ONU exige liberar a cuatro militares salvadoreños mientras las pandillas desafían a la fuerza internacional en Haití
Puerto Príncipe, 20 de octubre.– La desaparición de cuatro militares salvadoreños después de una emboscada contra su vehículo blindado en las afueras de Puerto Príncipe ha abierto un nuevo frente de preocupación en la crisis de seguridad haitiana. Naciones Unidas reclamó su liberación inmediata y segura, mientras continúan las operaciones para localizarlos en una zona donde las pandillas mantienen una importante capacidad de fuego.
Aunque las primeras informaciones periodísticas mencionaron cinco desaparecidos, los reportes posteriores de las autoridades salvadoreñas y las agencias internacionales identifican a cuatro técnicos de aviación. Los efectivos forman parte del contingente que apoya a la Fuerza de Supresión de Pandillas, desplegada para respaldar a la Policía Nacional de Haití.
El ataque ocurrió el domingo 18 de octubre en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al noreste de la capital. Según la reconstrucción difundida por las autoridades, los militares regresaban a su campamento cuando hombres armados atacaron el blindado con disparos y explosivos, provocando un incendio. Los cuatro lograron abandonar el vehículo, pero posteriormente se perdió contacto con ellos.
Los helicópteros enviados en su auxilio también recibieron disparos. La intensidad de los enfrentamientos y las condiciones del terreno han dificultado los intentos de aproximación, tanto por tierra como por aire. El portavoz de la fuerza internacional, Igor Rugwiza, confirmó a Reuters que las tareas de búsqueda continuaban en medio de los combates.
El diario haitiano Le Nouvelliste, que consultó a dos fuentes gubernamentales, informó que los militares estaban desaparecidos en la llanura de Cul-de-Sac. Una de esas fuentes atribuyó su captura a integrantes de la pandilla Chèn Méchan. Sin embargo, esa atribución no equivale a una identificación oficial y definitiva de los responsables.
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, condenó el ataque y exigió que los militares sean liberados de inmediato y en condiciones de seguridad. Los reportes consultados no recogen un plazo concreto ni un ultimátum acompañado de condiciones: el pronunciamiento constituye una exigencia de liberación.
La incertidumbre sobre su situación continúa. El periódico haitiano también señaló que el comunicado inicial de la fuerza internacional confirmó la agresión contra un vehículo de su personal, pero no detalló entonces la desaparición de sus ocupantes.
En el Consejo de Seguridad, el embajador estadounidense Mike Waltz afirmó que Washington consideraba que los cuatro habían sobrevivido al ataque. Esa valoración, sin embargo, no constituye una confirmación pública de su estado de salud ni de su ubicación.
La emboscada se produce en un entorno de homicidios, secuestros, extorsiones, violencia sexual y reclutamiento de menores. En una intervención ante el Consejo de Seguridad, la representación de Letonia advirtió que las operaciones y el aumento del despliegue internacional todavía no se traducen en mejoras suficientes para la población, mientras persisten las represalias de los grupos armados.
Las cifras reflejan la dimensión de la emergencia. Según datos de Naciones Unidas recogidos por Associated Press, más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas entre enero y mediados de septiembre, y otras 230 fueron secuestradas. El desplazamiento interno se aproxima a 1.5 millones de personas, un récord para el país.
Otro balance, publicado por Le Nouvelliste a partir del informe presentado al Consejo de Seguridad el 19 de octubre, contabiliza 1,123 muertos y 440 heridos entre julio y principios de octubre. Ambos registros cubren períodos diferentes y no deben sumarse, pero muestran la persistencia de la violencia.
La inseguridad tampoco se limita a Puerto Príncipe. El medio haitiano Gazette Haïti informó de una nueva ofensiva de hombres fuertemente armados de la pandilla Gran Grif contra el centro de Petite-Rivière de l’Artibonite durante la madrugada del lunes 19 de octubre. El episodio amplía la presión sobre comunidades que ya viven bajo amenaza.
En contraste, la Policía Nacional inauguró el 14 de octubre un nuevo puesto en Delmas 19, denominado «Antenne 19», como parte de sus esfuerzos por reforzar la presencia institucional. La apertura, reseñada por Le Nouvelliste, muestra que las autoridades intentan recuperar espacios mientras enfrentan ataques en otros puntos del territorio.
La desaparición de los salvadoreños evidencia las dificultades para garantizar incluso los desplazamientos del personal internacional. Mientras prosigue la búsqueda, el principal interrogante sigue siendo dónde se encuentran los cuatro militares y en qué condiciones, en una capital cuya población continúa expuesta a la capacidad de intimidación de las pandillas.