Ministerio Público se opone a devolver teléfono incautado en caso Intrant
Santo Domingo, 30 junio.– El Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declarar inadmisible la petición presentada por uno de los imputados en el proceso de corrupción administrativa relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la cual reclama la devolución de un teléfono celular incorporado como evidencia en el expediente judicial.
La solicitud fue presentada por Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien, junto al exdirector del Intrant Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez y otros implicados, fue enviado a juicio el pasado 5 de junio por presuntos actos de corrupción, lavado de activos, desfalco y otros delitos en perjuicio del Estado dominicano.
Durante la audiencia, el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, representante del Ministerio Público, explicó que el dispositivo cuya devolución reclama el imputado forma parte de las pruebas materiales incorporadas a la acusación y constituye una evidencia relevante para el desarrollo del proceso penal.
El representante del órgano acusador indicó que Álvarez Carbuccia solicita la devolución de un teléfono móvil Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los RD$3,000. Agregó que, de manera alternativa, el imputado pidió que, en caso de no recibir el equipo, el Estado sea condenado al pago de una indemnización ascendente a RD$7 millones.
Pérez Fulcar sostuvo que la petición carece de fundamento, debido a que el aparato fue sometido a análisis pericial por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y forma parte de las evidencias extraídas durante la investigación, por lo que resulta indispensable para sustentar la acusación presentada por el Ministerio Público.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Patricia Padilla se reservó el fallo y anunció que la decisión será emitida el próximo 23 de julio.
Acusaciones del caso
De acuerdo con el expediente acusatorio, el exdirector del Intrant, Hugo Beras, habría facilitado la adjudicación irregular de contratos a empresas que presuntamente no contaban con la capacidad técnica requerida y participó en maniobras relacionadas con la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
Por su parte, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) es señalado por el Ministerio Público como beneficiario de contratos presuntamente fraudulentos otorgados a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de atribuirle el control de los sistemas de semaforización, videovigilancia y espionaje tecnológico, así como el supuesto sabotaje de la red semafórica de la capital.
La acusación también atribuye a Juan Francisco Álvarez Carbuccia la emisión de certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria que habrían servido para viabilizar las operaciones investigadas.
Los demás imputados enfrentan cargos por presunto lavado de activos, testaferrato, sabotaje de la red semafórica, manipulación de procesos de licitación, alteración de decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas vinculadas al esquema de corrupción y falsificación de certificaciones oficiales.
En cuanto a las personas jurídicas incluidas en el expediente, el Ministerio Público sostiene que fueron utilizadas para obtener contratos de manera fraudulenta y para ejercer el control de la infraestructura tecnológica de la red semafórica, como parte de las operaciones ilícitas investigadas.
El grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, a solicitud del Ministerio Público, acusado de integrar una estructura dedicada al desfalco del Estado mediante la comisión de delitos como lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos de alta tecnología, uso de documentos privados falsos, contrabando y violación de la Ley de Armas.