Oleada de hechos violentos eleva la sensación de inseguridad en República Dominicana
Por Manuel Jiménez
Editor
Santo Domingo.– Una sucesión de crímenes, asaltos y muertes durante intervenciones policiales ha provocado alarma en la sociedad dominicana y fortalecido la percepción de que la violencia continúa golpeando al país, pese a las estadísticas oficiales que muestran una reducción de la tasa de homicidios y otros delitos.
El intento de asalto en el que Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, un joven de 23 años, recibió diez heridas de arma blanca en el sector Serrallés, del Distrito Nacional, y el posterior ataque contra la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este, figuran entre los casos que más han estremecido a la opinión pública durante las últimas semanas.
A esos episodios se suma el aumento de las muertes en los denominados “intercambios de disparos” con agentes policiales. Los recuentos sustentados en informes de las autoridades colocaban en más de 170 las personas fallecidas durante intervenciones policiales en lo que iba de 2026.
Solo entre el 10 y el 20 de septiembre fueron reportadas 20 muertes en alegados enfrentamientos, para un promedio cercano a dos fallecidos diariamente durante ese período. Las autoridades han sostenido que se trataba de personas buscadas por diferentes delitos y que los agentes respondieron después de ser atacados a tiros.
Las estadísticas presentadas en la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta del 24 de agosto registraban 156 fallecimientos en las denominadas “acciones legales”. Con los casos ocurridos durante septiembre, la cifra superó rápidamente los 170 muertos.
Esta escalada ha generado cuestionamientos de organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, que reclaman investigaciones independientes sobre cada muerte y la publicación de sus resultados.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece que cuando un agente hiere o mata a una persona mediante el uso de la fuerza debe informar inmediatamente a sus superiores. El caso debe ser notificado al Ministerio Público, organismo responsable de dirigir la investigación penal si existen indicios de una actuación ilegal.
Por esa razón, la calificación inicial de un hecho como “intercambio de disparos” no pone fin a las investigaciones ni demuestra por sí misma que la actuación policial estuvo ajustada a la ley. Corresponde al Ministerio Público verificar las circunstancias mediante peritajes, entrevistas, levantamientos de evidencias y otros procedimientos.
Ataque en Serrallés alarmó al país
Uno de los acontecimientos que encendió las alarmas fue el ataque contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, en el exclusivo sector Serrallés, del Distrito Nacional.
La víctima recibió diez heridas de arma blanca durante un intento de asalto. El presunto responsable, identificado como Johnny González, de 41 años, fue posteriormente capturado por la Policía Nacional en la calle 42 del sector Capotillo.
Las autoridades informaron que González posee varios antecedentes por robos, asaltos y narcotráfico. Durante el arresto fueron ocupados un cuchillo, las prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la agresión y una motocicleta con dos placas.
El hecho llamó especialmente la atención porque se produjo en una zona residencial y comercial de la capital considerada de alta vigilancia, demostrando que la delincuencia puede alcanzar sectores donde tradicionalmente existe una mayor presencia de seguridad privada.
Cuando todavía el país comentaba ese caso, se produjo el violento ataque contra el cantante Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.
Crimen en la residencia de Julián Oro Duro
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, dos hombres habrían penetrado a la residencia de la pareja, situada en Brisa Oriental VI, próximo a la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este.
Castillo fue encontrada muerta dentro de la vivienda, con golpes, un trauma craneofacial y una herida cortopenetrante en el lado izquierdo del cuello.
Julián Oro Duro, cuyo nombre de pila es Gilberto Julián Sarante Perdomo, regresó a su residencia alrededor de la 1:00 de la madrugada y, según declaró a los investigadores, fue sorprendido por dos individuos que lo golpearon y lo despojaron de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular.
El artista fue ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud con múltiples fracturas craneofaciales y una hemorragia subaracnoidea frontal izquierda. El centro médico informó que fue recibido consciente, alerta, orientado y con sus signos vitales estables.
