Ministerio Público solicita cuatro meses más para ampliar investigación sobre corrupción en SeNaSa
Santo Domingo, 19 agosto.– El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar acusación formal contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros imputados de integrar una presunta red que habría desfalcado con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El procurador adjunto Wilson Camacho explicó que la extensión resulta necesaria por la cantidad de operaciones financieras que deben ser analizadas, el número de personas investigadas y la gravedad de los hechos atribuidos al grupo.
Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, encabezó el equipo que representó al Ministerio Público ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde estaba previsto conocer este miércoles la solicitud.
La audiencia fue aplazada para el 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, debido al fallecimiento de un familiar de uno de los abogados de la defensa.
A su salida del tribunal, ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Camacho aseguró que el órgano acusador estaba preparado para presentar los argumentos que sustentan la petición.
“Nosotros vinimos hoy listos para presentar y justificar la solicitud de prórroga que ha hecho el Ministerio Público en el caso de SeNaSa”, manifestó.
El funcionario sostuvo que la complejidad del expediente quedó reflejada en el testimonio ofrecido por uno de los imputados durante un interrogatorio, en el cual habría expresado que “en SeNaSa la corrupción era la norma”.
Camacho explicó que una afirmación de esa naturaleza obliga al Ministerio Público a desarrollar una investigación de mayor alcance, con el propósito de identificar a todas las personas que pudieron participar en los hechos y llevarlas ante los tribunales.
Aseguró que las pesquisas continúan avanzando conforme a la magnitud y las distintas dimensiones del caso, aunque precisó que existen informaciones que no pueden divulgarse para evitar afectar el curso de la investigación.
“Estamos avanzando en las tres estructuras que afectaron a SeNaSa”, señaló.
El titular de Persecución adelantó que en las tres líneas investigadas surgirán nuevas imputaciones y otras personas vinculadas. Indicó que esas actuaciones se producirán cuando las pesquisas hayan completado su ciclo.
Mantienen arresto domiciliario a Ada Ledesma
Respecto de la solicitud presentada por la defensa de Ada Ledesma Ubiera para variar su medida de coerción, Camacho informó que el tribunal mantuvo el arresto domiciliario.
El juez solo dispuso una reducción de la garantía económica impuesta a la imputada, decisión que no fue objetada por el Ministerio Público.
Además de Camacho, el órgano acusador estuvo representado en la audiencia por el procurador de corte Héctor García y por los procuradores fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña, adscritos a la Dirección General de Persecución y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el aplazamiento atendiendo una petición formulada por integrantes de la barra de la defensa.
Proceso contra la presunta red
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción ratificó la prisión preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del supuesto entramado de corrupción.
El tribunal también mantuvo la medida contra otros imputados vinculados al expediente.
La coerción de 18 meses de prisión preventiva fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
La misma medida había sido dictada contra Ada Ledesma Ubiera, pero el 16 de julio fue variada por arresto domiciliario debido a condiciones de salud.
El proceso, iniciado como resultado de la Operación Cobra, también incluye a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
En diciembre pasado, a esos tres imputados les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
En el caso también figura Ángel Luis Guzmán Vásquez. El pasado 30 de julio, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó los 18 meses de prisión preventiva que le habían sido impuestos en mayo.
Acusaciones del Ministerio Público
La presunta estructura criminal fue desmantelada mediante la Operación Cobra. Posteriormente, el Ministerio Público inició la judicialización del expediente con el objetivo de obtener sanciones penales y recuperar el dinero supuestamente sustraído del patrimonio público.
De acuerdo con el órgano acusador, las operaciones atribuidas al grupo perjudicaron directamente a los afiliados del Seguro Nacional de Salud, al provocar un fraude de miles de millones de pesos contra la administradora pública de riesgos de salud.
A los procesados se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, utilización de documentos falsos y lavado de activos.
Durante la investigación, el Ministerio Público asegura haber recopilado evidencias relacionadas con sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y creación de programas especiales sin fundamento jurídico, supuestamente utilizados para desviar recursos mediante operaciones fraudulentas.
La acusación preliminar sostiene que se trató de un esquema sistemático de corrupción instalado desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa, con la participación de funcionarios de la institución y prestadores de servicios de salud asociados para perjudicar al Estado dominicano.