Ministro advierte que frenar proyectos mineros sin estudios técnicos puede afectar el desarrollo y la confianza inversionista

Santo Domingo, 7 mayo. – El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, advirtió que las decisiones relacionadas con proyectos mineros deben sustentarse en criterios técnicos y estudios ambientales concluyentes, al tiempo que reconoció que la paralización definitiva del proyecto Romero, en la provincia San Juan, respondió al fuerte rechazo social que se generó alrededor de la iniciativa extractiva.

Aunque respaldó la disposición adoptada por el presidente Luis Abinader de detener el proyecto, Santos dejó claro que, desde el punto de vista técnico y del procedimiento minero, la evaluación debía completarse mediante los estudios ambientales correspondientes para determinar si la explotación era viable o no.

El funcionario sostuvo que las decisiones vinculadas al sector minero deben manejarse con equilibrio para evitar impactos negativos tanto en el desarrollo económico como en la percepción de seguridad jurídica e institucional del país frente a los inversionistas internacionales.

La advertencia del ministro se produjo durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, donde explicó que la minería continúa siendo un sector estratégico para la economía dominicana y que cualquier determinación sobre proyectos de esta naturaleza debe tomar en cuenta elementos científicos, ambientales, económicos y sociales.

“Desde el punto de vista minero, lo que procede es completar los estudios correspondientes para determinar la viabilidad de un proyecto. Sin embargo, las circunstancias sociales también forman parte de la realidad que debe valorar un gobierno”, expresó.

Santos afirmó que el deseo de las autoridades es que provincias como San Juan puedan alcanzar el mayor nivel de desarrollo posible, pero insistió en que las decisiones relacionadas con inversiones de gran escala deben sustentarse en información técnica sólida para evitar consecuencias económicas futuras.

Clima social obligó al Gobierno a intervenir

La decisión de cerrar definitivamente el proyecto Romero se produjo luego de varios meses de protestas, manifestaciones y rechazo por parte de organizaciones comunitarias, agricultores, ambientalistas y sectores religiosos de San Juan, quienes denunciaban posibles riesgos ambientales y afectaciones a las fuentes acuíferas de la provincia.

Los grupos opositores al proyecto alegaban que la explotación minera podía comprometer la producción agrícola y alterar el equilibrio ecológico de una de las zonas de mayor importancia agropecuaria del país.

Frente a ese escenario, el Gobierno decidió poner fin a la iniciativa impulsada por GoldQuest Mining Corp., compañía que lideraba las exploraciones en la zona.

No obstante, el ministro enfatizó que la decisión presidencial no representa un rechazo general a la minería ni un cambio de política hacia el sector extractivo nacional.

Por el contrario, aseguró que la administración dominicana continuará defendiendo la inversión local y extranjera, especialmente en áreas consideradas claves para el crecimiento económico.

Minería como soporte económico en tiempos de crisis

Durante la entrevista, Santos defendió el papel de la minería dentro del esquema económico nacional y explicó que este sector ha demostrado capacidad para sostener ingresos fiscales y empleos incluso en períodos de incertidumbre internacional.

El ministro describió la minería como una actividad “contracíclica”, debido a que suele fortalecerse cuando otros sectores económicos enfrentan desaceleraciones o caídas provocadas por crisis globales.

Indicó que República Dominicana recibió aproximadamente RD$18,000 millones provenientes de la actividad minera durante 2024 y que para 2025 las recaudaciones alcanzaron RD$45,000 millones, contribuyendo significativamente a la estabilidad económica del país en medio de un escenario geopolítico complejo.

Santos insistió en que la minería no debe verse como la solución absoluta de los problemas nacionales, pero sí como una actividad complementaria capaz de fortalecer la diversificación económica dominicana.

“La fortaleza de una economía está en la diversidad de sectores que generan riqueza. La minería debe convivir de forma armónica con la agricultura, el turismo y los demás motores productivos del país”, señaló.

Preocupación por la percepción internacional

Uno de los aspectos que más preocupación ha generado tras la cancelación del proyecto Romero es el posible impacto sobre la confianza de los inversionistas internacionales en República Dominicana.

Luego del anuncio oficial, las acciones de GoldQuest registraron pérdidas de hasta un 25.5 %, situación que incluso llevó a la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (CIRO) a suspender temporalmente las cotizaciones de la empresa.

Ante este panorama, Santos aseguró que el Ministerio de Energía y Minas mantendrá comunicación constante con los inversionistas para garantizar estabilidad y transmitir confianza sobre el compromiso del país con la seguridad jurídica.

El funcionario reiteró que el cierre del proyecto Romero responde a circunstancias específicas relacionadas con la conflictividad social en San Juan y no a una política general contra la minería.

En ese sentido, destacó que alrededor del 40 % de la inversión extranjera captada por República Dominicana durante el trimestre más reciente corresponde precisamente a los sectores de energía y minas.

Asimismo, explicó que la actividad minera experimentó un crecimiento de 7.7 % durante el primer trimestre de 2026, consolidándose como una de las áreas económicas de mayor dinamismo en generación de inversiones y empleos.

Reforma minera busca evitar futuros conflictos

Dentro del debate generado por el caso Romero, el ministro también llamó la atención sobre la necesidad urgente de modernizar la legislación minera dominicana para adaptarla a los nuevos desafíos ambientales, tecnológicos y sociales.

Santos recordó que la actual Ley Minera fue aprobada en 1971 y considera que muchos de sus procedimientos han quedado rezagados frente a las exigencias modernas de sostenibilidad y transparencia.

La reforma que impulsa el Gobierno pretende fortalecer los mecanismos de supervisión ambiental, actualizar los procesos de aprobación de proyectos e incorporar tecnologías que permitan reducir el impacto ecológico de las operaciones extractivas.

Además, busca aumentar los beneficios directos para las comunidades cercanas a las zonas mineras, uno de los puntos que históricamente ha generado mayores tensiones entre empresas y poblaciones locales.

“Hay que fortalecer los aspectos medioambientales, mejorar los procedimientos y asegurar que las comunidades reciban más beneficios de la actividad minera”, afirmó el ministro.

Santos adelantó que el proyecto de reforma legislativa podría ser remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en un plazo aproximado de 60 días, luego de alcanzar consensos con los distintos sectores involucrados.