Ministerio Público solicita condenas severas en juicio por corrupción administrativa vinculado a operaciones Coral
SANTO DOMINGO, 26 marzo. – El Ministerio Público expresó su expectativa de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emita condenas significativas en el proceso judicial que se sigue contra varios altos oficiales y otros imputados acusados de integrar una red de corrupción administrativa desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, manifestó que el órgano acusador aspira a que las decisiones del tribunal tengan un carácter ejemplar.
Sus declaraciones se produjeron al referirse al desarrollo del juicio y a planteamientos realizados por la defensa de uno de los procesados, Raúl Alejandro Girón Jiménez, en relación con un acuerdo de colaboración suscrito con el Ministerio Público.
Camacho indicó que dicho acuerdo consta en un documento formal que ha sido puesto a disposición del tribunal, y sostuvo que los términos pactados deben ser respetados por las partes. Asimismo, explicó que, conforme al carácter oral del proceso penal, la presentación del acuerdo puede realizarse en audiencia, aunque fue depositado para mayor claridad del tribunal.
El representante del Ministerio Público reiteró que el acuerdo contempla, entre otros aspectos, el decomiso de bienes y dinero, lo cual —según afirmó— está sustentado en las pruebas presentadas durante el juicio.
Solicitud de penas y sanciones
En el marco del proceso, el Ministerio Público solicitó penas de hasta 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, así como otros oficiales vinculados al caso.
Para otro grupo de acusados, el órgano persecutor solicitó condenas de 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos, mientras que para varios implicados adicionales requirió penas de 10 años de prisión y sanciones económicas de 200 salarios mínimos.
Asimismo, el Ministerio Público pidió la imposición de penas menores para algunos procesados, incluyendo condenas de cinco años de prisión y multas económicas.
Medidas contra empresas y bienes
Como parte de sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó la disolución de varias entidades comerciales y organizaciones vinculadas a la red, así como la imposición de multas económicas. Entre estas medidas figura la solicitud de clausura y disolución de una entidad religiosa y varias compañías utilizadas presuntamente para canalizar fondos ilícitos.
También requirió el decomiso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades, vehículos de lujo, dinero en efectivo y otros activos que habrían sido adquiridos con recursos desviados del Estado.
Las autoridades informaron que, durante la investigación, se identificaron más de 200 inmuebles, decenas de vehículos de alta gama y sumas millonarias en pesos y dólares, además de ingresos generados por estos bienes, los cuales también son reclamados a favor del Estado.
Evidencias presentadas
El expediente acusatorio está sustentado en un amplio conjunto probatorio que incluye miles de documentos, informes periciales, testimonios de testigos y expertos, así como evidencias materiales.
Según el Ministerio Público, estas pruebas demuestran la existencia de una estructura organizada que operó durante varios años, desviando fondos públicos de distintas instituciones estatales, entre ellas organismos de seguridad y entidades gubernamentales.
De acuerdo con la acusación, la red estaba compuesta por decenas de personas físicas y jurídicas, y habría sustraído miles de millones de pesos mediante un esquema sistemático de corrupción administrativa.
El juicio continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que deberá valorar las pruebas y emitir una decisión sobre la responsabilidad penal de los imputados.
