas en los mercados internacionales. En realidad, según el órgano persecutor, funcionaba un esquema Ponzi, mediante el cual los pagos entregados a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes.
El Ministerio Público sostiene que Rafael Martínez Batista y su cónyuge, Eridania García Veloz de Martínez, encabezaban las operaciones junto con los demás acusados. Para captar a las víctimas, utilizaban la empresa Investor Winner IW S.R.L., además de un entramado de sociedades comerciales y cooperativas ficticias.
La presunta organización también se valió de plataformas y redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión y atraer a cientos de personas.
El expediente indica que los imputados falsificaron estados financieros y constituyeron empresas de fachada con la finalidad de generar confianza entre los potenciales inversionistas y conferir apariencia de legalidad a sus operaciones.
Una vez colapsado el esquema, los acusados habrían cedido las acciones de las empresas y abandonado sus domicilios habituales, con el propósito de ocultar rastros y obstaculizar las investigaciones de las autoridades.
El grupo enfrenta acusaciones por la presunta violación de varios artículos del antiguo Código Penal, así como de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley Monetaria y Financiera número 183-02, la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana y la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas.
Además, el Ministerio Público le atribuye infracciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La presunta estructura financiera fue desmantelada durante la Operación Gaviota, desplegada por el Ministerio Público en junio de 2024.