Olmedo León cuestiona inicio de autopista del Ámbar y reclama divulgar estudio ambiental
Santiago, República Dominicana, 12 de noviembre de 2026.— El ambientalista Olmedo León cuestionó el anuncio del primer picazo para la construcción de la autopista del Ámbar, previsto para mediados de noviembre, y afirmó que iniciar la obra sin completar el proceso de evaluación ambiental y participación comunitaria constituye una violación de las leyes y de los derechos ciudadanos.
León sostuvo que los estudios de impacto ambiental no han sido puestos a disposición de la sociedad y denunció que tampoco se ha cumplido con las consultas que, según explicó, deben realizarse con las comunidades que recibirán directamente los efectos del proyecto.
Su cuestionamiento se centra en el procedimiento seguido por las autoridades. Precisó que, al desconocer el estudio ambiental y los detalles de la propuesta, no puede emitir una posición definitiva sobre la viabilidad de la carretera.
“No existe, no se conoce el estudio de impacto ambiental, no puedo oponerme, pero tampoco puedo aprobarlo”, expresó.
El ambientalista recordó que el presidente Luis Abinader anunció su intención de construir la vía en 2020, cuando, según señaló, todavía no existía un proyecto elaborado. Agregó que en 2022 el propio mandatario reconoció que el diseño estaba pendiente y que aún no se había definido el trazado.
“Ahora el proyecto lo han elaborado, pero los estudios ambientales no se han mostrado”, manifestó León, quien insistió en que la ciudadanía debe conocer los impactos previstos y las medidas que se adoptarían para mitigarlos.
Explicó que el procedimiento contempla una primera vista pública para presentar el proyecto y una segunda para discutir el estudio de impacto ambiental. Según su exposición, ese documento debe estar disponible para consulta pública por lo menos diez días antes de la segunda audiencia.
Añadió que las consultas deben involucrar a las comunidades directamente afectadas, de manera que sus habitantes puedan examinar la propuesta, formular observaciones y expresar su posición con información suficiente.
León criticó una actividad celebrada en Santiago con funcionarios y empresarios, al considerar que no sustituyó la participación de las comunidades. A su juicio, el respaldo expresado en ese encuentro no equivale al cumplimiento de las consultas necesarias.
“Pero son las comunidades que tienen que darle el visto bueno porque si no es una imposición”, afirmó.
También atribuyó a la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, una declaración durante ese encuentro en el sentido de que la obra se ejecutaría de todas maneras. Para el ambientalista, esa postura evidencia una decisión adoptada sin agotar previamente la discusión pública.
León aseguró que en la primera presentación se había indicado que el estudio ambiental sería divulgado posteriormente. Sin embargo, denunció que comenzaron trabajos sin que ese documento fuera sometido al conocimiento de la ciudadanía y de las instituciones interesadas.
El ambientalista cuestionó, además, la presentación del proyecto como una conexión más cercana entre Santiago y Puerto Plata. Sostuvo que el punto de partida fue trasladado hacia Tamboril y que al tiempo anunciado para recorrer la autopista habría que agregar el desplazamiento desde Santiago hasta ese municipio.
Según su planteamiento, ese traslado representa unos veinte minutos adicionales. También opinó que el trazado busca facilitar principalmente el acceso al desarrollo turístico de Punta Bergantín desde Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca y Santo Domingo.
Estas valoraciones forman parte de sus objeciones al proyecto y de su reclamo de mayor transparencia sobre el recorrido, los beneficios y las consecuencias de la obra.
León reiteró que su rechazo al inicio de los trabajos responde a lo que considera un incumplimiento del debido proceso. Insistió en que conocer el estudio ambiental es indispensable para evaluar la carretera y determinar si las medidas propuestas protegen adecuadamente a las comunidades y los recursos naturales.
A principios de noviembre, el movimiento Unidos Somos Más, integrado por sacerdotes y comunitarios de Santiago y Puerto Plata, también pidió detener la construcción. La organización alegó que el proyecto no contaba con la licencia ambiental requerida y cuestionó la realización del estudio de impacto ambiental.