Ministerio Público vincula a diez con presunto plan contra Abinader; dos señalados niegan participación
SANTO DOMINGO, 7 de noviembre de 2026.— El Ministerio Público investiga a por lo menos diez personas por su presunta vinculación con un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader, que habría sido coordinado mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales.
Dos de los señalados, Delvinson de la Cruz Sosa y Leomar Antonio Brens Brito, han rechazado públicamente las imputaciones, mientras las autoridades profundizan las pesquisas y está pendiente el conocimiento de una solicitud de prisión preventiva.
La investigación se concentra en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde fue arrestado De la Cruz Sosa, de 29 años, y donde Brens Brito se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional.
Las versiones difundidas hasta la mañana de este sábado sitúan en dos el número de detenidos, aunque sus situaciones procesales son distintas: contra el primero se depositó una solicitud de medida de coerción, mientras el segundo se entregó el viernes para responder por los señalamientos.
Según la documentación judicial reseñada por medios nacionales, el supuesto ataque habría estado previsto para el 6 de noviembre, durante la conmemoración del Día de la Constitución, y el expediente menciona las instalaciones del Congreso Nacional. Esa referencia forma parte de la hipótesis investigativa y no confirma que el mandatario tuviera programada una actividad en ese lugar.
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los investigados asociación de malhechores y tentativa de actos de terrorismo en perjuicio del Estado dominicano. Los señalamientos permanecen bajo investigación y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad.
La presunta coordinación digital
La solicitud de coerción, un documento de 57 páginas, identifica a De la Cruz Sosa como presunto administrador de un grupo de Telegram denominado “Trinitarios Élite”.
La versión fiscal sostiene que los participantes habrían intercambiado información sobre los desplazamientos del presidente, la preparación de artefactos explosivos y una posible vía de escape.
También menciona una cuenta de Instagram y un grupo de WhatsApp llamado “Élite Privado”, supuestamente empleados para convocar participantes y promover movilizaciones.
El expediente sitúa el 14 de octubre un traslado de parte de las comunicaciones a Zangi, aplicación que, según la investigación, habría sido utilizada para mantener mayor privacidad.
Además de los dos detenidos, la relación divulgada menciona a Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación. La responsabilidad individual de cada persona continúa pendiente de determinación.
Arresto, allanamientos y evidencias bajo evaluación
De la Cruz Sosa fue detenido el martes 3 de noviembre durante un allanamiento en su residencia del sector Vista del Valle. Los investigadores también intervinieron la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, donde trabajaba.
La Procuraduría informó, mediante un comunicado reproducido por distintos medios, que las actuaciones comenzaron después de que organismos de inteligencia alertaran sobre presuntas amenazas contra el gobernante. Las pesquisas cuentan con apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Las órdenes fueron solicitadas por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, y autorizadas por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de Atención Permanente de San Francisco de Macorís.
Los reportes sobre las diligencias señalan la ocupación de equipos electrónicos y sustancias químicas sometidos a evaluación. La autorización permitía buscar, además, armas, pertrechos y posibles explosivos; ese alcance de la orden no equivale a confirmar que todos esos objetos fueran encontrados.
En las informaciones consultadas no se identifica un resultado pericial definitivo que establezca la composición de las sustancias ni su eventual utilización en un artefacto explosivo.
Delvinson rechaza los hechos y su defensa pide tiempo
“No sé nada de eso”, respondió De la Cruz Sosa a periodistas el jueves 5 de noviembre, cuando fue conducido al tribunal para el conocimiento de la medida de coerción. Ante otras preguntas, incluidas las relacionadas con las sustancias ocupadas, remitió a sus abogados.
Familiares presentes defendieron su conducta y lo describieron como una persona trabajadora.
La audiencia fue aplazada para el martes 10 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, a solicitud de la defensa. El abogado Jerso Liranzo explicó que necesitaba examinar íntegramente la solicitud fiscal y sus evidencias antes de fijar posición. El Ministerio Público pide tres meses de prisión preventiva.
Leomar afirma que solo fue contactado para hacer pancartas
La otra negativa pública corresponde a Leomar Antonio Brens Brito, pintor y rotulista residente en el sector Espínola, quien acudió el viernes a la sede policial de San Francisco de Macorís mediante la intermediación de Rebeca Henríquez, presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global.
Su presentación y sus declaraciones fueron reseñadas por medios locales, entre ellos El Jaya y Telenord. Brens sostuvo que conoció a De la Cruz Sosa por un encargo de pancartas relacionado con su oficio.
En declaraciones recogidas también por RCC Noticias, explicó que el primer detenido había acudido en dos o tres ocasiones a la vivienda de su esposa para solicitar trabajos de diseño, pero que estos no llegaron a concretarse. Negó que ese contacto respondiera a una coordinación política o a una intención de causar daño al presidente.
También pidió disculpas al mandatario por cualquier posible ofensa, al tiempo que rechazó haberlo amenazado.
La versión del investigado contradice el señalamiento atribuido al expediente, según el cual habría sugerido un ataque sorpresa utilizando disfraces de indigentes. Esa afirmación corresponde a la acusación y permanece pendiente de comprobación.
Abinader dice que mantiene su agenda
Desde Madrid, el presidente Abinader manifestó que los organismos de seguridad le habían informado semanas antes sobre las presuntas amenazas.
El gobernante expresó confianza en su protección y aseguró que no había modificado su agenda. Dejó en manos del Ministerio Público la divulgación de los detalles de la investigación.
Hasta la actualización de esta nota, las actuaciones se mantienen en fase investigativa. La próxima audiencia permitirá conocer los argumentos fiscales y de la defensa sobre la medida solicitada contra De la Cruz Sosa, sin que ello suponga todavía un juicio sobre el fondo de las imputaciones.