Moca frente al riesgo sísmico: las lecciones de Haití y Venezuela
Por Domingo Matías
El estruendo de la tierra nunca avisa. En segundos puede derrumbar edificios, destruir comunidades y cambiar para siempre la vida de miles de familias. Así ocurrió en Haití en 2010 y así volvió a recordarnos la tragedia ocurrida en Venezuela el pasado 24 de junio de 2026. Ambos desastres dejan una misma enseñanza: los terremotos son fenómenos naturales; las catástrofes son, en gran medida, consecuencia de cómo las sociedades ocupan y transforman su territorio.
La forma en que construimos nuestras ciudades responde a una construcción social del territorio que determina quién está expuesto al peligro, quién pierde su patrimonio y quién tiene posibilidades de recuperarse. Cuando el crecimiento urbano ignora la geología, la hidrología y las restricciones naturales del suelo, el riesgo deja de ser una posibilidad para convertirse en una tragedia anunciada.
Esta realidad interpela directamente a la República Dominicana. Diversas ciudades de la región norte presentan condiciones de vulnerabilidad asociadas a la cercanía de fallas tectónicas activas y a procesos de expansión urbana acelerada. Santiago de los Caballeros, por ejemplo, ha experimentado un crecimiento importante sobre terrenos cuyas características geológicas incrementan la vulnerabilidad estructural. Puerto Plata, por su ubicación en la costa norte, mantiene igualmente una elevada exposición a la amenaza sísmica.
A esta realidad no escapan otras importantes provincias del país, las cuales enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares; sin embargo, por razones de espacio, en este artículo nos limitamos al caso de Moca. Dentro de este escenario, el municipio constituye uno de los ejemplos más relevantes. El análisis técnico elaborado para sustentar su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) revela que presenta el nivel máximo de amenaza sísmica del país.
Los resultados son contundentes: el 41.63 % de las edificaciones del municipio, es decir, más de 42,600 estructuras, se encuentran en condiciones de riesgo sísmico alto o muy alto. La situación resulta particularmente crítica en los distritos municipales de Las Lagunas, Juan López y José Contreras, ubicados en el área de influencia de la Falla Septentrional, donde convergen la amenaza geológica, la vulnerabilidad de las edificaciones y condiciones de fragilidad social.
A esta amenaza permanente se suman los riesgos hidrometeorológicos. Las inundaciones fluviales generan focos de alta vulnerabilidad en sectores como La Colina y Los Durán, demostrando que la ocupación de cauces y áreas inundables continúa aumentando la exposición de la población.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser la resignación, sino una gobernanza territorial basada en evidencia científica. La Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, junto con su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 486-25, proporciona hoy un marco jurídico que obliga a incorporar la gestión del riesgo en las decisiones sobre el uso del suelo, bajo la rectoría técnica del Ministerio de la Presidencia.
Para salvaguardar la vida, las autoridades municipales y las Oficinas de Planeamiento Urbano deben asumir lineamientos innegociables. En primer lugar, toda nueva solicitud de construcción en zonas de alta amenaza sísmica, especialmente dentro de la franja de influencia de la Falla Septentrional y de los demás sistemas de fallas presentes en las diferentes regiones del país, debe estar condicionada a rigurosos estudios geológicos y geotécnicos. En segundo lugar, es indispensable prohibir nuevos usos habitacionales en las áreas identificadas como de máxima inundabilidad (zonas N4e), evitando que continúe aumentando la exposición de la población.
Asimismo, la República Dominicana tiene pendiente una tarea impostergable: desarrollar un programa nacional de evaluación de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de escuelas, hospitales y demás infraestructuras críticas localizadas en zonas de alta amenaza sísmica. La protección de estas edificaciones no solo reduce pérdidas materiales, sino que salva vidas y garantiza la continuidad de los servicios esenciales durante las emergencias.
La experiencia internacional demuestra que la diferencia entre un terremoto y una tragedia radica en la calidad de las instituciones. Chile, Costa Rica, Colombia y México han desarrollado normas sísmicas rigurosas, acompañadas de sólidos mecanismos de supervisión y de responsabilidad civil, administrativa y penal para quienes incumplen los estándares de construcción. El ordenamiento territorial deja así de ser una recomendación técnica para convertirse en un instrumento de protección de la vida.
Moca y el país tienen hoy la oportunidad de actuar antes de que ocurra el próximo gran evento sísmico. Planificar el territorio no significa impedir el desarrollo; significa garantizar que el desarrollo sea seguro, resiliente y sostenible.
La naturaleza seguirá moviendo la tierra. Lo único que podemos decidir es si nuestras ciudades estarán preparadas para resistir o si volveremos a lamentar pérdidas que pudieron evitarse. El ordenamiento territorial constituye, en última instancia, el pacto más importante entre el Estado y la sociedad para proteger la vida de las generaciones presentes y futuras.