No todo el mundo tiene franqueadores

Memoria de una convergencia de buenas voluntades por las personas mayores
Por Gilka Meléndez
Hace más de veintidós años, siendo representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en la República Dominicana, conocí una realidad que me obligó a actuar: muchas personas mayores eran discriminadas, maltratadas, despojadas de sus bienes o abandonadas, a veces por su propia familia. Pocas denunciaban. El miedo, la dependencia económica o emocional, o el simple desconocimiento de a quién acudir las mantenían en silencio.
Me dolía su sufrimiento, pero también la ausencia de una respuesta efectiva. Cuando pregunté por qué esos casos no llegaban a los tribunales, la explicación fue tan sencilla como desalentadora: la Ley núm. 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente, promulgada en 1998, todavía no había sido reglamentada, y muchas de sus disposiciones seguían siendo letra muerta.
Decidí asumir el tema y formar un equipo para elaborar esa reglamentación. Se trataba de convertir los derechos escritos en el papel en instrumentos reales de protección. Así comenzó una convergencia de buenas voluntades que reunió conocimiento, sensibilidad y vocación de servicio.
En ese esfuerzo fue esencial el doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón, responsable de redactar el texto del reglamento y de conducir las consultas y revisiones que su desarrollo exigía. Su capacidad profesional, su rigor y su dedicación resultaron decisivos. Tuvimos, además, el respaldo de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los aportes de la academia, de organizaciones de la sociedad civil y de otras instituciones consultadas durante el proceso.
Nos acompañó también Vianco Martínez, encargado de Comunicaciones de mi oficina, un periodista cuya honestidad y credibilidad siempre he valorado; su trabajo dio visibilidad a la causa. Y desde la dirección del periódico El Día, el doctor Rafael Molina Morillo (EPD) seguía de cerca nuestros pasos y ayudaba a colocar en la agenda pública temas sociales que merecían más espacio.
Del acto en que entregamos el proyecto de reglamento al presidente Hipólito Mejía, al que asistió también doña Rosa Gómez de Mejía (EPD), guardo un recuerdo especialmente entrañable. Llegué unos cinco minutos tarde por un congestionamiento de tránsito extraordinario. Al verme entrar, el mandatario, con la espontaneidad que lo caracteriza, me dijo en voz alta:
—¡Gilka! ¿Cómo tú llegas tarde a una actividad que tú organizas, con el presidente de la República presente?
Mientras yo solo pensaba «trágame tierra», doña Rosa intervino con su serena elegancia:
—No todo el mundo tiene franqueadores, presidente.
Su comentario provocó risas y me rescató; desde entonces llego una hora antes a todas partes. Así era doña Rosa: una mujer empática, de mirada tierna y bella de alma.
El proceso culminó en octubre de 2004 con el Decreto núm. 1372-04, que aprobó el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 352-98. Fue un avance importante y el inicio de una nueva etapa.
Durante un tiempo seguimos apoyando al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) para que el reglamento se tradujera en acciones y servicios concretos.
Hoy el país envejece más deprisa. Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, en la República Dominicana viven más de 1.4 millones de personas de 60 años o más, alrededor del 13 % de la población; en 2002 eran cerca del 8 %. Detrás de esa cifra hay historias, sacrificios, saberes y aportes a nuestras familias y al país.
Quiero creer que reciben la atención que merecen: respeto, protección, compañía y afecto; que no se las trata como una carga ni se las condena a la soledad, aun cuando viven acompañadas. Envejecer no reduce la dignidad, no borra los derechos ni disminuye el valor de una vida.
Ante el maltrato o el abandono, el silencio no siempre es neutral. Cuando conocemos una injusticia y miramos hacia otro lado, la indiferencia puede convertirse en complicidad. Las leyes y las instituciones son indispensables, pero necesitan el compromiso de las familias, de las comunidades y de cada uno de nosotros.
He querido contar esta historia para dejar constancia de aquel esfuerzo y agradecer a quienes lo hicieron posible. Asumí la iniciativa con convicción, pero nunca fue una obra individual: fue el encuentro de personas e instituciones que se dejaron tocar por una realidad y decidieron actuar.
Nombrarlas es un deber de gratitud y de justicia. Y es también un recordatorio: cuando las buenas voluntades convergen en torno a una causa justa, pueden iluminar muchas vidas y el alma de todo un país.