Nuevo Código Penal marca el inicio de una nueva etapa para la justicia dominicana, afirma Yeni Berenice Reynoso
Santo Domingo, 2 agosto.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este domingo que la entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para el próximo miércoles, representa el inicio de una nueva etapa para la justicia penal dominicana, al dotar al Ministerio Público y al sistema judicial de instrumentos modernos para combatir el delito, reducir la impunidad y enfrentar las nuevas modalidades de criminalidad.
La magistrada sostuvo que la nueva legislación constituye la transformación más profunda experimentada por el sistema penal nacional en más de un siglo, al sustituir el Código Penal de origen napoleónico promulgado en agosto de 1884, cuya estructura permaneció vigente durante casi 142 años.
Con la nueva normativa, el país incorpora 109 tipos penales nuevos o reformados, lo que modifica sustancialmente la forma en que serán investigadas, procesadas y sancionadas numerosas conductas delictivas que hasta ahora carecían de regulación específica o presentaban importantes vacíos legales.
La entrada en aplicación del Código Penal pone fin a un proceso legislativo que se extendió por más de dos décadas y estuvo acompañado de intensos debates políticos, jurídicos y sociales. Durante ese tiempo, diferentes proyectos fueron sometidos al Congreso Nacional sin lograr consenso debido a las diferencias surgidas en torno a temas como el aborto, la libertad de expresión, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la cuantía de las penas y las sanciones aplicables a profesionales de la salud.
La procuradora destacó que la aprobación del nuevo texto legal responde a la necesidad de actualizar un sistema penal que permanecía sustentado en principios del siglo XIX, mientras la criminalidad evolucionaba hacia formas cada vez más complejas vinculadas con el desarrollo tecnológico, el crimen organizado, las operaciones empresariales y las nuevas dinámicas económicas.
Entre las principales innovaciones figura la tipificación de nuevos delitos y la actualización de figuras penales ya existentes. El Código incorpora, entre otros, los delitos de feminicidio, feminicidio conexo, violencia económica, discriminación, acoso escolar o bullying, ciberacoso o ciberbullying, dopaje, estafa inmobiliaria, robo de metales, inducción y cooperación al suicidio, así como la violación de órdenes de protección.
Uno de los cambios de mayor trascendencia es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una figura que permitirá perseguir judicialmente a empresas, instituciones y otras entidades cuando sus estructuras sean utilizadas para la comisión de delitos o cuando obtengan beneficios derivados de actividades ilícitas.
La nueva legislación también fortalece la lucha contra la corrupción administrativa mediante la creación y actualización de 25 figuras penales relacionadas con ese fenómeno, entre ellas la corrupción como delito autónomo, la contratación ilícita, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y otras conductas vinculadas al uso indebido de recursos públicos.
En materia de garantías procesales y derechos fundamentales, el Código Penal incorpora principios modernos del derecho penal, como la proporcionalidad, la humanidad de las penas, la favorabilidad y la lesividad. Asimismo, establece circunstancias que pueden excluir o disminuir la responsabilidad penal, incluyendo el estado de necesidad, el error de tipo y el error de prohibición, figuras ampliamente reconocidas en los sistemas jurídicos contemporáneos.
El proceso para reemplazar el antiguo Código Penal estuvo marcado por numerosos intentos fallidos en el Congreso Nacional. Durante años, distintas propuestas quedaron estancadas debido a desacuerdos entre sectores políticos, religiosos, académicos y organizaciones de la sociedad civil respecto a varios de sus contenidos.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, la República Dominicana inicia una etapa de modernización de su legislación penal y se alinea con las reformas adoptadas por otros países de la región para enfrentar las nuevas formas de criminalidad.
La implementación del Código también representará un desafío para las instituciones del sistema de justicia, ya que fiscales, jueces, defensores públicos, abogados y demás operadores deberán adaptarse a un marco jurídico que redefine delitos, responsabilidades y sanciones, con el objetivo de lograr una respuesta más efectiva frente al crimen y una mayor protección de los derechos de las víctimas.
Para la Procuraduría General de la República, el inicio de la aplicación del nuevo Código Penal no solo pone fin a una legislación que permaneció vigente desde 1884, sino que abre uno de los procesos de transformación jurídica más relevantes de la historia reciente del país, con el reto de garantizar que las nuevas disposiciones se traduzcan en una justicia más moderna, eficiente y acorde con las realidades actuales.