Ministerio Público solicita prisión preventiva para 12 implicados en presunta red de tráfico internacional de armas
La Fiscalía pide además que el proceso sea declarado complejo debido a la gravedad de los hechos, la cantidad de imputados y el volumen de evidencias ocupadas durante la investigación
Santo Domingo, 31 mayo.– El Ministerio Público solicitó este fin de semana la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra doce hombres acusados de integrar una supuesta organización criminal dedicada al tráfico internacional, almacenamiento, distribución, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego en territorio dominicano.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de que las autoridades desmantelaran la estructura mediante una serie de operativos simultáneos realizados el pasado viernes en distintos puntos del país.
Los imputados son Juan Francisco Morel Díaz, conocido como “Arismendy” o “Bobi”; Wilson Manuel Abreu Disla; Hery Miguel Ángel Paulino Marmolejos; José Vidal Pérez Mercado, alias “Jochi”; Carlos José María Henríquez Valdez; Edward Francisco Tejada Fernández; José Luis Vignieri Rodríguez, conocido como “Luisito Vignieri”; Edwin Fausto Veloz Almánzar, alias “Momo”; Jonathan Orlando Carela Montilla; Pablo Sánchez Arnau, conocido como “Alemán”; Joel Rafael González Martínez y Brian Vignieri Dilone.
De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la red se dedicaba a introducir clandestinamente armas de fuego y accesorios al país para posteriormente comercializarlos de manera ilegal a distintos compradores.
La solicitud de medida de coerción fue sustentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien presentó más de 50 elementos de prueba documentales, materiales, periciales y testimoniales obtenidos durante varios meses de investigación.
Según las autoridades, la complejidad del caso está fundamentada en la cantidad de personas involucradas, la naturaleza de los delitos investigados y el amplio volumen de evidencias recopiladas durante las pesquisas.
Investigación inició con arresto en flagrante
El expediente señala que las investigaciones comenzaron el 3 de diciembre de 2025, tras el arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez en el sector Miraflores, del Distrito Nacional.
Durante la intervención, las autoridades le ocuparon cinco pistolas, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos celulares.
A partir de ese momento, el Ministerio Público puso en marcha una amplia investigación que incluyó análisis forenses de dispositivos electrónicos, labores de inteligencia, seguimientos, entrevistas, vigilancia e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente.
Las pesquisas permitieron establecer supuestos vínculos entre Gil Pérez y la estructura criminal investigada.
Según el expediente, el detenido declaró que las armas que le fueron ocupadas habían sido entregadas por instrucciones de José Vidal Pérez Mercado, quien presuntamente coordinó el traslado del armamento para ser entregado a Jonathan Orlando Carela Montilla.
Las autoridades sostienen que las conversaciones telefónicas intervenidas permitieron identificar la participación y el nivel de responsabilidad de cada uno de los integrantes de la organización.
Once allanamientos simultáneos
Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo órdenes judiciales para ejecutar once allanamientos simultáneos en residencias vinculadas a los imputados.
Los operativos fueron realizados con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y concluyeron con el arresto de los principales señalados en el expediente.
Durante las intervenciones fueron ocupadas numerosas armas de fuego cortas y largas, municiones de distintos calibres, cargadores, accesorios tácticos y otros equipos relacionados con el tráfico ilícito de armamento.
Entre las evidencias incautadas figuran pistolas, revólveres, una escopeta calibre 12, piezas y componentes de fusiles, cientos de proyectiles, cargadores de alta capacidad, miras telescópicas y chalecos antibalas.
Asimismo, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, registros de presuntas transacciones relacionadas con armas de fuego y varios vehículos que supuestamente eran utilizados por la organización para sus operaciones.
Ocupan drogas durante los allanamientos
El Ministerio Público informó además que durante el allanamiento realizado en la residencia de Jonathan Orlando Carela Montilla fueron encontradas sustancias controladas.
Los análisis practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que se trataba de 71.44 gramos de cocaína clorhidratada y 52.11 gramos de cannabis sativa (marihuana).
Igualmente, durante la intervención realizada en la vivienda de José Luis Vignieri Rodríguez fueron ocupadas armas de fuego, municiones, sustancias presumiblemente narcóticas, equipos electrónicos y otras evidencias que forman parte del proceso investigativo.
Acusaciones provisionales
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los imputados violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores.
Asimismo, les imputa la violación de los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
También figuran cargos por presuntas infracciones a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las autoridades sostienen que las evidencias obtenidas durante la investigación permiten establecer la existencia de una estructura organizada dedicada al tráfico ilícito de armas de fuego y otras actividades delictivas conexas.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional deberá conocer en los próximos días la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, que busca mantener a los doce imputados en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y se desarrolla el proceso judicial.