Operación Cobra 2.0-A deja 28 detenidos y 37 allanamientos por fraude millonario contra SeNaSa
Ministerio Público investiga a exempleados, médicos y otros prestadores de servicios por presunta corrupción, estafa, falsificación y lavado de activos
Santo Domingo, 18 sept.— El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A y arrestó a 28 personas como parte de una investigación contra una presunta estructura integrada por exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otros implicados que habrían defraudado a la administradora pública con miles de millones de pesos.
Durante la operación, los equipos de fiscales realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez —incluido el municipio de Cotuí— y La Vega.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, explicó que la nueva fase procura procesar a los miembros del entramado que supuestamente utilizó diferentes mecanismos fraudulentos para sustraer fondos públicos destinados a la atención de los afiliados de SeNaSa.
Camacho reafirmó la posición de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, de mantener una actuación firme contra la corrupción administrativa y la criminalidad organizada.
Amplio despliegue de fiscales y policías
En la Operación Cobra 2.0-A participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) también intervino en las labores investigativas, bajo la dirección del Ministerio Público.
Las autoridades ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego durante los allanamientos. Esas evidencias serán incorporadas a las investigaciones para establecer su procedencia y posible relación con las actividades ilícitas atribuidas a la estructura.
Uno de los propósitos de la operación es procesar a médicos que, según el órgano acusador, además de incurrir en violaciones al Código Penal, pusieron en riesgo los servicios sanitarios dirigidos a sectores vulnerables.
El Ministerio Público sostuvo que las actuaciones atribuidas a esos profesionales también perjudicaron a médicos y prestadores que cumplen sus responsabilidades conforme a la ética profesional y las leyes vigentes.
Los trabajos están encabezados por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, junto con integrantes de otras unidades del Ministerio Público.
Primera fase de la Operación Cobra
La primera etapa de la Operación Cobra condujo al arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, señalado por el Ministerio Público como el principal responsable del entramado de corrupción.
En ese expediente también figuran Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional volvió a ratificar los 18 meses de prisión preventiva impuestos a Hazim Albainy y a los demás imputados recluidos.
Ada Ledesma Ubiera cumple arresto domiciliario después de que el tribunal modificara su medida de coerción el 16 de julio por razones de salud.
El proceso penal también involucra a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella. En diciembre pasado, a los tres les fueron impuestas medidas consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Ángel Luis Guzmán Vásquez también es procesado por el caso. El 30 de julio, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó los 18 meses de prisión preventiva que le habían sido impuestos en mayo.
Fraude en perjuicio de los afiliados
Después de desmantelar la estructura inicial mediante la Operación Cobra, el Ministerio Público comenzó la judicialización del expediente con el propósito de obtener sanciones penales y recuperar, mediante decomiso, los recursos presuntamente sustraídos al patrimonio público.
El órgano acusador sostiene que las acciones de los imputados perjudicaron directamente a los afiliados de SeNaSa al desviar miles de millones de pesos pertenecientes a la administradora de riesgos de salud estatal.
Al grupo se le atribuyen delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, utilización de documentos falsos y lavado de activos.
Durante la investigación, el Ministerio Público afirma haber obtenido evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y creación de programas especiales sin sustento jurídico, utilizados para distraer recursos mediante operaciones fraudulentas.
Según la acusación, se trató de un esquema de corrupción sistemático instalado desde la Dirección Ejecutiva de SeNaSa, en coalición con funcionarios de la ARS pública y con la participación de prestadores de servicios de salud asociados para defraudar al Estado.
Operación Onco14, otra línea investigativa
Como parte de las líneas derivadas de la investigación, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas acusadas de integrar una estructura que habría utilizado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para obtener beneficios ilícitos.
Las maniobras atribuidas al grupo afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al propio Seguro Nacional de Salud.
Por este expediente fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También fue detenida Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, de quien se divorció en 2014. La imputada ocupó la Vicepresidencia y, simultáneamente, ejerció como auditora interna y externa del patronato encargado de administrar el centro oncológico durante la presidencia del principal acusado.
Los tres fueron sometidos ante la justicia en el Distrito Judicial de Santiago. El proceso fue declarado complejo y el tribunal envió a prisión a Lora Cruceta y a Guzmán, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
Entidades comerciales bajo investigación
El Ministerio Público también vinculó al expediente a las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Las autoridades sostienen que los imputados y esas entidades sustrajeron recursos mediante distintos mecanismos fraudulentos ejecutados desde las instituciones bajo su control.
La investigación abarca posibles fraudes clínicos y farmacéuticos realizados mediante el cambio de indicaciones médicas, utilización de sellos falsificados de profesionales de la salud, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos a los pacientes.
También se investigan la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la comercialización de fármacos donados, el contrabando amparado en exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
Cirugías estéticas y cobros fraudulentos
Entre las irregularidades documentadas por el órgano investigador figura el supuesto uso de habitaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao para realizar cirugías estéticas.
El expediente incluye, además, gastos de representación considerados ilegítimos, reembolsos fraudulentos por viajes y hospedajes, sabotaje digital, robo de archivos y operaciones de lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, los procesados sobornaron a empresas distribuidoras de medicamentos y crearon la Fundación Tócate para desviar recursos y cobrar a SeNaSa por servicios y medicinas que no fueron suministrados a los pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro mecanismo utilizado para distraer los fondos del patronato habría sido la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que trabaja en esta clase de entidades sin fines de lucro.