Los abogados de la familia han afirmado que los atacantes habrían ingresado a la vivienda alrededor de las 5:00 de la tarde y permanecido allí durante varias horas, esperando el regreso del merenguero. También han señalado que la esposa del artista pudo haber sido sometida a crueles agresiones antes de morir.
Esas versiones, así como la afirmación de que al menos uno de los atacantes habría utilizado una vestimenta similar a la de la Dirección Nacional de Control de Drogas, no habían sido confirmadas oficialmente y forman parte de los elementos que deben esclarecer las autoridades.
La Policía trata de determinar la hora exacta en que los responsables entraron a la vivienda, cuánto tiempo permanecieron dentro, la forma en que lograron acceder y el momento preciso en que ocurrió la muerte.
También permanece abierta la investigación sobre el móvil. Aunque los agresores se llevaron dinero, prendas y un teléfono celular, los representantes legales de la familia consideran que no debe descartarse la participación de terceras personas o una motivación distinta al robo.
Investigadores de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Policía Científica realizaron levantamientos en la escena, entrevistaron a posibles testigos y comenzaron a revisar grabaciones de cámaras de seguridad.
Abinader lanza advertencia desde Nueva York
La gravedad del acontecimiento provocó la reacción del presidente Luis Abinader, quien desde Nueva York exhortó a los responsables a entregarse.
“Que se entreguen. Que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor”, declaró el mandatario.
Abinader calificó a los responsables como delincuentes sin respeto por la vida humana, expresó sus condolencias a los familiares de Zeneida Socorro Castillo y manifestó su esperanza de que Julián Oro Duro pueda recuperarse.
La advertencia presidencial fue interpretada como una señal de la presión que ha generado el caso, pero también coincidió con el debate sobre el elevado número de personas abatidas en operativos policiales.
Cifras oficiales frente a percepción ciudadana
El Ministerio de Interior y Policía ha defendido los resultados de la estrategia de seguridad ciudadana, al asegurar que la tasa acumulada de homicidios se encuentra en uno de sus niveles más bajos y que la mayoría de las provincias registra indicadores de un solo dígito.
La ministra Faride Raful ha informado que una parte mayoritaria de los homicidios no se produce durante robos o atracos, sino como consecuencia de conflictos sociales, riñas, problemas de convivencia, violencia intrafamiliar y otras disputas personales.
Los informes oficiales también sostienen que la tasa de homicidios ha disminuido de manera progresiva en comparación con años anteriores. Sin embargo, las propias autoridades reportaron 111 homicidios durante agosto y un acumulado de 887 muertes de esa naturaleza en el período contabilizado por el Gobierno.
La diferencia entre las estadísticas y la percepción pública responde, en parte, al fuerte impacto causado por determinados acontecimientos. Un ataque con diez puñaladas en un sector residencial, una pareja sometida durante horas dentro de su vivienda y una secuencia de muertes en operaciones policiales generan una sensación de vulnerabilidad que las cifras generales no logran disipar.
También influye la difusión constante de imágenes, videos y testimonios en las redes sociales, donde cada hecho violento alcanza rápidamente una dimensión nacional, aunque haya ocurrido en una comunidad específica.
Los casos de Serrallés y Brisa Oriental muestran que la seguridad ciudadana no depende exclusivamente de presentar una reducción porcentual de los homicidios. Requiere prevención, patrullaje efectivo, iluminación, investigación criminal, control de armas ilegales, vigilancia sobre el comportamiento policial y respuestas judiciales capaces de disminuir la impunidad.
Mientras las autoridades destacan la reducción estadística de varios indicadores, una parte de la población continúa modificando sus horarios, evitando determinados lugares y reforzando la seguridad de sus viviendas por temor a convertirse en víctima de la delincuencia.
Esa distancia entre las cifras oficiales y la experiencia cotidiana constituye uno de los principales desafíos del Gobierno: no basta con reducir los delitos en los registros institucionales; también es necesario que los ciudadanos puedan percibir esa mejoría y recuperar la confianza para transitar, trabajar y permanecer en sus hogares sin miedo.