“No se metan con los guardias”, habrían advertido generales implicados en Operación Coral 5G, según fuentes periodísticas.

Santo Domingo, 23 nov – “No se metan con los guardias” habría sido la expresión de advertencia de generales de brigadas tan pronto fueron advertidos de que estaban en curso investigaciones que los implicaban en la comisión de supuestos actos de corrupción, según fuentes citadas por Diario Libre.

Esos oficiales, cuya identidad no se divulga en la crónica, supuestamente trataron de intimidar a testigos para que no declaren, haciéndoles la advertencia de que “no se metan con los guardias”.

El expediente preliminar establece este hecho como una de las motivaciones para que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional les imponga a los imputados la prisión preventiva y declare la complejidad del caso, a fin de evitar destrucción de pruebas e intimidación de testigos.

“La investigación realizada por el Ministerio Público hasta el momento, ha demostrado que esta red criminal ha estado haciendo maniobras para distraer los bienes adquiridos productos de los delitos imputados, sobre todos los bienes inmuebles, así como la ocultación de pruebas relevantes para la investigación, por igual ha estado haciendo maniobras para que informaciones relevantes no lleguen a las manos del Ministerio Público, por igual ha intimidado a testigos para que no declaren, bajo el argumento: “No se metan con los guardias”, indica la documentación.

El Ministerio Público establece que las redes criminales Coral y Coral 5G, funcionaban como “una verdadera empresa” por la complejidad en sus operaciones y los niveles de estructuración propios del crimen organizado. Con este nivel de organización, precisa el Ministerio Público, burlaron el control gubernamental y crearon tramas de redes criminales a nivel local como transnacional, involucrándose con personas influyentes y creando una estructura corrupta en la entraña de las instituciones militares.

Las autoridades precisan que los altos mandos militares que están imputados tienen mucha influencia en los organismos de seguridad del Estado y que por tal motivo existe la posibilidad de que puedan dificultar el proceso de investigación y crear situaciones y tramitaciones no comunes.

Otros caerán presos

En el punto en el que se encuentra la investigación, el Ministerio Público tiene identificado a un grupo que ha sido imputado, además de empresas utilizadas para lavado de dinero. Sin embargo, establece la solicitud de medida de coerción que la Procuraduría tiene la certeza de que en el desarrollo de las indagatorias serán imputados otros altos mandos militares y civiles a los que se les ha confirmado participación directa en los presuntos actos de corrupción de esta red.

Por el caso aguardan a ser procesados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), así como el capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación. La solicitud de coerción cuenta con más de 600 páginas, y unos 700 elementos de pruebas.

Las defensas se preparan

Las defensas de los imputados en la Operación Coral 5G se preparan para contrarrestar la solicitud del Ministerio Público. Los abogados aseguran que sus clientes son inocentes, pero que en el tiempo inmediato presentarán ante la Oficina de Atención Permanente los presupuestos para evitar la prisión preventiva. Varios de los togados que conversaron con Diario Libre externaron su esperanza de que tribunal que conozca la medida tome en cuenta los arraigos y no decida en base al “populismo penal” que ha instaurado la Pepca.