Nueva regla de “carga pública” de Trump enciende alarmas entre inmigrantes que buscan la residencia permanente
Nueva York, 22 julio.- La reactivación de la política federal de “carga pública”, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, ha generado preocupación entre organizaciones de defensa de los inmigrantes y autoridades de la ciudad de Nueva York, que advierten sobre el impacto que la medida tendrá en miles de personas que aspiran a obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido la política migratoria con una ofensiva contra los inmigrantes indocumentados y nuevas restricciones para quienes buscan asilo o intentan regularizar su situación migratoria.
A partir del próximo 18 de septiembre, el Gobierno federal volverá a aplicar la regla de carga pública, lo que podría impedir que numerosos solicitantes obtengan la denominada “Green Card” si se determina que dependen de determinados programas de asistencia pública.
La disposición, implementada por primera vez durante el primer mandato de Trump en febrero de 2020 y posteriormente eliminada durante la administración de Joe Biden, vuelve a entrar en vigor con criterios que podrían afectar especialmente a familias de estatus migratorio mixto que utilizan beneficios como cupones de alimentos, Medicaid o subsidios de vivienda.
Diversas organizaciones comunitarias consideran que la medida no busca proteger los recursos públicos, sino desalentar a los inmigrantes para que renuncien a servicios esenciales por temor a poner en riesgo sus procesos migratorios.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, calificó la política como "un peligroso retroceso" que agravará la incertidumbre que ya enfrentan miles de inmigrantes.
"La norma de carga pública no busca proteger a los contribuyentes; su objetivo es disuadir a los inmigrantes de acceder a servicios fundamentales y crear un clima de miedo.
El impacto irá mucho más allá de las personas directamente afectadas por la norma, haciendo que las familias duden si pueden buscar atención médica o poner comida en la mesa sin correr riesgos", afirmó.
El dirigente sostuvo que los programas públicos de salud y asistencia fueron creados precisamente para fortalecer a las comunidades y subrayó que la coalición continuará ofreciendo orientación legal para evitar que las familias tomen decisiones basadas en información errónea.
Llamado a buscar orientación legal
Javier Ramírez-Barón, director ejecutivo de Cabrini Immigrant Services of New York, aseguró que la reactivación de la norma obligará a muchas familias a escoger entre recibir beneficios esenciales o proteger sus posibilidades de obtener un estatus migratorio legal.
"La decisión de la administración Trump de revocar la norma de carga pública inflige un nuevo perjuicio a las familias que intentan desenvolverse en un sistema migratorio ya profundamente deteriorado. Muchas personas se verán obligadas a elegir entre los programas de asistencia pública y sus procesos migratorios", expresó.
Ramírez-Barón advirtió que numerosas personas podrían renunciar a beneficios básicos por miedo a que estos afecten futuras solicitudes de residencia permanente.
"En Cabrini Immigrant Services mantenemos nuestro compromiso de garantizar que todas las personas cuenten con las herramientas y la información necesarias para afrontar estos cambios y acceder a los beneficios a los que tienen derecho sin temor alguno", añadió, al recordar que no todos los programas públicos convierten automáticamente a una persona en carga pública.
Ciudad de Nueva York expresa preocupación
La comisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de Nueva York (MOIA), Faiza N. Ali, advirtió que la ampliación de la regla tendrá repercusiones tanto para las familias inmigrantes como para la economía y la seguridad pública de la ciudad.
"Cuando las personas temen buscar atención médica, denunciar delitos o acceder a otros servicios esenciales, comunidades enteras se vuelven menos seguras", manifestó.
La funcionaria indicó que el temor de los inmigrantes puede deteriorar la confianza en las instituciones públicas y afectar el acceso a servicios básicos, por lo que exhortó a quienes tengan dudas a comunicarse con la Línea Directa de Apoyo Legal de MOIA para recibir orientación gratuita y confidencial antes de tomar decisiones sobre sus beneficios.
Temor entre las comunidades inmigrantes
Catherine Chen, directora ejecutiva de la Asian American Federation, también criticó la nueva política y aseguró que ya existen señales de que muchas familias están abandonando programas de asistencia por miedo a perjudicar sus procesos migratorios.
"La administración Trump está generando caos una vez más al utilizar la política migratoria para castigar a las familias trabajadoras. Esta cruel política obligará a las familias a elegir entre proteger su futuro en este país y cuidar a sus hijos hoy", sostuvo.
Chen señaló que, dentro de la red de casi 70 organizaciones comunitarias que integra la federación, numerosas familias han dejado de acudir incluso a bancos de alimentos por temor a las consecuencias migratorias.
"Instamos a las familias a informarse a través de fuentes legales confiables antes de renunciar a beneficios que tienen derecho legal a recibir. Ninguna familia debería tener que elegir entre asegurar su futuro y cubrir sus necesidades básicas", enfatizó.
Cómo se aplicará la nueva norma
La regulación será implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Según las autoridades federales, la condición de carga pública puede generar la inadmisibilidad de determinados solicitantes de visas, residencia permanente o ajustes de estatus cuando se determine que es probable que dependan principalmente de asistencia gubernamental en efectivo para su sustento.
USCIS informó que evaluará múltiples factores antes de tomar una decisión, entre ellos la edad del solicitante, su estado de salud, composición familiar, bienes, recursos económicos, situación financiera, nivel educativo, habilidades laborales, la existencia de una Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864) y el historial de recepción de beneficios públicos contemplados por la normativa.
Las organizaciones comunitarias insisten en que no todos los programas de asistencia pública serán considerados dentro de la evaluación de carga pública y recomiendan a los inmigrantes consultar con abogados especializados u organizaciones acreditadas antes de renunciar a cualquier beneficio o iniciar un trámite migratorio, especialmente de cara a la entrada en vigor de la medida el próximo 18 de septiembre.