Nicaragua reforma la Constitución para excluir a opositores de cargos públicos y elecciones
Ciudad de México, 2 sept.– El Parlamento de Nicaragua aprobó una nueva reforma constitucional que impide a personas consideradas por el Gobierno como “golpistas” o “traidores a la patria” presentarse como candidatas en procesos electorales u ocupar cargos públicos.
La modificación representa un nuevo fortalecimiento del control ejercido por el Gobierno de Daniel Ortega sobre las instituciones nicaragüenses y limita todavía más la participación de los sectores opositores en la vida política del país.
La reforma, sin embargo, no elimina formalmente las elecciones, como había planteado Ortega recientemente durante unas declaraciones que provocaron preocupación internacional.
Según informó el medio oficialista El 19 Digital, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó los cambios a última hora del martes.
La disposición establece que las personas calificadas de “golpistas” y “traidores a la patria” no podrán aspirar a puestos de elección popular ni desempeñar funciones dentro de las instituciones públicas.
La reforma también amplía de seis a siete años el mandato presidencial y los períodos correspondientes a otros cargos obtenidos mediante votación popular.
Otro de los cambios establece que las leyes extranjeras no tendrán efectos jurídicos dentro del territorio nicaragüense.
Reacción de Estados Unidos
Las modificaciones constitucionales se producen poco después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara en agosto la celebración de una reunión extraordinaria de cancilleres.
La convocatoria respondió a los llamados de Estados Unidos para actuar con firmeza después de que Ortega expresara públicamente su intención de eliminar las elecciones en Nicaragua.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó este miércoles la reforma y consideró que profundiza el deterioro de la democracia en el país centroamericano.
Rubio sostuvo que las nuevas modificaciones buscan consolidar lo que calificó como una “dinastía ilegítima” y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas.
El funcionario estadounidense instó a los aliados internacionales de Washington a romper sus relaciones económicas con Nicaragua.
Argumentó que los gobiernos que niegan los derechos fundamentales de sus ciudadanos no deberían recibir los mismos beneficios económicos y políticos concedidos a los Estados que respetan esos principios.
Reformas y represión desde 2018
Desde la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2018, el Ejecutivo nicaragüense ha promovido sucesivas reformas constitucionales y legales que restringen las libertades ciudadanas.
La Organización de las Naciones Unidas ha denunciado en varias ocasiones que esos cambios eliminaron en la práctica la separación de poderes y oficializaron el paramilitarismo y la represión política.
Las autoridades nicaragüenses han encarcelado a dirigentes políticos contrarios al Gobierno, líderes religiosos y otras voces críticas.
También han clausurado miles de organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación y entidades religiosas.
La situación ha provocado que miles de nicaragüenses abandonen el país y soliciten asilo en el extranjero. Algunas de esas personas también fueron despojadas de su nacionalidad y de sus bienes.
Ortega, quien gobierna junto con su esposa, Rosario Murillo, volvió a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha consolidado su dominio sobre prácticamente todas las instituciones estatales.
Ortega había planteado eliminar las elecciones
En julio, el mandatario causó alarma al declarar abiertamente que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones.
“Aquí no volverá a haber elecciones. Jamás, jamás, jamás”, afirmó durante el aniversario de la Revolución Sandinista, movimiento que derrocó en 1979 a la dictadura de Anastasio Somoza y llevó por primera vez a Ortega al poder.
Durante ese acto, el gobernante también afirmó que había terminado la posibilidad de que los partidos a los que calificó como instrumentos de Estados Unidos y del somocismo regresaran al Gobierno.
Aunque la reforma aprobada no suprime expresamente los procesos electorales, excluye de ellos a los opositores clasificados por el oficialismo como traidores o promotores de intentos de golpe de Estado.
La medida deja en manos del propio aparato gubernamental la definición de quiénes pertenecen a esas categorías y, por tanto, quiénes podrán participar en futuras elecciones o desempeñar funciones públicas. Fuente: The Associated Press